En junio de 2022, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Octavio Andree Espino Torres, fue detenido cuando intentaba cruzar la línea entre Tijuana y San Diego, California, y los agentes fronterizos y de aduana de los Estados Unidos detectaron que llevaba 29.34 kilos de metanfetamina escondidos en el vehículo.
Quien fuera agente del MP de la segunda fiscalía morenista en Baja California, ya en el gobierno de Marina Ávila Olmeda, pretendió demostrar, en el proceso en su contra, que se trataba de una mula ciega, es decir, un vehículo al que le habían cargado de drogas de manera inadvertida para el ocupante, y que en esa condición intentó cruzar a los Estados Unidos.
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La realidad es otra. Después de aclarar que Espino Torres no era secretario particular del entonces fiscal, Ricardo Iván Carpio Sánchez, la FGE colaboró con las autoridades norteamericanas presentándoles, por ejemplo, el celular del agente del MP donde había evidencia de los acuerdos que él hizo para el movimiento y la entrega de la droga en territorio norteamericano. Incluso detectaron que aquella no era la primera ocasión en que cruzaba droga. Al final, el exfuncionario que desde la fiscalía cedió a la tentación del narco, huyó de la justicia.
Un año después, en junio de 2023, otra agente del Ministerio Público de la FGE en Baja California, Ana Sofía López Osuna, también fue sorprendida en una similar acción. Intentó cruzar la frontera de Tijuana a San Diego en un auto que iba cargado con 38 kilogramos de cocaína. La detuvieron los agentes, y en la Corte tampoco cayeron en el garlito de que se trataba de una mula ciega. La joven había caído en la tentación por convencimiento, por sí misma o por alguna otra causa, del narco para trasegar droga.
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Aunque son los dos casos más conocidos, y donde resalta la aprehensión en flagrancia por parte de la autoridad de los Estados Unidos, no son los únicos. En varias ocasiones, en estas páginas de ZETA se ha dado cuenta de la colaboración de agentes de la fiscalía con células o cárteles de las drogas. No hace mucho tiempo fue denunciado incluso por sus propios subalternos quien era el fiscal contra el narcomenudeo -por no ponerle fiscal de narcomenudeo y sea tan obvio-, Juan Carlos Pelayo, no sólo de proteger a ciertos distribuidores de droga, también de solicitarles cuotas por aprehensiones o inspecciones.
En una ocasión incluso lo videograbaron (y grabaron audio) en una reunión a la que Pelayo los convocó para leerles la cartilla por las filtraciones al Semanario. Les dijo, en forma grosera, hasta de qué se iban a morir, los acusó de traidores, y les restregó en sus caras que a él nada le pasaría, que con esas informaciones no lo “tumbarían”. Y así fue. A pesar de los constantes señalamientos, la fiscal de Baja California, Elena Andrade, lo mantuvo en la nómina, hasta que decidió no despedirlo, sino cambiarlo de área.
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Luego están los casos ya clásicos de los robos de droga, por parte de agentes estatales, como el sucedido en el último trimestre del 2025 y por el cual fueron suspendidos unos 14 agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, los cuáles fueron delatados por un narco, de manera anónima, a decir de los dichos oficiales, del robo de 180 kilogramos de droga.
Antes de ellos, Guardias Nacionales también habían participado en el robo de estupefacientes, y lo mismo policías municipales. Hace poco, de la mano de un narco del Cártel Arellano Félix, agentes de la Guardia Nacional, aún impunes en el ámbito civil, fueron videograbados mientras asaltaban una residencia.
El narcotráfico parece estar en todas partes en México; aun exagerando un poco, el presidente de los Estados Unidos ha referido que son los cárteles los que gobiernan a México, no sin antes presentar sus respetos a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Los cárteles de las drogas y sus células criminales en los estados de la República, tienen su propia ley de plomo y sangre, cobran sus impuestos a partir de la extorsión y el cobro de piso, y ejercen su violencia para castigar traiciones o adversarios; es muy prematuro decir que gobiernan el país, pero la realidad es que sí controlan gran parte del territorio, y ahora de la política y el gobierno.
El caso más notorio fue el presentado en septiembre de 2025, en el cual el Departamento de Estado de la Unión Americana ubicó en una célula criminal para el lavado de dinero y la protección de una parte de los aliados de los Mayos en Baja California (los hermanos Arzate), a la exalcaldesa de Rosarito, la morenista Araceli Brown, y a dos empresarios del mismo municipio, Candelario Arcega y Jesús González Lomelí. Los tres siguen actuando en sus ámbitos locales, pero les fueron retiradas las visas para cruzar a los Estados Unidos, y congeladas sus cuentas en México como en aquel país.
Y al tiempo que autoridades estadounidenses se preguntan por qué los tres rosaritenses que aparecieron en el mismo organigrama de los hermanos René y Aquiles Arzate, no son investigados en México… cae otro ex funcionario morenista.
Quien hasta hace un año era director del Issstecali en Baja California, Fernando Luis Esquer-Díaz, posición a la que sólo se llega por designación del titular del Poder Ejecutivo, en este caso de la gobernadora Marina Ávila, fue aprehendido los últimos días de febrero de 2026, cuando intentó cruzar la frontera entre Mexicali y Calexico, California, por la línea Sentri, llevando en el vehículo 69.86 kilogramos de metanfetamina. Otro exfuncionario que cae en la tentación del narcotráfico.
La cuestión es que, cuando el narcotráfico empieza a infiltrarse en las policías, en las fiscalías y en los gobiernos, y vaya que hay casos en Baja California tan sólo en los últimos cuatro años, ya se puede hablar, otra vez, de narcopolítica, dado a que, innegablemente, hay políticos y funcionarios y exfuncionarios al servicio del narcotráfico.
