En los primeros meses de 2026, México se encuentra sumergido en una crisis de carácter humanitario que ha dejado de ser una coyuntura para transformarse en un rasgo estructural de su realidad social, donde las fosas clandestinas representan el símbolo más crudo de la violencia desmedida y la erosión de las funciones básicas del Estado. El fenómeno criminal no puede entenderse de forma aislada, pues se encuentra íntimamente ligado a la tragedia de las desapariciones, que para finales de 2025 ya superaban la alarmante cifra de 133 mil personas cuyo paradero es desconocido.
La medición de la tragedia de las fosas clandestinas en México revela una brecha profunda y alarmante entre los datos que el Estado decide transparentar y la realidad que documentan las organizaciones civiles. Mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) ofrece cifras que son percibidas como parciales y opacas, diversos colectivos u organizaciones de la sociedad civil e investigadores académicos han tenido que desarrollar sus propias herramientas tecnológicas para dar seguimiento al fenómeno.
Publicidad
Un punto de inflexión crítico ocurrió en 2024, cuando la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tomó la decisión de retirar el mapa público de hallazgos de fosas, dejando al país sin una fuente oficial de consulta actualizada y fragmentando la información disponible. Ante este vacío de información, instituciones como la Universidad Iberoamericana, junto con organizaciones como Artículo 19 y Data Cívica, impulsaron la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas para intentar dimensionar la magnitud del problema mediante el registro de cementerios ocultos y la documentación de las discrepancias institucionales. Sitio web que al cierre de esta edición estaba inaccesible por alguna cuestión técnica.
Los indicadores generados por estos esfuerzos ciudadanos muestran un panorama desolador: se estima que más de 72 mil cuerpos han ingresado a los Servicios Médicos Forenses sin haber sido identificados entre los años 2006 y 2023. La crisis forense es de tal magnitud que los depósitos de cadáveres se han convertido en receptáculos interminables de restos sin nombre; tan sólo entre 2019 y 2023, periodo en el que desaparecieron más de 51 mil personas, se enviaron a las morgues casi 35 mil cadáveres sin identidad. Los restos humanos y cuerpos exhumados de fosas no entran a las estadísticas de homicidios, que para presunción de autoridades “siguen disminuyendo en el país”.
Publicidad
La falta de trazabilidad en los registros gubernamentales impide conocer con certeza cuántas personas han sido realmente identificadas y cuántas permanecen bajo resguardo estatal en condiciones de anonimato. Esta ausencia de una estrategia clara para resolver el rezago forense no sólo perpetúa el dolor de las familias, sino que alimenta un ciclo de impunidad donde la identidad de las víctimas parece perderse en la burocracia y la negligencia.
La disparidad entre las fuentes oficiales y los registros de prensa o ciudadanos es notable y constante. Durante el periodo de 2023 a 2024, mientras las fiscalías estatales reportaron mil 451 fosas clandestinas, el monitoreo de medios de comunicación documentó al menos mil seis hallazgos, pero con una frecuencia mayor en el reporte de cuerpos y restos óseos. Por ejemplo, en ese lapso, la prensa reportó la exhumación de dos mil 17 cuerpos frente a los mil 616 reportados por las autoridades.
Publicidad
Los estados que encabezan las estadísticas de hallazgos en medios son Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Michoacán, concentrando la mayor cantidad de cuerpos recuperados, de los cuales la gran mayoría (77 por ciento) corresponden a hombres identificables.
Además de la diferencia numérica, la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas ha denunciado prácticas institucionales atroces, como la incineración de cuerpos sin realizar registros dactilares previos, la destrucción de prendas de vestir que servirían para la identificación y la eliminación injustificada de personas del registro nacional de desaparecidos sin que estas hayan sido localizadas realmente. Este desmantelamiento del entramado institucional se ha agravado con la disolución de organismos clave como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana, lo que ha transferido la carga de la búsqueda casi exclusivamente a las familias.
