La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el 6 de febrero de 2026 en Morelia que exista colusión entre su Gobierno y el crimen organizado, frente a los señalamientos de un artículo de opinión publicado en The New York Times, y sostuvo que las acusaciones carecen de pruebas y contrastan con los resultados en la reducción de homicidios dolosos que su administración ha presentado en los últimos meses.
La mandataria nacional afirmó que el texto firmado por la periodista Mary Beth Sheridan se inscribe en una narrativa similar a la que, durante el sexenio anterior, vinculó a su antecesor Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado mediante la etiqueta de “narco presidente”, y señaló que en el caso de Genaro García Luna sí existieron evidencias judiciales sobre vínculos con la delincuencia organizada. En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo aseguró que el artículo de opinión no presenta elementos probatorios que sustenten la presunta colusión y que, en el sistema penal acusatorio, las denuncias deben dar paso a investigaciones sustentadas en evidencia y no a condenas mediáticas.
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La presidenta de la República explicó que, cuando se presentan denuncias sobre presuntos vínculos de funcionarios o políticos con organizaciones criminales, corresponde a las fiscalías abrir carpetas de investigación y, en caso de encontrar elementos suficientes, solicitar órdenes de aprehensión ante jueces competentes. Añadió que la sola existencia de una denuncia no implica la veracidad de los señalamientos y que el procedimiento debe regirse por el principio de presunción de inocencia y por la presentación de pruebas. Sheinbaum Pardo enfatizó que este esquema aplica tanto a acusaciones derivadas de investigaciones judiciales como a versiones que se difunden en medios internacionales.
Durante la conferencia, la titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo que los resultados en materia de seguridad desmentirían cualquier hipótesis de colusión entre autoridades y grupos criminales, al insistir en que su administración registra una disminución sostenida de los homicidios dolosos. Recordó que, según datos presentados por el Gabinete de Seguridad, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 el promedio diario de homicidios dolosos se redujo de 86.9 a 52.4 casos, lo que representa una caída de 40 por ciento y 34 asesinatos menos por día, y que 2025 se ubicó como el año con menos homicidios dolosos desde 2016, con un promedio de 64 homicidios diarios y una tasa de 17.5 por cada 100 mil habitantes. Al referirse a sexenios anteriores, afirmó que la administración de Felipe Calderón Hinojosa inició con un promedio de 28.6 homicidios y concluyó con 70.9, mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto empezó con 63.2 y terminó con 100, en tanto que su gestión comenzó con 91.7 y actualmente se sitúa en 64, lo que, según dijo, refleja un cambio en la tendencia al alza que prevaleció en los periodos previos.
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El artículo de opinión de The New York Times, titulado en español “No son los cárteles lo que preocupan a Claudia Sheinbaum”, plantea que la presidenta enfrenta no sólo a las organizaciones del narcotráfico, sino a una red de colusión política que limita su margen de maniobra y que, de ser confrontada de manera frontal, podría poner en riesgo la estabilidad de su coalición de Gobierno rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Sheridan sostiene que, en México, el problema no se reduce a los ataques de los grupos criminales contra el Estado, sino a que con frecuencia forman parte de estructuras de poder regionales y mantienen acuerdos con autoridades locales, incluidos actores de Morena. El texto cita, entre otros casos, las acusaciones contra ex funcionarios de seguridad en Tabasco nombrados durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena, como ejemplo de los riesgos de impunidad y de los costos políticos que implicaría depurar las redes de protección a grupos delictivos.
La nota del diario neoyorquino se difundió en un contexto de creciente presión del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, quien ha acusado de forma reiterada que los cárteles “gobiernan” México y ha presionado para que se adopten acciones militares contra organizaciones criminales mexicanas. El 8 de enero de 2026, Trump declaró en una entrevista con la cadena Fox News que su administración comenzaría a “atacar por tierra” a los cárteles mexicanos, al afirmar que dichas organizaciones controlan el país y provocan entre 250 mil y 300 mil muertes al año en Estados Unidos por consumo de drogas. El 24 de enero de 2026, en una entrevista con The New York Post, el mandatario estadounidense aseguró que los ataques militares contra cárteles podrían ejecutarse “en cualquier lugar”, incluidos México, América Central y América del Sur, con base en la información de inteligencia que, según afirmó, permite conocer rutas, operaciones y domicilios de presuntos integrantes de estas organizaciones.
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En respuesta a estas declaraciones, Sheinbaum Pardo ha reiterado en diversas conferencias matutinas que “en México gobierna el pueblo” a través de sus instituciones y no los cárteles, y ha rechazado la posibilidad de una intervención militar extranjera en territorio nacional. El 12 de enero de 2026, tras una llamada telefónica con Trump, la presidenta de la República afirmó que descartó de manera categórica cualquier ingreso de tropas estadounidenses a México y que la cooperación bilateral en materia de seguridad se basa en el intercambio de información y en operativos coordinados, pero dentro del marco de la soberanía mexicana. Posteriormente, el 16 de enero de 2026, la mandataria confirmó que Estados Unidos ha planteado el despliegue de agentes o militares en territorio mexicano para combatir al crimen organizado, oferta que el Gobierno Federal rechazó, al proponer en su lugar mayores mecanismos de inteligencia compartida y solicitudes específicas de equipo de vigilancia.
La presidenta de la República ha defendido que la estrategia de seguridad de su administración descansa en dos ejes principales: la atención a las causas de la violencia y el combate a la impunidad, coordinados a través del Gabinete de Seguridad y en colaboración con los gobiernos estatales. El 8 de enero de 2026, durante la presentación de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 se observó una tendencia sostenida a la baja en los homicidios dolosos, y que 2025 registró el nivel más bajo de los últimos diez años, con 23 mil 374 homicidios y un promedio de 64 casos diarios, equivalente a una reducción de 30.2 por ciento respecto a 2024. En la misma conferencia, Sheinbaum Pardo subrayó que su gobierno no renunciaría a la política de seguridad basada en la atención a las causas, y comparó las cifras de homicidios de su administración con los incrementos de 148 por ciento en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y de 42 por ciento en el de Enrique Peña Nieto.
De manera paralela, el Gobierno Federal ha buscado mostrar resultados en cooperación bilateral mediante el traslado de presuntos integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos, la intensificación de decomisos y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Entre febrero de 2025 y enero de 2026, las autoridades mexicanas enviaron a 92 personas vinculadas con el crimen organizado en tres operaciones coordinadas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que ha generado críticas de abogados y familiares que señalan presuntas violaciones al debido proceso, así como cuestionamientos sobre el uso de la Ley de Seguridad Nacional para evitar los procedimientos ordinarios de extradición. La administración de Trump ha calificado estos traslados como “logros históricos” en su misión de desmantelar a los cárteles, mientras que el Gobierno de Sheinbaum Pardo los ha presentado como decisiones soberanas orientadas a proteger la seguridad nacional y a impedir que los capos continúen operando desde las prisiones mexicanas.
