El Gobierno de los Estados Unidos estrecha su cerco contra los líderes criminales que operan en Baja California para el ala de la Mayiza, del Cártel de Sinaloa.
Un trío señalado en las Mesas de Seguridad, como criminales al servicio de ese cártel en la región Noroeste del País, está ya en la mira del Gobierno de los Estados Unidos: René Arzate García, la Rana, Alfonso Arzate García, el Aquiles, y Juan José Ponce Félix, el Ruso. Por cada uno, autoridades del vecino país ofrecen cinco millones de dólares.
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Los tres son señalados de dirigir las operaciones de tráfico y distribución de narcóticos, tanto en la localidad como hacia la Unión Americana.
El 27 de febrero, a cinco días de que fuese abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, el Mencho, el Departamento de Estado de Norteamérica anunció las acusaciones abiertas contra los hermanos Arzate por delitos vinculados a narcoterrorismo, tráfico de metanfetamina, fentanilo, cocaína, heroína y hasta marihuana.
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Pero los hermanos Arzate no son los únicos sujetos de interés para el vecino país. En septiembre del 2025, la misma institución gubernamental anunció una recompensa de cinco millones de dólares por información que lleve a la captura de Juan José Ponce Félix y/o Jesús Alexandro Sánchez Félix, conocido como el Ruso, también vinculado a la Mayiza.
La tercia de la Mayiza, con influencia en al menos seis de los siete municipios del Estado, vale hoy, para el Gobierno de Estados Unidos, 15 millones de dólares.
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LOS HERMANOS ARZATE
La historia criminal de los hermanos Alfonso y René Arzate García data de mediados de los 2000, cuando sus nombres comenzaron a figurar debajo de líderes del clan familiar de los Arellano Félix.
Alfonso, el mayor, nacido en 1973, y su hermano René, nacido 10 años después, incursionaron en la vida criminal desde muy jóvenes. Cobraron notoriedad en el Cártel de Sinaloa, cuando una célula del Cártel Arellano Félix (CAF), encabezada por Teodoro García Simental, se escindió de estos y se afilió a los sinaloenses, e inició una narco-guerra contra el entonces cabecilla del CAF, Fernando Sánchez Arellano, el Ingeniero.
Capturado en 2010 García Simental, varias células del Cártel de Sinaloa se conformaron; entre ellas, la de los hermanos Arzate. Estos iniciaron en el narcomenudeo, de ahí pasaron al trasiego de droga del Cártel de Sinaloa vía puertos marítimos y terrestres en Baja California, hasta colocarse del lado de la Mayiza, los herederos y representantes de Ismael “Mayo” Zambada García.
En aquel entonces -cuando no eran buscados por la justicia- establecieron su domicilio en la avenida Las Palmas número 5736, del fraccionamiento Burócratas Hipódromo, en Tijuana.
Los primeros roces del Aquiles con la justicia fueron como testigo de crímenes, pero a partir del 2011 comenzó a figurar ya en los expedientes judiciales locales y federales, al igual que su hermano. De hecho, René se vio involucrado como responsable en un presunto caso de homicidio en grado de tentativa en agravio de una mujer.
Alfonso Arzate García registra en el sistema dos órdenes de aprehensión por el delito de homicidio: una por el triple asesinato de Guberto Vargas González, José Rosario Carillo Núñez y Baltasar Mesa Torres, cometidos el 1 de abril de 2011 en el restaurante “Mi Gusto”, en la Delegación Otay; y la segunda por la muerte de Pablo Torres Gómez y Luis Alberto Villa, ocurrida el 2 de julio del mismo año en la calle Agustín Iturbide del fraccionamiento Presidentes, ambos en Tijuana.
A pesar que para la primera década del 2000 ya se mencionaban sus nombres en las Mesas de Seguridad, y sus fotografías eran colocadas como objetivos prioritarios, durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, el Aquiles y la Rana ascendieron rápidamente, y se mantuvieron en boga criminal durante los gobiernos federales de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, y el actual encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo. Lo mismo en Baja California, desde José Guadalupe Osuna Millán como gobernador, pasando por Francisco Vega de Lamadrid, y hasta los morenistas Jaime Bonilla Valdez y Marina Ávila Olmeda.
Según el Registro Público de la Propiedad y Comercio, René Arzate, la Rana, adquirió su primera vivienda en el fraccionamiento Misiones del Pedregal, en Mesa de Otay Tijuana, con clave catastral DB-104-027, en el año 2007, misma que vendió a los pocos años.
Mientras su hermano, el Aquiles, adquirió varias viviendas a lo largo de esos años, mediante esquemas de prescripción positiva, pero en el año 2015, en una disolución de sociedad conyugal, cedió sus dos propiedades en la colonia Nueva Tijuana, módulo IV, en la Mesa de Otay, con clave catastral OE-067-104 y OE-104-015, a su exesposa. Los movimientos se hicieron cuando el presunto líder criminal ya era buscado por la justicia y contaba con procesos judiciales locales y federales abiertos.
