Diputados como los morenistas Juan Manuel Molina, Alejandra Ang y Eligio Valencia, y la emecista Daylín García Ruvalcaba, además de funcionarios como Miguel Ángel Badiola, gozan de vigilancia personal a cargo del erario bajacaliforniano, aunque también, en algunos casos, invierten en vigilancia privada de manera injustificada.
Elementos de la Policía Municipal, de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) son requeridos de manera discrecional por perfiles políticos de Baja California, cuando en algunos casos ni siquiera hubo un estudio de riesgo; o bien, el periodo de la vigencia del manejo de escoltas excedió el límite requerido.
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Tanto el director de la Policía Municipal, Luis Felipe Chan, como la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez y el secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, han dado prácticamente la misma respuesta, donde -aseguran- que los permisos para el manejo de escoltas para políticos se gestionaron cuando aún no ostentaban los cargos, pero los mantuvieron hasta entonces.
Pese a que en Baja California se cuenta con un déficit de policías, se han otorgado desde uno hasta tres agentes de las diversas corporaciones a cada uno de quienes lo requieren. Sin embargo, tanto representantes jurídicos como de la sociedad civil y empresarial, han externado su inconformidad, sobre todo por el conocido déficit de policías que padece la entidad, que, según criterios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería tener al menos el doble de los poco más de ocho mil agentes que conforman las diversas corporaciones locales.
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El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Roberto Quijano; el especialista en temas de seguridad, Edgardo Flores Campbell; y el presidente del Consejo Estatal de Asociaciones y Barras de Abogados, Elías Flores Gallegos, han hecho posicionamientos públicos en torno al uso discrecional de escoltas para fines ajenos a la naturaleza de la función policial, donde, incluso, terminan siendo choferes, mandaderos y hasta niñeros, cuando se trata de agentes calificados para brindar seguridad pública a los bajacalifornianos.
ESCOLTAS
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A mediados del año pasado, el Congreso de la Unión llevó a cabo una modificación al artículo 34 BIS de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que básicamente impedía que el uso de la licencia colectiva de policías fuera utilizada para brindar vigilancia privada, con lo que prácticamente se eliminó la posibilidad de que policías de las diversas corporaciones de seguridad brinden servicio, con o sin paga, a particulares.
A raíz de la entrada en vigor el 1 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dirigida ya por el general Laureano Carrillo Rodríguez, dio a conocer que en ese momento se contaba con 120 escoltas asignados a vigilancia de empresarios y políticos, de los cuales aproximadamente una tercera parte correspondía a los segundos.
El secretario cumplió su palabra a medias, dado que sí retiró -luego de una advertencia un breve tiempo para que los empresarios tomaran sus medidas- a los agentes asignados a escoltas. Sin embargo, los políticos de Baja California se negaron a devolver su vigilancia privada, y luego de seis meses, continúan con ella.
Según fuentes de las diversas corporaciones de seguridad, diputados como Juan Manuel Molina cuenta con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación para su protección, pero también con un elemento de la Policía Municipal. Alejandra Ang, quien fue detenida por autoridades fronterizas estadounidenses hace aproximadamente un mes tras cruzar con poco más de 800 mil pesos sin declarar y sin justificar, contaba con un agente investigador que luego de su escándalo le fue retirado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el caso de la FGE, el tijuanense Eligio Valencia López cuenta con un elemento asignado de la misma agencia. También la emecista Daylín García tiene un agente a su disposición.
Por parte de la Policía Municipal son siete agentes más los que se entregaron para libre disposición a diputados morenistas, principalmente, quienes tampoco tienen justificación. Laureano Carrillo aseguró que tienen al menos a ocho elementos que se está evaluando su permanencia en la vigilancia a políticos, mismos que podrían estar en la calle brindando seguridad.
El pasado 4 de febrero, el abogado Elías Flores Gallegos, presentó un escrito a la fiscal Ma. Elena Andrade y otro al director Luis Felipe Chan, para que le retiraran los escoltas a la diputada Alejandra Ang y Juan Manuel Molina, pues tenían conocimiento que contaban con vigilancia policial para sus actividades rutinarias.
Agregó que no había una justificación y que podrían representar una afectación al erario, dado que los oficiales estaban brindando servicio privado a servidores públicos en una función que no les corresponde.
