El exgobernador ha empantanado su proceso judicial por caso Next Energy, con pretextos para no acudir a audiencias y responder acusaciones de corrupción vinculadas a la empresa neoleonesa
En el año 2022, poco después de que el exgobernador Jaime Bonilla Valdez terminara su mandato y regresara a su escaño en el Senado de la República -representando todavía a Morena-, se hizo presente en una audiencia de formulación de imputación en contra de 11 de sus exfuncionarios vinculados por corrupción en el contrato que se otorgó a la empresa Next Energy para la contratación de una planta fotovoltaica que abastecería 80 megawatts de energía eléctrica al acueducto del Río Colorado que traslada agua a la Zona Costa de Baja California.
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En ese entonces, Bonilla Valdez fue acusado -junto con gran parte de su equipo de trabajo- de confabular para otorgar un contrato leonino en favor de Next Energy, la empresa neoleonesa que recibiría más de 40 mil millones de pesos.
Bravucón, a su estilo, Bonilla Valdez, salió de la audiencia a la que se presentó como público, debido a que no había imputación en su contra, ya que tenía la protección del fuero constitucional que le otorgaba su cargo de legislador.
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Esa mañana acusó a todo mundo en el gobierno de Marina del Pilar Ávila de estar coludidos con el narcotráfico y aseguró que hizo presencia en dicha audiencia para conocer el caso y enfrentar cualquier señalamiento. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) estaba imposibilitada para fincarle alguna acusación formal.
Bonilla no se quedó en la audiencia por mucho tiempo; salió y atendió a medios de comunicación, para luego retirarse, dejando a todo su equipo cercano enfrentando las acusaciones que iban desde abuso de autoridad, peculado y demás presuntos delitos.
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A finales de 2024, Bonilla Valdez perdió el fuero por concluir su gestión tras ser aplastado durante el pasado proceso electoral, donde intentó ser reelecto senador. Desde septiembre del 2024 a la fecha, el Poder Judicial ha convocado a 12 audiencias para desahogar la acusación en su contra, luego de pedirle acudir para rendir una declaración ante el Ministerio Público.
Ya sea por enfermedad o por algún tipo de incapacidad material, Bonilla no se ha presentado ante el juez para responder por las acusaciones en su contra, donde se implica a una empresa que hoy en día se encuentra en el ojo del huracán debido a que Eugenio Maiz Doneme, uno de sus principales socios, proveniente de una familia de abolengo de Nuevo León, fue detenido por autoridades de Aguascalientes acusado del delito de fraude.
Los señalamientos de corrupción y de simulación de servicios ofrecidos a aquella entidad gobernada por el PAN, han logrado vincular al empresario, que actualmente se encuentra preso, y su captura ha vinculado a la clase política del blanquiazul, del PRI y de Morena, demostrando así que en cuando se trata de desfalcar al erario, las siglas no representan un límite.
Así, luego de su postura altanera en contra de las primeras acusaciones, ahora Bonilla se esconde o retrasa el proceso judicial, lo que ha provocado, además, que todas esas audiencias representen un costo al Poder Judicial.
Baja California -hasta este momento- ha esquivado una bala de pagar 123 millones de pesos mensuales a una empresa que no construyó la planta fotovoltaica, para la cual ni siquiera consiguió el permiso, y que, de hecho, una de las pruebas más importantes del expediente en su contra es una carta signada por la misma Rocío Nahle, entonces secretaria de Energía de Andrés Manuel López Obrador, donde le pedía que no continuara con la licitación de la obra, dado que no se contaba con los permisos y que se contraponía con otra planta fotovoltaica que se construiría en Puerto Peñasco, la cual abastecería las necesidades de la región noroeste del país.
Este próximo 5 de marzo se tiene fijada otra audiencia de formulación de imputación en Mexicali; veremos si el ahora coordinador del PT en Baja California acude a enfrentar las acusaciones en su contra.
