La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 13 de marzo de 2026, desde Manzanillo, Colima, que el denominado Plan B de la reforma electoral busca recortar privilegios en los congresos estatales, el Senado de la República y los ayuntamientos del país, y que los recursos liberados por esos recortes permanecerían en los estados y municipios para financiar obra pública. La propuesta se encuentra en proceso de elaboración en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y será enviada al Congreso de la Unión la semana siguiente a esa fecha.
Sheinbaum Pardo destacó que la iniciativa apunta, entre otros objetivos, a reducir los salarios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los presupuestos que calificó como desproporcionados en organismos financiados con recursos públicos. “No estamos de acuerdo con los grandes salarios de los consejeros del INE”, señaló la mandataria nacional durante su conferencia mañanera. La titular del Ejecutivo Federal también cuestionó el gasto de los congresos locales y del Senado de la República: “No estamos de acuerdo con que congresos estatales tengan presupuestos tan desproporcionados o que el Senado de la República tenga un presupuesto tan alto cuando hay tantas necesidades en el País”, agregó.
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Como ejemplo de las disparidades que justificarían la reforma, Sheinbaum Pardo señaló que Baja California gasta 38 millones de pesos al año por diputado local, mientras Colima destina 5 millones de pesos anuales por el mismo concepto. La presidenta de la República precisó que los recursos que se liberarían no serían absorbidos por la Federación, sino que quedarían en los propios municipios y estados para destinarse a infraestructura básica como agua potable, drenaje y pavimentación. “Que se quede ahí, pero no para pagar regidores, asesores de los regidores, beneficios y bonos para los regidores, sino para la obra pública del Municipio”, afirmó.
En paralelo, 24 mandatarios estatales de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), incluido el gobernador pevemista de San Luis Potosí, emitieron un pronunciamiento conjunto de respaldo a la iniciativa de Sheinbaum Pardo. En el documento, los gobernadores sostuvieron que el sistema electoral mexicano fue capturado durante décadas por “inercias administrativas costosas y estructuras alejadas de la ciudadanía”, y calificaron el momento actual como una oportunidad histórica para modernizarlo. “La democracia se fortalece cuando las instituciones evolucionan, cuando se transparenta el uso de los recursos y cuando se garantiza que la voluntad popular siga siendo el eje rector de la vida pública del país”, afirmaron en el pronunciamiento.
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Los gobernadores describieron el Plan B como una iniciativa que persigue optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales, eliminar gastos innecesarios y reafirmar que la democracia mexicana debe servir al interés público. La mandataria nacional, por su parte, enmarcó la propuesta en el principio que denominó “austeridad republicana”: “Vamos a seguir trabajando para disminuir los privilegios y esencialmente el principio juarista de la austeridad republicana: que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, expresó.
La SEGOB tiene a su cargo la redacción final del texto legislativo. Una vez concluido ese proceso, el Gobierno Federal lo presentará formalmente ante el Congreso de la Unión para iniciar su proceso de discusión y, eventualmente, su aprobación.
