El 11 de febrero de 2026, fuentes consultadas por el medio especializado Bloomberg, señalaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó en conversaciones privadas la posibilidad de que su país se retire del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto marcado por la revisión obligatoria del acuerdo prevista para el 1 de julio de 2026 y por una creciente tensión comercial con Canadá y México. De acuerdo con personas familiarizadas con las discusiones internas, el mandatario preguntó a sus asesores por qué no debería abandonar el pacto trilateral, firmado durante su primer mandato, sin que hasta ahora haya dado una instrucción definitiva sobre la salida.
Según esas versiones, un funcionario de la Casa Blanca describió a Trump como el responsable último de las decisiones en materia comercial y afirmó que el presidente mantiene la lógica de buscar “un mejor acuerdo” para la población estadounidense, al tiempo que calificó como especulaciones infundadas los escenarios sobre una eventual retirada antes de que exista un anuncio formal. En paralelo, Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), sostuvo que aprobar de manera automática los términos del T-MEC acordados en 2019 no responde al interés nacional e indicó que la Administración mantendrá abiertas las opciones del presidente y negociará para atender los problemas detectados en el funcionamiento del tratado.
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De acuerdo con las disposiciones del T-MEC, el acuerdo prevé una revisión obligatoria antes de una posible prórroga el 1 de julio de 2026, fecha a partir de la cual las partes pueden extender su vigencia por 16 años adicionales o encaminarlo a un esquema de revisiones anuales por una década hasta su expiración en 2036. En ese marco, Greer expuso que las conversaciones con México se desarrollan de manera bilateral, con un tono que describió como pragmático por parte del Gobierno mexicano, mientras que las relaciones comerciales con Canadá atraviesan mayores fricciones, al grado de que el funcionario estadounidense consideró más complejo el diálogo con Ottawa.
Greer declaró en una intervención televisiva que, en lo general, las negociaciones se llevarán a cabo “de forma bilateral y por separado”, al precisar que las autoridades de Washington han sostenido múltiples rondas de conversación con México, mientras que en el caso canadiense el proceso enfrenta más obstáculos. El funcionario federal añadió que recomendará la renovación del T-MEC solo si se alcanza una resolución que incorpore las aportaciones de los sectores industriales involucrados, e identificó como áreas sensibles la eventual reforma de reglas de origen para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos, la protección de trabajadores y la atención al dumping.
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En términos económicos, el T-MEC regula una de las mayores relaciones comerciales del mundo, que se estima en alrededor de 2 billones de dólares anuales en bienes y servicios intercambiados entre los tres países, y permite que la mayoría de los productos comercializados en el marco del acuerdo esté exenta de los aranceles globales impulsados por la actual Administración estadounidense. Analistas y funcionarios consultados advierten que, si cualquier país anuncia su intención de retirarse, debe hacerlo con un preaviso de seis meses, lo que abriría un periodo de inestabilidad, incrementaría la exposición de las exportaciones mexicanas y canadienses a gravámenes más altos y podría provocar represalias, con efectos inmediatos en cadenas de suministro integradas, particularmente en sectores como el automotriz, el acero y la agroindustria.
Sectores empresariales y legisladores de Estados Unidos han manifestado su rechazo a un eventual abandono del tratado y han alertado que la sola amenaza de salida, o la imposición de aranceles adicionales en América del Norte, elevaría costos y presionaría la asequibilidad de bienes de consumo en un año clave para las elecciones intermedias de noviembre, cuando los republicanos enfrentan una disputa para conservar el control del Congreso. En este contexto, organizaciones agrícolas y manufactureras estadounidenses han subrayado que México y Canadá se mantienen como los dos principales socios comerciales de Estados Unidos y como sus mayores compradores, por lo que una ruptura del pacto o una escalada arancelaria podría contradecir la promesa de campaña de Trump de impulsar las exportaciones de su país.
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Las dudas sobre el futuro del T-MEC se inscriben en una estrategia más amplia de presión de Trump hacia Canadá y México, en la que el presidente de Estados Unidos ha amenazado con elevar al 100 por ciento los aranceles a productos canadienses si Ottawa concreta un acuerdo comercial con China, imponer gravámenes de hasta 50 por ciento a aeronaves canadienses en caso de que no apruebe determinados modelos de la firma Gulfstream y bloquear la apertura del puente internacional Gordie Howe, que conecta Michigan con la provincia de Ontario. En el caso de México, Trump ha planteado la posibilidad de aplicar aranceles a productos de países que exportan petróleo a Cuba, ha presionado en temas de migración y narcotráfico y ha utilizado la revisión del T-MEC como herramienta para exigir concesiones más amplias en materia de seguridad y política energética.
El primer ministro canadiense, Mark Joseph Carney, declaró el 27 de enero de 2026 que Canadá concluyó sus consultas internas sobre la revisión sexenal del T-MEC y que su Gobierno estaba listo para sentarse a negociar con Estados Unidos y México, aunque reconoció que “hay mucho trabajo por hacer”. El 26 de enero del mismo año, Carney contextualizó las advertencias arancelarias de Trump en relación con la próxima revisión del tratado y se distanció de las versiones que atribuyen el enojo del presidente estadounidense a su discurso del 20 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos o al acercamiento comercial de Ottawa con China.
En Davos, Carney afirmó que el orden internacional basado en reglas enfrenta una ruptura y describió como “ficción” la idea de que ese sistema funcione sin cuestionamientos, en un mensaje interpretado como crítica indirecta a la política exterior de Washington. El primer ministro canadiense llamó a las potencias medianas a actuar de manera coordinada para evitar convertirse en “plato principal” en las disputas entre superpotencias, advirtió sobre el uso de la integración económica como arma y señaló que los aranceles, la infraestructura financiera y las cadenas de suministro se están utilizando como instrumentos de presión y coerción en la competencia geopolítica actual.