La negligencia se extiende a la escasa cooperación entre fiscalías y la acumulación de evidencias en cajones o gavetas que podrían ayudar a restituir la identidad de los fallecidos.
Mientras el discurso oficial intenta sostener una narrativa de pacificación basada en la supuesta disminución de homicidios dolosos, los datos ciudadanos demuestran que la violencia letal se ha transformado y recrudecido a través de la desaparición forzada y la ocultación de víctimas en fosas. La realidad inocultable es que la sociedad civil debe desplegar esfuerzos hercúleos cada día para suplir las omisiones de un Estado que parece haber renunciado a su deber de identificar a sus ciudadanos.
HALLAZGOS PENINSULARES
La geografía del horror en México sigue expandiéndose en 2026, confirmando que el fenómeno de las fosas clandestinas no es una herida del pasado, sino una hemorragia activa que desmiente cualquier intento de normalización de la violencia. Los reportes de los primeros meses de este año muestran una actividad incesante en diversos puntos del territorio nacional. En febrero de 2026, Veracruz volvió a ocupar los titulares con nuevos hallazgos de entierros ilegales, reafirmando su posición como uno de los epicentros históricos de esta tragedia.
En el noroeste del país, la situación en Baja California durante enero de 2026 ilustra la sofisticación y el esfuerzo que ahora requieren las labores de recuperación. En el municipio de Mexicali, cerca de la frontera con Estados Unidos, se localizaron 24 cuerpos distribuidos en 12 fosas clandestinas. El operativo para este hallazgo demandó el uso de tecnología avanzada, incluyendo drones y binomios caninos, además de maquinaria pesada, lo que da una idea de la profundidad y el ocultamiento deliberado de estos entierros.
Casi simultáneamente, en Baja California Sur, el mes de marzo trajo consigo una serie de descubrimientos que sacudieron a la entidad. En Comondú se localizaron 11 fosas con 12 cuerpos, mientras que en La Paz se registraron seis fosas adicionales y cuatro más en la zona conocida como El Cajoncito. Estos hallazgos en la península no fueron producto de investigaciones de oficio, sino de la valentía de ciudadanos que, a través de denuncias anónimas y el trabajo incansable de colectivos como Búsqueda X La Paz, señalaron los puntos donde la tierra ocultaba crímenes.
El papel de la sociedad civil organizada ha sido el motor fundamental detrás de estos hallazgos recientes. En localidades como Loreto y La Paz, los colectivos de búsqueda han intensificado sus recorridos de campo, demostrando que la localización de personas desaparecidas depende hoy mucho más de la resiliencia de las familias que del compromiso de las instituciones gubernamentales.
Este activismo ciudadano se enfrenta a peligros extremos; 2025 se consolidó como el año más letal para quienes buscan, registrándose siete asesinatos y una desaparición de personas buscadoras, elevando la cifra total a 30 buscadores asesinados desde 2010. A pesar del riesgo de muerte, las familias continúan introduciendo sus manos en la tierra, motivadas por una necesidad de justicia que el Estado no provee.
Casos específicos en otras regiones también subrayan el contubernio entre el poder político y el crimen organizado, lo que facilita la existencia de estas zonas de silencio. En Sinaloa, la desaparición de 10 mineros —de los cuales sólo cinco han sido identificados— y la detención de figuras políticas en Jalisco, como el alcalde de Tequila, son señales claras de que el control territorial sigue en manos de estructuras delictivas.
Como apunta el doctor Pérez Caballero, el uso de lugares públicos como “puntos ciegos” (baldíos y periféricos) o de propiedades privadas para el entierro masivo de personas revela una dinámica de macrocriminalidad que opera con total impunidad. Las fosas no son sólo agujeros en el suelo; son el resultado de un sistema donde lo fáctico y lo informal han desplazado a la ley, permitiendo que la violencia se regenere con una rapidez que supera cualquier capacidad de respuesta institucional actual. Los hallazgos en Baja California y el resto del país son la prueba fehaciente de que el Estado ha perdido el control de vastos territorios, dejando a la población a merced de dinámicas delictivas que forman parte ya de su vida cotidiana.
