La nueva FGR

Desde la salida del fiscal regional Victoriano Porcayo de la FGR Baja California, algunas situaciones han cambiado en el “edificio verde” como llaman a la sede de ese autónomo ente en la Zona del Río Tijuana. Resulta que los Agentes del Ministerio Público Federal, ahora a cargo de la fiscal Teófila González Lozada, están felices haciendo su agosto en pleno marzo, pues siguen operando; pero no en la fiscalía, sino en un café cercano a las instalaciones oficiales, lugar en el que citan a familiares de detenidos, para negociar la liberación de los mismos. De entrada, les recomiendan no contratar abogado para la defensa jurídica de su familiar, e inmediatamente se ofrecen ellos para intervenir ante el juez y gestionar su posible liberación. Esto, obviamente, a cambio de una no nada módica suma de dinero, pues dependiendo del delito y la persona, los costos por negocios con los MPs federales van de los 10 mil a los 50 mil dólares. El pago incluye los servicios de abogados contratados por los Ministerios Públicos que ya están en la trama de la corrupción. Uno de los familiares se atrevió a decirles que ya había contratado abogado privado, y de plano los agentes le dijeron que los suyos eran más efectivos. Estos casos de abusos, denunciados a ZETA, se dan particularmente con detenidos a los que los agentes federales les han fabricado, inventado o sembrado algo para justificar la comisión de un delito y la aprehensión, con lo que les es más fácil lograr la libertad a cambio del pago solicitado. Los denunciantes revelaron que, incluso, los Ministerios Públicos Federales bloquean el trabajo de los abogados privados. Ahora sí que llegando y cobrando. La Nueva FGR en todo su esplendor.