La jueza Griselda Rábago Lara vinculó a proceso a Raúl Melo Cabañas, representante legal de la empresa Comercializadora Edifícate S.A. de C.V., conocida como Grupo Melo, y a Rocío Llarena Páez, perito de la construcción del fraccionamiento Valle del Pedregal, por presuntamente haber cometido daño en propiedad ajena culposo en el deslizamiento de tierra de Lomas del Rubí, Tijuana. (Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP)
Melo Cabañas y Rocío Llarena enfrentarán su proceso judicial en libertad, toda vez que la juzgadora consideró que no hay riesgo de que se den a la fuga y no impuso ninguna medida cautelar. Asimismo, otorgó a la Fiscalía General del Estado seis meses para la investigación complementaria.
Publicidad
“Obviamente está el temor por parte de los afectados de que se den a la fuga”, señaló Atalia Ramos, una de las afectadas del deslizamiento que provocó el colapso de 125 viviendas en Lomas del Rubí, en febrero de 2018.
En entrevista con Ezenario, Atalia consideró que es “mucho” tiempo el plazo concedido a la FGE para la investigación complementaria y relató: “el día de la vinculación a proceso, llegó llorando mi mamá y me dijo: ‘qué justicia, Atalia. ¿Qué hay de los que ya no están y qué hay de los que están enfermos?’, obviamente ella lo decía por mi papá”, que fue diagnosticado con cáncer al año de que perdiera su patrimonio.
En ese sentido, Atalia expresó la disposición de los afectados de llegar a un acuerdo reparatorio, porque “cualquier proceso jurídico es muy tardado”, aunado a que tan sólo la judicialización de la carpeta de investigación llevó ocho años.
Publicidad
Conforme avalúos a las 125 viviendas afectadas (hechos por los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros) el monto global del acuerdo reparatorio sería de alrededor de 100 millones de pesos. No obstante, hasta el mediodía del 4 de marzo ninguno de los imputados se había acercado a la FGE ni a los afectados, aseguró.
Después de ocho años de la tragedia que la dejó sin su vivienda, Atalia junto con cerca de 30 afectados no han recibido ayuda debido a que eran posesionarios de una casa dentro de uno de los predios afectados, cuyos dueños fueron reubicados en Lomas de la Esperanza.
Publicidad
Por separado, Mariana Morales, representante de las víctimas, precisó a ZETA que la audiencia inicial y de vinculación a proceso de llevó a cabo el 25 y 26 de febrero de 2026, con base en la carpeta de investigación con el Número Único de Caso (NUC) 04-2018-06686 en la que obran 125 denuncias de las familias afectadas.
Detalló que la FGE presentó diversos dictámenes y opiniones técnicos, así como informes de Protección Civil y otras autoridades municipales que integran la carpeta, para lograr la vinculación a proceso contra el representante de la constructora y el perito del fraccionamiento Valle del Pedregal.
Consideró como un “respiro” la decisión del juez de vincular a proceso a los imputados. “Este momento lo hemos estados esperando por días, horas, años, donde hemos alzado la voz por nuestros víctimas directas e indirectas que son niños, niñas, adultos mayores, mujeres, hombres”, dijo Mariana Morales, quien precisó que los afectados suman 600 personas con base en el censo hecho en 2018.
Hay familias que están enfrentando enfermedades por el duelo de la pérdida de su patrimonio de más de 30 años, por lo que los afectados seguirán luchando por obtener justicia. “Cambió nuestra vida de la noche a la mañana a consecuencia del daño causado con dolo por Grupo Melo al realizar sus cortes del talud a las faldas de la ladera que sostenía la colonia, casas con familias en Lomas del Rubí”.
Ambas afectadas compartieron que en la zona del deslizamiento que sigue activo y está considerada como “zona de riesgo” habitan 120 familias. Es una zona que se ha convertido en un “foco rojo” de delincuencia porque está abandonado, en un basurero clandestino. “Entonces, tenemos 120 familias que están lidiando y viviendo con esa situación ahorita ahí en la zona”, reiteró.
“Todas estas cuestiones son políticas, cosa que es muy preocupante, porque quienes los llevan la justicia ya está también hablando de cuestión política, pues ya habían politizado todo el asunto, ya no nada más son las dependencias, sino ahora pues los ciudadanos también. Entonces, este realmente pues con las administraciones distintas hasta ahorita se puede judicializar”
ZETA solicitó un pronunciamiento a Grupo Melo, sin que fuera atendida la solicitud al cierre de edición.