DOBLE CRISIS
Cada entierro ilegal que sale a la luz pública funciona como un doloroso recordatorio de estas ausencias y de una crisis forense nacional que ha rebasado por completo la capacidad de las morgues, dejando miles de restos sin identificar y sumiendo a las familias en un laberinto de incertidumbre ante la falta de respuestas oficiales. El hallazgo constante de estos sitios de exterminio evidencia una descomposición de las instituciones que, por omisión o incapacidad, no han logrado salvaguardar el derecho fundamental a la vida ni garantizar el acceso a la verdad para la sociedad.
En estas fosas convergen la impunidad del crimen organizado y una preocupante indiferencia estatal que ha delegado en los ciudadanos la penosa labor de buscar a sus seres queridos entre la tierra. Desde la perspectiva académica del doctor Jesús Pérez Caballero, experto en seguridad internacional, esta problemática se articula a través de tres ejes fundamentales: lo estructural, la sociología jurídica y la macrocriminalidad.
En el ámbito estructural, Pérez Caballero señala que las autoridades mexicanas, particularmente a nivel estatal, han carecido del rigor necesario para realizar registros que cumplan con los estándares internacionales básicos. Esta deficiencia se manifiesta en la implementación tardía y sesgada de protocolos que no guardan proporción con la magnitud de los asesinatos y desapariciones que azotan al país. Existe, por tanto, un abismo insalvable entre el marco legal teórico que postula el rigor y la realidad operativa de las instituciones.
A este escenario se suma una preocupante “cronificación” del control del discurso por parte del Estado; las autoridades intentan dominar la narrativa sobre las fosas de tal manera que cualquier dato o interpretación que contradiga la versión oficial es inmediatamente desestimada como una maniobra política. Aunque el activismo de las familias buscadoras ha logrado que su voz sea escuchada, su visión aún no es aceptada de manera consensuada por la clase política en todo el territorio nacional.
La dimensión de sociología jurídica que plantea el doctor Pérez Caballero explica cómo el acto de enterrar cuerpos en la clandestinidad se entrelaza con la percepción de la legalidad en el país, donde predomina un manto de informalidad que anula el estado de derecho. Se ha instaurado una costumbre “desuetudinaria” (aquella que deja sin efecto la ley por el desuso o la práctica contraria) que privilegia los hechos consumados sobre el ordenamiento legal. Esto genera contextos de oscuridad donde los grupos criminales aprovechan “puntos ciegos” de lo público, como terrenos baldíos o zonas periféricas, para realizar sus actividades ilícitas.
Incluso existe un fenómeno inexplorado de solapamiento de jurisdicciones en zonas ejidales, lo que complica aún más la intervención oficial. La falta de una “sacralidad del entierro” ha llevado a un uso utilitario del espacio, donde cualquier lugar, desde terrenos privados hasta casas de interés social en estados como Jalisco, es empleado para ocultar cadáveres.
localizadas en 2025, Foto: Mara Yáñez
Finalmente, Pérez Caballero advierte que la macrocriminalidad en México ha alcanzado niveles de eficiencia casi industriales para procesar restos humanos, creando una brecha inmensa entre la urgencia de la crisis social y la velocidad con la que se regeneran estos centros de inhumación ilegal.
La tragedia de las fosas clandestinas representa la síntesis más acabada de la doble crisis que atraviesa México: una violencia criminal descontrolada y una institucionalidad que ha fallado en sus responsabilidades más elementales. Los hallazgos documentados hasta 2026 en estados como Veracruz y las dos Baja Californias no son eventos aislados, sino manifestaciones de una emergencia humanitaria que se nutre de la impunidad y la falta de transparencia. Así, la decisión del Estado de ocultar información y desmantelar los mecanismos de identificación forense ha obligado a las familias a transformarse en investigadoras, peritos y buscadoras de una verdad que se les niega sistemáticamente.
