A pesar de los berrinches de algunos diputados, la propia dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, exhibió que el Congreso de Baja California es el más caro del país, y los recursos que se destinan no representan la labor legislativa
La austeridad franciscana en la que cimentó su narrativa el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para ganar adeptos, y con la que prácticamente todos los políticos morenistas han obtenido la victoria electoral del 2018 a la fecha, en Baja California parece que no alcanzó a llegar a las oficinas del Poder Legislativo, ubicadas en la Explanada de los Tres Poderes, en Mexicali.
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Ahí, el movimiento “transformador” parece que se perdió en el camino y dejó que las viejas prácticas tan despreciadas emanadas del PRI y el PAN (era evidente, comprendiendo que exmilitantes de estos partidos ahora dirigen las decisiones de Morena) continuaran operando de forma abusiva.
El pasado 26 de febrero, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, exhibió indirectamente a los diputados bajacalifornianos, al colocarlos como el Poder Legislativo más oneroso del país, pues a pesar de contar con apenas 25 legisladores, el gasto público anual supera ya los mil millones de pesos.
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Según el cálculo hecho por la lideresa del vinotinto, cada legislador de Baja California cuesta casi 35 millones de pesos, lo cual resulta desmedido, al compararse con congresos como el de Colima, en el que cada legislador cuesta 5.2 millones de pesos, y que la media nacional ronda en los 16.8 millones de pesos. Esto, sin mencionar que existen poderes legislativos como el de la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Jalisco, cuya población es mucho mayor.
Ofendidos, los diputados morenistas Juan Manuel Molina y Jaime Eduardo Cantón, salieron desesperados a justificar lo indefendible, intentando cuestionar cálculos y tecnicismos, cuando la realidad es evidente: los “dipujeques” que tenemos en Baja California cuestan mucho, producen poco y cada año piden más.
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Pero esto no es nuevo, pues desde el año 2013 el Poder Legislativo ha sido exhibido en reiteradas ocasiones por sus excesos, tanto en personal y sus salarios, como en los beneficios que obtienen los legisladores como presupuesto social, dinero para el manejo de comisiones, dinero para módulos de atención ciudadana y demás beneficios.
Según un análisis realizado por el Consejo Coordinador Empresarial, dirigido por Octavio Sandoval López, en cuatro años los diputados -de mayoría morenista- han gastado 240 millones de pesos en juntas de trabajo y 375 millones en gasto social.
El mismo análisis refiere que cada diputado habría gastado en seis años un total de 42 millones 088 mil 320 pesos.
En un análisis que se amplió por el autor de esta columna, en 2021, el presupuesto del Poder Legislativo era de 618 millones 129 mil 275 pesos. En cuatro años, el monto pasó de poco más de 600 millones a 838 millones 428 mil 813 pesos, es decir, más del 20 por ciento más.
Esto sin mencionar que el presupuesto de la Auditoría Superior del Estado creció de 271 millones 243 mil 992 pesos en 2022 a 320 millones 456 mil 914 pesos. Sólo en 2025, ambos entes -que forman aparte de las erogaciones del Legislativo- alcanzaron la cifra de mil 158 millones 885 mil 727 pesos.
A pesar de ello, los diputados sólo llevan a cabo una sesión de Pleno cada semana y no siempre realizan labores de comisión, por lo que se vuelve complicado analizar si realmente su labor representa un equivalente al costo.
A esto se le debe agregar que hay legisladores con actividad parlamentaria muy pobre y que están por cumplir nueve años ocupando una curul.
Por si no fuera suficiente, los diputados morenistas tienen escozor en difundir la información relativa a los gastos derivados de apoyo social y del funcionamiento de su comisión, por lo que termina siendo un manejo libre y sin una verdadera comprobación del gasto.
En 2019, el entonces Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) emitió una recomendación al Poder Legislativo para que los diputados realizaran un proceso de entrega-recepción, con el que cada diputado informara los gastos ejercidos durante los tres años, y el equipo y material adquirido con recurso público. Sin embargo, los legisladores -ya de mayoría morenista- ignoraron la petición, permitiendo así que, además de excederse en el uso de este dinero, los diputados y su equipo prácticamente se “roben” cámaras, computadoras, escritorios, televisiones y hasta plantas, adquiridas con el dinero público.
Ahora entendemos el “amor al pueblo” que dicen tener, sobre todo cuando la población les corresponde con millones de pesos anuales que no fiscalizan.