“Hay agentes todavía asignados; ya nos prohíbe dar seguridad privada, pero no a funcionarios públicos. Acuérdense que retiramos 43 agentes en esta situación. De los funcionarios públicos, cuando piden seguridad, se hace un análisis de riesgo, porque tienen alguna amenaza o riesgo derivado de sus funciones es necesario darles seguridad; todos los funcionarios traen agentes de la Secretaría como de FGE y municipales y lo que hacemos es hacer análisis de riesgos. Vamos a trabajar con Mexicali y revisar esos análisis de riesgo y ver sí aún lo necesitan, pero si no, recomendaremos que los retiren”, refirió el funcionario estatal, el cual se comprometió a revisar todos los casos en un periodo de 30 días para determinar sí la amenaza persiste.
Agregó que el documento tiene un valor jurídico, pero también vigencia de la amenaza, y actualmente la mayoría de los agentes asignados a vigilancia de funcionarios está justificada, como en el caso de la gobernadora, y algunos alcaldes, como Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín.
“Estamos revalorando porque hay agente de esta corporación que están llevando a cabo función de escoltas. Consideramos que debe ser la Secretaría de Seguridad con la investigación previa correspondiente; o las preventivas, como la Policía Municipal, pudieran llevar a cabo la designación de personas de seguridad a quien así lo requiera. Lo estamos revalorando; en el caso cuando su servidora ingresó como titular de la Fiscalía había personas designadas, yo no he designado escoltas. Sí me han hecho solicitud varias personas del servicio público, no he designado como escoltas a ninguno”, refirió la fiscal general, la cual no pudo dar un número o cifra de elementos asignados a vigilancia a funcionarios, pero reconoció que son muchos y que podrían cumplir funciones en las nuevas áreas que están abriendo.
NO HAY JUSTIFICACIÓN: IP Y ESPECIALISTAS
Para el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Roberto Quijano, es “totalmente inaceptable y una ofensa para la población que funcionarios que no se justifica el traer equipo de seguridad”, exceptuando a la gobernadora, el secretario general de Gobierno, los alcaldes y los funcionarios vinculados a la seguridad.
Comentó que los políticos de Baja California deben dar un ejemplo de austeridad y de recato, además de que terminan usándolos como choferes o auxiliares, que paguen de su bolsa o no, no deberían cargar con ellos, por lo que reprobaron que se mantengan estas prácticas.
Quijano reconoció que el General Laureano Carrillo, comenzó con el retiro de escoltas a empresarios, pero debe ser una medida pareja también para el sector político.
“Cuando una persona denuncia o señala que su integridad o familiar está en riesgo, pudiera solicitar el auxilio o cierta protección, violencia familiar, algunos aptos donde hay responsabilidad de cuidar a las personas, pero es mediante una justificación en el quehacer diario de un funcionario, aunque sea pagado por ellos”.
Y es que hay que recordar que según la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez, se han girado órdenes de protección a más de 12 mil mujeres víctimas de violencia familiar durante el 2025, dado que se encontraba en riesgo su integridad, pero en ningún caso se les proporcionó escoltas.
Por su parte, el especialista, Edgardo Flores Campbell, aseveró que el origen de la reforma del año pasado era dirigir a todas las policías comerciales, bancarias e industriales, a funciones directas de corporaciones de seguridad.
Es decir, brindar protección a la ciudadanía en general, como parte de una modificación en la política de seguridad, dado que gran parte de las entidades cuenta con déficit de policías.
Como ejemplo, aseguró que sólo en el Estado de México, la policía bancaria e industrial son 35 mil elementos que podrían servir en otras áreas.
“Funcionarios que no tengan servicio con la seguridad pública, deben prescindir de los escoltas, guardia o seguridad oficial, precisamente con concordancia; es irresponsable. En el servicio público no debe ser a discreción, a agendas personales, compromisos y lo que sea”, refirió Flores Campbell, quien aseguró que existe una arbitrariedad en los criterios de uso de funcionarios y consideró injusto que diputados tengan protección pagada con el erario.
Respecto a los análisis de riesgos, dijo desconocer a detalle el tipo de revisión que se hace en Baja California, pero cuando laboró en la función pública recordó que había varios puntos a manejar, como la trayectoria del funcionario, los cargos que ha ocupado, la ubicación geográfica, el desplazamiento, y con base en ello se determina el número de elementos.
Consideró que se pone en riesgo la administración del Estado y calificó de “injusto” que sólo tengan derecho a seguridad quienes pueden pagarla; o bien, quien ocupe un cargo público.
