La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 17 de marzo de 2026, en su conferencia mañanera, que ese mismo día enviaría al Senado de la República la segunda etapa de la reforma electoral, denominada Plan B, la cual incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
La mandataria nacional reiteró su postura respecto al financiamiento de los organismos electorales y los partidos políticos. “Seguiré insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que no se deben destinar tantos recursos a los partidos políticos”, señaló Sheinbaum Pardo durante la conferencia.
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Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), detalló en la misma conferencia el contenido de la iniciativa. Según Rodríguez Velázquez, el Plan B se centra en la reducción de privilegios en dos niveles de gobierno: municipios y Congresos locales.
En el ámbito municipal, la propuesta contempla la reducción del número de regidurías, que quedarían en un mínimo de siete y un máximo de quince, y establece que cada municipio contaría únicamente con una sindicatura. En cuanto a los poderes legislativos locales, la iniciativa fija un tope presupuestal equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. Los recursos generados por los ahorros derivados de ambas medidas serían destinados a obras de infraestructura pública en los propios municipios y estados.
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La titular de la SEGOB indicó asimismo que el Plan B incorpora disposiciones en materia de Revocación de Mandato, definida como el derecho de la ciudadanía para decidir si quien ocupa la Presidencia de la República debe continuar en el cargo. Según la propuesta, dicho proceso se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, lo que situaría su posible celebración en 2027 o 2028, dependiendo del año en que se solicite.
