El exgobernador aprovecha desconocimiento sobre contrato que obligó a sus funcionarios a signar con Next Energy, para mentir u ofrecer verdades a medias
Las luces se le apagan al exgobernador Jaime Bonilla Valdez, quien, atrincherado en el Partido del Trabajo (PT), intenta mantener con diatriba, verdades a medias y mentiras, un discurso engañabobos sobre la construcción de la planta fotovoltaica que la empresa Next Energy pretendía construir en BC, con esquema plagado de irregularidades, comenzando por el hecho de no contar con permisos para el servicio de abastecimiento de energía eléctrica.
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Bonilla Valdez (inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante una sentencia de un juez, según el artículo 13 del CNPP) se plantó para enfrentar oficialmente su acusación en una audiencia de formulación de imputación, a la que le huyó en 13 ocasiones, donde se le acusa de abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones, entre otros.
En su conversación con la prensa, aseguró que el Poder Ejecutivo, encabezado por Marina Ávila Olmeda, había construido una narrativa errónea sobre el proyecto que comprometía al Estado a pagar más de 40 mil millones de pesos en un periodo de 30 años… Pero vamos por partes:
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Primero, el petista aseguró que su gobierno no iba a construir una planta fotovoltaica; que sólo pagaría por un servicio, y en tanto no se construyera, Next Energy buscaría vender el recurso eléctrico para abastecer el acueducto del Río Colorado.
¿Por qué asegura esto? Porque el contrato -más de mil páginas- firmado por su gobierno con la empresa, no dice propiamente que se construiría la planta por parte del Estado, pero sí reconoce que transferiría los costes de la misma, con una valoración de un despacho externo contratado por Next Energy.
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Es decir, el gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo para que un despacho llamado Valorum Capital, cuyo directivo es Juan Luis Flores Flores, llevara a cabo valoraciones para referir el avance de la construcción de la planta, y en función de ello, comprometer los pagos del Estado. El último corte de Valorum Capital refería que la planta llevaba un avance del 12 por ciento.
Aparte, la empresa que contrató Next Energy para ejecutar la obra es Constructora Maiz Mier, propiedad de la familia Maiz de Monterrey, es decir, los mismos dueños. Esto no llevó un proceso de licitación; ellos decidieron cerrar el negocio a su núcleo familiar.
Bonilla comentó que en tanto no se construyera la planta, la empresa se vería obligada a abastecer de energía al acueducto. El contrato establece que el encargado de vender la energía, como distribuidor autorizado, sería la empresa Estrategia Energía Eléctrica, Comercializadora SAPI de C.V., identificada como E3, propiedad de la familia de José Maiz, el empresario regiomontano. Es decir, mientras la planta se construía, la empresa surtidora de energía era una filial de los mismos dueños.
El contrato establece que, al término del mismo, en 30 años, el Estado se quedaría con la planta, prácticamente el tiempo de vida útil de esta tecnología.
Bonilla comentó que la energía sería más barata con la planta, a diferencia del actual contrato del Ejecutivo, que paga casi siete veces más por la energía del acueducto. Lo que no dijo, es que ese sobreprecio se generó por los contratos incumplidos de su gobierno con empresas como SUMEX y Orca, mismas que eran cuestionadas por supuestos actos de corrupción, pero tenían contratos firmes en BC antes de su llegada al poder.
La lucha jurídica de Bonilla y su equipo podrá ser larga y seguramente encontrarán absolución en alguna instancia superior, pero no se nos debe olvidar que el interés era tan grande en su gobierno, que la entonces alcaldesa, Guadalupe Mora, presionó a su gabinete para intentar sacar las firmas que otorgarían permisos municipales a la empresa, el mismo día que entregaba a su sucesora, Norma Bustamante.
Así el tamaño del compromiso que tenía Bonilla por sacar adelante un proyecto que hoy lo tiene en un proceso judicial.
