En su página electrónica, el Gobierno de Baja California tiene público, un Sistema de Evaluación del Desempeño con fines de transparentar los resultados del presupuesto invertido, en el cual presentan diagnósticos y avances de los diversos servicios, incluidos los públicos, y todos contienen indicadores para el desarrollo sostenible.
Ante los constantes cortes de agua y evidentes -aunque negados por la autoridad- tandeos del vital líquido, ZETA decidió consultar el apartado de la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Como son trimestrales, aún no hay datos del presente 2026, pero según lo plasmado en los cuatro reportes trimestrales del 2025, cumplieron sus metas al 100 por ciento.
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Así, a pesar de las estructuras colapsadas, de los ciudadanos acusando púbicamente la violación a derechos humanos al tener decenas y cientos de colonias sin el servicio de agua por hasta cinco días, dos o tres semanas, según estos informes oficiales, los tijuanenses y rosaritenses, incluso en los peores momentos del año pasado, tuvieron un promedio de agua de 18 horas al día; de este tamaño el autoengaño.
Pero, como los diagnósticos a modo no resuelven la problemática, las evidencias en el deterioro de los servicios públicos de los bajacalifornianos han dejado claro que el cambio esperado en la calidad de vida, no llegó a partir de septiembre del 2019, con el arribo de los gobiernos de Morena.
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Porque durante seis años y seis meses, los del partido vinotinto decidieron emular a su antecesor panista Francisco Vega, y sumir a Baja California en dos sexenios de no inversión en infraestructura, mientras la comunidad crece exponencialmente. De acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población, en estos 12 años, los residentes en el estado aumentaros de 3.3 millones a 4.2 millones de ciudadanos, mientras la inversión en infraestructura se estancó.
Esta semana, los gobiernos, federal y el de Baja California, anunciaron una de sus propuestas de solución, dijeron que habrá mayor acceso al servicio de agua y festejaron el retiro de las concesiones acuíferas a los consejos distritales y a los productores agrícolas, lo que -aseguraron- favorecerá a los municipios.
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Un beneficio muy relativo, porque los ayuntamientos deberán seguir pagando para que les vendan el líquido, pero ahora será directamente a la Federación, quien, según ellos, se compromete en regresar ese dinero en obra. Aunque es sabido que a los estados norteños siempre les envían menos de lo que aportan en el reparto federal.
Además, existe otra enorme deficiencia dentro del mencionado proyecto, porque la infraestructura para acumular y distribuir esa agua que el gobierno recuperó, en muchos de las regiones, particularmente las más alejadas, son propiedad de los productores, no del estado, porque los gobiernos anteriores no invirtieron y no tienen infraestructura.
Entonces, ¿cómo planea el gobierno almacenar y distribuir el líquido que está recuperando? ¿Y para cuándo tiene programado construir, los sistemas de distribución que no existen y no se han anunciado? Porque sin eso, los ciudadanos no podrán tener acceso al servicio.
Lo mismo en el colapsado sistema de salud, donde crean el IMSS-Bienestar, con menos recursos asignados aumentan la derechohabiencia y el acceso a las citas u operaciones pasa de tres a seis, ocho o más meses. Las manifestaciones constantes en los hospitales generales por falta de personal, de equipo, de medicinas incluso oncológicas. Aquí sí invierten en la inauguración de nuevas clínicas y hospitales, elefantes blancos sin personal, equipos o medicamentos.
Problema similar en de la energía eléctrica, más de siete años sin inversión, como lo explicó en el reciente libro de Julio Scherer Ibarra (consejero jurídico de la Presidencia de México 2018-2021) y Jorge Fernández Mendoza, Ni venganza, ni Perdón”, el ex funcionario lopezobradorista expuso que “no hubo nueva inversión en electricidad durante todo el gobierno de López Obrador”, porque el gobierno no tenía recursos y “por elegir a una persona que desconocía el sector”. Porque Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2018 a 2024, rechazó abiertamente cualquier inversión privada y ni hablar de modernización o cableados subterráneos de mayor costo o mantenimiento.
Mientras las consecuencias en Baja California siguen siendo postes derruidos, millones y millones de metros de cables colgantes, con transformadores que explotan o se sobrecargan cotidianamente con los vientos de Santa Ana, por el incremento del calor y ni hablar de las tormentas, un sistema que se afecta incluso con los altos consumos del país vecino. ¿El resultado final para los californios? Los cortes del servicio, zonas con más de 20 colonias sin luz por más de 50 o 70 horas y las consecuentes pérdidas económicas generadas al sector productivo.
Como respuesta gubernamental, anunciada en marzo del 2024, la planta de energía de ciclo combinada en Mexicali, Baja California, la CCC González Ortega, con 641.4 MW, esta alternativa paliativa, está en su etapa de pruebas, según informó en un comunicado la Comisión Federal de Electricidad, este 23 de marzo del 2026.
La no adquisición de infraestructura ha sido un acto consciente de los morenistas, así que, aprovechando a los adelantados electorales, el presente es un buen momento para hacerles entender a los suspirantes por un cargo político en el estado, que además del reparto de becas y subsidios, los bajacalifornianos reclaman inversiones en servicios públicos de calidad, y que eso también les dará o les quitará votos.
Frente a un puñado de ilegalidades y campañas adelantas, se empiezan a dar los tiempos, para que la sociedad organizada exija a los aspirantes propuestas concretas que mejoren la calidad de vida. También pueden presentarles ideas y proyectos, para poner a prueba su apertura al diálogo y a la participación ciudadana.
La mejora de servicios es urgente, al igual que la necesidad de analizar cuál de todos esos suspirantes tendría la capacidad y el compromiso para ejecutarlos.