Durante la última etapa del gobierno de “Kiko” Vega y la nueva era morenista, los hermanos Arzate ampliaron sus operaciones, aunque desde el 2012 el Gobierno de los Estados Unidos empezó a mencionarlos en documentos oficiales y desclasificados como líderes de la agrupación delictiva que controlaba el trasiego de droga de Tijuana a California.
En septiembre del 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló al Aquiles y la Rana como líderes de un engranaje criminal en el que enrolaron a políticos y empresarios bajacalifornianos, donde destaca la diputada federal morenista y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, y los empresarios Candelario Arcega Aguirre, el Cande; y Jesús González Lomeli, quienes a través de sus empresas también se ligaron a políticos y empresarios del PAN y Morena.
Ese fue el primer gran cerco que se le puso a la agrupación de la Rana y el Aquiles, cuyas relaciones fueron desnudadas por el Gobierno de Donald Trump.
El segundo embate vino en febrero del 2026, cuando se presentaron las nuevas acusaciones en su contra, que, según los documentos obtenidos por ZETA, son las siguientes: Conducir una empresa criminal, narcoterrorismo, lavado de dinero, conspiración por tráfico de drogas (marihuana, metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo), y apoyo a una organización terrorista extranjera (el cártel de Sinaloa).
Estas acusaciones recaen principalmente en René Arzate, aunque también se vincula a su hermano con el delito de conspiración para tráfico de metanfetamina por parte del Departamento de Estado y la DEA, así como el FBI.
En México, los hermanos Arzate han librado varias acusaciones por parte de la Fiscalía General de la República por acopio de armas y violación a la Ley de Delincuencia Organizada, donde se les han girado órdenes de aprehensión, pero las tumban jurídicamente.
Las causas penales recientes de la Rana están en las carpetas 145/2023 y 54/2023, en los juzgados Décimo Primero y Décimo Quinto de Tijuana; además de una demanda de amparo desechada por sobreseimiento con número 745/2020, en el juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México; y otra con número 212/2019 en el Sexto Tribunal Colegiado. Mientras que el expediente más reciente del Aquiles recae en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Tijuana, con número 54/2023.
EL RUSO
Nativo de Ciudad Obregón, Sonora, y considerado uno de los principales sicarios de Gonzalo Inzunza Inzunza, el Macho Prieto, quien fue abatido en 2013, Jesús Alexandro Sánchez Félix, o Miguel Ángel Gaxiola Quintero o Juan José Ponce Félix, mejor conocido como el Ruso, construyó una plaza criminal en Mexicali, la Capital de Baja California.
De estar al servicio del Macho Prieto, Juan José Ponce Félix pasó a ser parte de las células de influencia criminal de Ismael Zambada García, el Mayo, y fue el depuesto capo quien lo envió a Mexicali, Baja California, luego que en 2019 le “estaba calentando la plaza” en Sinaloa, al no apoyar a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, cuando Ovidio Guzmán López, el Ratón, fue detenido por primera vez y liberado por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, horas más tarde, el 17 de octubre de 2019.
En ese contexto, el Ruso salió de Tepuche, Sinaloa, donde tenía su base de operaciones, y se instaló en la capital bajacaliforniana, donde su entonces compañero, Felipe Eduardo Barajas Lozano, alias el Omega, ya tenía algo del control territorial criminal.
En Mexicali, los Rusos se asentaron definitivamente en 2020, después de una serie de enfrentamientos al norte de Culiacán, con los sicarios de Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como los Chapitos.
Así, el Ruso comenzó a controlar, tanto en Mexicali como en su Valle, el narcotráfico, el narcomenudeo, y posteriormente fue por la venta de drogas en centros nocturnos, el tráfico de personas, la usura, la venta de licor, cigarrillos, y toda actividad ilícita que representara dividendos para la organización. Por medio de homicidios o subordinación, las Fuerzas del Ruso controlaron la mayoría de las actividades ilícitas de la Capital, además de impedir el ingreso de otros delincuentes. En los últimos dos años, su actividad criminal se extendió a San Luis Río Colorado, donde disputan la plaza con la Chapiza, los Salazar y los Cazadores; además tomaron por asalto el Golfo de Santa Clara, donde abatieron a líderes de plaza para controlar actividades.
Mientras en México no cuenta con acusaciones o mandamientos judiciales, en Estados Unidos recae una orden de aprehensión con la cual solicitan su aprehensión en México con fines de extradición por el delito de conspiración para distribuir sustancias controladas y lavado de dinero, según la DEA y el FBI, en acusaciones en tribunales de California.
“La organización de Ponce Félix gestiona directamente la distribución de narcóticos valorados en millones de dólares, en particular cocaína, fentanilo, metanfetamina y heroína, desde México a Estados Unidos, así como el envío de las ganancias de la venta de estas drogas a México. El gobierno alega además que Ponce Félix está involucrado en el tráfico de armas de fuego, entre otros delitos, para mantener su poder y control sobre este territorio a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México”, refiere el comunicado liberado en septiembre del 2025 por el Departamento de Estado, donde aseguran también que el Ruso paga alrededor de un millón de dólares al mes en corrupción de fuerzas gubernamentales, policiales y militares en México, para mantenerse impune.
