Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil emitieron el 13 de marzo de 2026 un comunicado conjunto a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, en el que demandaron el cese inmediato de las hostilidades en Medio Oriente y expresaron su disposición para contribuir a una salida diplomática y negociada del conflicto.
En el documento, las tres naciones reiteraron que las diferencias entre Estados deben resolverse mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de solución pacífica de las controversias. Las administraciones de los tres países latinoamericanos consideraron “indispensable” que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un alto al fuego de manera inmediata, con el propósito de abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación.
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El comunicado conjunto representa la postura compartida de tres de las economías más grandes de América Latina ante una crisis bélica que ha generado condena internacional sostenida desde su escalada. México, Colombia y Brasil han mantenido una línea consistente de rechazo a la acción militar en la región, apoyando en distintos foros multilaterales las resoluciones que instan a las partes en conflicto a deponer las armas y retomar la vía diplomática.
En el texto, los tres gobiernos expresaron su “disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto”, fórmula que abre la posibilidad de que las tres naciones asuman un papel activo de mediación o facilitación en eventuales negociaciones.
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La declaración trilateral se inscribe en el marco de las posiciones que México, Colombia y Brasil han sostenido en organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde los tres gobiernos han promovido resoluciones humanitarias y acuerdos de alto al fuego. La iniciativa refuerza el alineamiento de las tres naciones en torno a una política exterior que privilegia el derecho internacional y la solución pacífica de controversias sobre la intervención armada.