El discurso de Carney irritó a Trump, quien respondió con una serie de mensajes en su red social, en los que acusó al primer ministro de intentar convertir a Canadá en un “puerto de descarga” para productos chinos y amenazó con imponer aranceles del 100 por ciento a todos los bienes canadienses que ingresen a Estados Unidos si Ottawa avanzaba en un acuerdo de libre comercio con China. La tensión escaló cuando el presidente estadounidense decidió revocar la invitación a Canadá para integrarse a la llamada Junta de Paz, organismo impulsado por la Casa Blanca para gestionar la tregua en Medio Oriente, y acusó al Gobierno canadiense de oponerse a la construcción de la “Cúpula Dorada” en Groenlandia, un proyecto de escudo antimisiles coordinado con la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
En una de sus intervenciones públicas, Trump sostuvo que “Canadá vive gracias a Estados Unidos” y pidió a Carney recordar esa afirmación en futuras declaraciones, mientras que el primer ministro canadiense replicó desde Quebec que su país prospera porque “somos canadienses” y porque la población de Canadá es “dueña de su casa y de su futuro”. De manera paralela, el Gobierno canadiense emprendió una estrategia para diversificar sus socios comerciales, firmó un acuerdo con China que reduce aranceles a ciertos vehículos eléctricos y a exportaciones agrícolas como la canola, y al mismo tiempo aseguró que tales compromisos son compatibles con las obligaciones asumidas en el T-MEC, incluida la cláusula conocida como “anti-China”.
Las discrepancias entre Washington y Ottawa se reflejan en la cláusula 32.10 del T-MEC, la cual establece que, si uno de los socios inicia la negociación de un tratado de libre comercio con una economía de no mercado, deberá notificarlo con tres meses de anticipación a los otros dos países, y estos tendrán la opción de denunciar el T-MEC con seis meses de preaviso y sustituirlo por un acuerdo bilateral. En la práctica, esta disposición implica que cualquier acercamiento comercial profundo con países considerados como economías de no mercado, como China o Vietnam, puede activar un mecanismo de salida que deje a uno de los tres socios fuera del marco trilateral y lo obligue a replantear sus cadenas productivas.
En el caso de México, el Gobierno Federal ha reiterado que su prioridad es mantener vigente el T-MEC, fortalecer los paneles de solución de controversias y lograr paridad en la aplicación de las reglas, en especial en el ámbito laboral, en el sector energético, en el acero y en la agroindustria. El 15 de enero de 2026, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, explicó que el país buscará que se cumplan las cartas paralelas del tratado, conocidas como side letters, particularmente aquellas que establecen procedimientos de consulta de 60 días en materia de acero y que, según el funcionario federal, se han incumplido en varias ocasiones.
Ebrard Casaubón recordó que el T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036, y que el artículo 34.7 obliga a los tres gobiernos a reunirse el 1 de julio de 2026 para evaluar si extienden el acuerdo otros 16 años, hasta 2042, o si lo someten a un esquema de revisiones anuales por una década. El titular de la Secretaría de Economía detalló que México ya trabajó más de 100 días en las preocupaciones planteadas por sus socios, que prepara un documento con las conclusiones de las consultas internas para presentarlo a finales de enero de 2026 a la presidenta de la República y al Senado, y que mantiene un diálogo semanal, presencial o virtual, con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido públicamente la continuidad del T-MEC y ha insistido en que la profunda interdependencia entre las economías de México y Estados Unidos hace conveniente para ambos países preservar el acuerdo, aun cuando Washington mantenga abiertas las opciones de revisión, renegociación o salida. El 14 de enero de 2026, la mandataria nacional afirmó estar convencida de que continuará la relación comercial con Estados Unidos y destacó que las empresas estadounidenses operan numerosas plantas en México, lo que ha generado una integración productiva que, según dijo, permite que por cada empleo creado en territorio mexicano se hayan generado tres puestos de trabajo en Estados Unidos.
El 29 de enero de 2026, Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con Trump en la que ambos acordaron que sus equipos seguirían trabajando de forma conjunta en temas comerciales y en el fortalecimiento de la relación bilateral. La presidenta de la República calificó la conversación como “productiva y cordial”, ajustó el horario de su conferencia matutina para concretar el diálogo y afirmó que la prioridad de su Gobierno es evitar la ruptura del acuerdo comercial de América del Norte y avanzar en la revisión programada con pleno respeto a la soberanía nacional.
En términos políticos, la posibilidad de que Estados Unidos no renueve el T-MEC o inclusive se retire del acuerdo se ha convertido en un eje de debate entre sectores empresariales, legisladores y especialistas, que plantean escenarios que van desde la extensión del tratado con ajustes específicos, hasta una renegociación parcial o total, o el diseño de nuevos acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y cada uno de sus socios. El exjefe negociador del T-MEC, Kenneth Smith Ramos, ha subrayado que no se trata de un proceso simbólico, sino de una revisión técnica y políticamente sensible, con implicaciones inmediatas para la competitividad regional, la inversión y el empleo, en un entorno de tensiones arancelarias globales y reconfiguración de cadenas de suministro frente a economías como la china.
En este contexto, la eventual decisión de Trump de activar o no la salida de Estados Unidos del T-MEC, usar la amenaza de retiro como palanca de negociación o aceptar una prórroga de 16 años se mantiene como uno de los factores centrales de incertidumbre para la región de América del Norte en 2026. Mientras continúan las consultas internas, las audiencias públicas y los contactos diplomáticos trilaterales, gobiernos y empresas aguardan definiciones que marcarán el marco regulatorio de uno de los bloques comerciales más importantes del mundo en las próximas décadas.
