El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que, tras inspecciones que llevó a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Central de Combustión Interna (CCI) y la Central Termoeléctrica de Punta Prieta fueron multadas por diversas irregularidades.
De acuerdo con los resultados de dicha inspección, las dos plantas de energía (que se encuentran en la ciudad de La Paz) no acreditaron cumplir con los límites máximos de emisiones contaminantes que establecen las normas de salud y ambientales.
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La PROFEPA confirmó que las dos centrales presentan la falta de registros sobre su operación, omisiones en los reportes de emisiones contaminantes y la ausencia de información que permita verificar si cumplen con los límites de contaminación establecidos por la normativa ambiental.
“En la CCI de La Paz, se identificaron además faltas en los registros de consumo de combustibles y en el seguimiento al funcionamiento y mantenimiento de los equipos para controlar emisiones. En la Central Termoeléctrica de Punta Prieta, la autoridad encontró omisiones similares, incluyendo la falta de reportes y registros sobre la operación de los sistemas destinados a reducir la contaminación”, explicó CEMDA.
Con base en estos fundamentos, la PROFEPA impuso multas por 678 mil 840 pesos a la Central Termoeléctrica de Punta Prieta y de 610 mil 956 pesos a la CCI.
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Las multas no reparan el daño
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A pesar de que las multas superan el medio millón de pesos, activistas y especialistas en defensa ambiental recalcaron que no basta con una sanción económica para reparar las afectaciones a la cuenca de La Paz, tampoco para garantizar que se reduzcan las emisiones de contaminantes en la Capital.
Y es que la ciudad de La Paz carga con las emisiones tóxicas para generar casi el 100 por ciento de la energía que se utiliza en toda la entidad.
Sobre esta situación, el director de la Oficina Regional Noroeste de CEMDA, Mario Sánchez Castro, recalcó que la legislación ambiental es clara en estos casos, ya que cuando se detectan irregularidades, la autoridad debe ordenar medidas correctivas para garantizar que las instalaciones cumplan con los límites de contaminación y protejan la salud de las personas.
“La ciudad de La Paz es el principal centro energético de Baja California Sur: gran parte de la electricidad del estado se produce en centrales eléctricas ubicadas en la ciudad, las cuales queman combustibles fósiles y emiten contaminantes, afectando la calidad del aire que respira la población, además de generar impactos negativos en la salud y el medio ambiente”, reiteró.
Además, para que PROFEPA procediera con esta inspección, fue necesario que CEMDA interpusiera un juicio de amparo para que una jueza de distrito ordenara que el caso se reabriera.
En 2023, se presentó una denuncia popular por las estelas de contaminación que se observa en las chimeneas de la CCI y la Central Termoeléctrica. Sin embargo, PROFEPA buscaba dar carpetazo al caso sin proceder con las investigaciones.
Gracias a esta intervención, se logró que la dependencia federal actuara y llevara a cabo las inspecciones correspondientes, que desembocaron en las multas y el reconocimiento de la problemática en las funciones de las dos plantas.
Guillermo Naranjo, abogado senior de la Oficina Noroeste de CEMDA, recalcó que las emisiones de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y de material particulado son las que más preocupan, ya que son las más dañinas para la salud.
Por ello, en las denuncias populares de 2023 señalaron que había indicios de que los sistemas de control de las dos centrales no estaban operando al 100 por ciento de su capacidad y que las licencias de funcionamiento permiten que se rebasen los niveles de contaminación establecidos en las normas oficiales.
Piden transición a energías limpias
Ante esta problemática, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de La Paz se manifestó para hacer un llamado al Gobierno de México para que, dentro de sus facultades, promueva ante la CFE y autoridades del sector energético las acciones necesarias para acelerar la transición hacia energías más limpias en Baja California Sur.
“La situación actual del sistema eléctrico continúa generando emisiones que afectan directamente a la población sudcaliforniana, por lo que resulta indispensable impulsar soluciones inmediatas que permitan reducir el impacto ambiental y garantizar condiciones adecuadas para la salud, el desarrollo económico y la sustentabilidad del Estado”, señalaron.
Asimismo, la Alianza por la Calidad del Aire, conformada por diversas asociaciones civiles, demandaron a las autoridades locales que las multas aplicadas a las dos centrales se acompañen con una estrategia integral, que promueva no sólo la adecuada operación de las plantas, sino que impulse esta transición hacia energías más limpias.
