La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el 4 de marzo de 2026 ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, un proyecto que contempla modificaciones a 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que llegó al recinto de San Lázaro en un momento de desacuerdo entre Morena y sus socios legislativos del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El documento fue remitido mediante el oficio número 100-060 de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), firmado por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de esa dependencia, y recibido a las 14:33 horas por Kenia López Rabadán, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. López Rabadán confirmó que la recepción del documento dio inicio formal al proceso legislativo, el cual se anunciaría en la sesión en curso, para después turnarse a comisiones y, en los próximos días, llegar al Pleno para su discusión y votación. “Es una iniciativa que claramente ha ocupado la conversación pública, por tanto para máxima publicidad, en este momento instruyo al área de Servicios Parlamentarios para que podamos subirla a la Gaceta inmediatamente y todos los ciudadanos puedan conocer esta propuesta”, señaló la legisladora panista.
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La propuesta, elaborada tras un proceso de consulta pública que incluyó 63 audiencias realizadas entre el 17 de septiembre y el 10 de diciembre de 2025 en todo el país y en el extranjero, con la participación de más de 900 personas ponentes, plantea una reestructuración del sistema electoral mexicano bajo principios de austeridad republicana, participación ciudadana y control del financiamiento ilícito. Destaca la reducción del Senado de la República de 128 a 96 senadurías, manteniendo la integración de la Cámara de Diputados en 500 integrantes, aunque los 200 escaños de representación proporcional serían elegidos también mediante el voto popular directo, con 100 asignados a quienes no obtuvieron el triunfo en su distrito pero obtuvieron los mejores porcentajes de votación dentro de su partido, y otros 100 mediante votación directa en cinco circunscripciones regionales, incluyendo diputaciones para mexicanos residentes en el extranjero.
En materia de financiamiento, la iniciativa reduce la fórmula de cálculo del financiamiento ordinario de los partidos políticos del 65 por ciento al 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Asimismo, se reduciría de 48 a 35 minutos diarios el tiempo a disposición del Instituto Nacional Electoral (INE) en radio y televisión para fines electorales. La reforma establece también un tope salarial para funcionarios del INE, de los organismos públicos locales electorales (OPLES) y de los tribunales electorales, los cuales no podrían percibir remuneraciones superiores a las de la titular de la Presidencia de la República, medida que entraría en vigor a partir del ejercicio fiscal 2027.
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La propuesta introduce mecanismos para el control del financiamiento ilícito que obligan a partidos, precandidaturas y candidaturas a reportar cotidianamente sus operaciones financieras al INE a través del sistema financiero nacional, a partir del 1 de septiembre de 2026, e incluye una prohibición expresa de recibir recursos provenientes de gobiernos, fondos o personas extranjeras. Todo contenido electoral modificado mediante inteligencia artificial (IA) u otra tecnología deberá estar etiquetado por su emisor, y las concesionarias de radio, televisión y plataformas digitales serán responsables de identificar y evitar la difusión de material no etiquetado. Los cómputos distritales iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los Consejos Distritales, tanto en elecciones federales como locales.
Previo a la presentación formal de la iniciativa, la mandataria nacional sostuvo reuniones en Palacio Nacional durante el lunes y martes con los coordinadores morenistas en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados e Ignacio Mier Velazco en el Senado de la República, para ultimar los detalles del proyecto. En esos encuentros también estuvieron presentes Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y otros legisladores de Morena.
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La llegada de la iniciativa a San Lázaro estuvo marcada por la resistencia del PT y el PVEM, cuyos principales señalamientos apuntan al recorte presupuestal a los partidos políticos y a la modificación del método de selección para los espacios plurinominales. Sheinbaum Pardo aclaró en su conferencia mañanera del 4 de marzo de 2026 que el Programa de Resultados Preliminares (PREP) no sería eliminado, contrariamente a lo que se había señalado días antes. “Los cómputos distritales inician el mismo día conforme vayan llegando. Actualmente, la elección es el domingo y el cómputo distrital empieza el miércoles. La idea es que, en el momento que vaya llegando el cómputo distrital, vaya empezándose a contar, que no se esperen dos días, consideramos que no es necesario”, explicó la presidenta de la República. Agregó que el PREP se deriva de la ley ordinaria y que la reforma constitucional no lo toca directamente.
Ante la posibilidad de que la reforma no alcance la mayoría calificada necesaria para su aprobación, Sheinbaum Pardo admitió la existencia de un “Plan B”. El senador morenista Ignacio Mier Velazco confirmó que dicho plan implicaría también reformas constitucionales. “Hay que esperar. Es un Plan B y seguramente tienen que ser reformas constitucionales”, precisó. Mier Velazco aseguró que una eventual negativa de los aliados no fracturará la coalición. “Una diferencia no rompe una coalición que le ha dado mucho beneficio a México”, sostuvo.
Por su parte, Ricardo Monreal Ávila pidió a sus compañeros de bancada en la Cámara de Diputados actuar con prudencia frente a los socios del PT y el PVEM. “Tenemos que actuar con mesura y con moderación con los aliados, no conviene confrontarnos con quienes nos han acompañado en la mayoría de los actos legislativos y político-electorales en la última década”, expresó durante la presentación de su libro en Ciudad de México el 4 de marzo de 2026. El coordinador morenista consideró que los desacuerdos actuales son coyunturales y no deben poner en riesgo la coalición electoral con el PT y el PVEM.
El decreto, según sus artículos transitorios, entraría en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas tendrían hasta el 15 de mayo de 2026 para realizar las adecuaciones legales correspondientes, en tanto que el INE deberá expedir en el mismo plazo los acuerdos y lineamientos normativos necesarios. La reforma se inscribe como el cumplimiento de uno de los 100 compromisos asumidos por Sheinbaum Pardo al asumir la presidencia de la República y que había quedado pendiente del denominado Plan C impulsado durante la administración anterior.
