El 9 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que todas las personas que se presenten como candidatas o candidatos de cualquier partido político deben ser investigadas, luego de la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La mandataria nacional planteó además que debe existir un mecanismo de vinculación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y las instancias de los Gobiernos federal y estatales para fortalecer la revisión de perfiles y la fiscalización de recursos en campañas.
Durante la conferencia matutina del 9 de febrero de 2026, Sheinbaum Pardo afirmó que la revisión de candidaturas debe incluir tanto la fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas como una investigación de todas las personas que se postulen por cualquier fuerza política. La presidenta de la República subrayó que esa indagatoria tendría que abarcar a aspirantes de todos los partidos, al tiempo que respaldó la idea de una coordinación formal entre el INE y dependencias federales y estatales encargadas de tareas de seguridad y procuración de justicia.
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En el mismo contexto, la titular del Poder Ejecutivo Federal consideró que esa vinculación institucional debe operar con las distintas instancias del Gobierno Federal y de los gobiernos locales, a fin de cruzar información sobre posibles antecedentes delictivos o vínculos con organizaciones criminales. La mandataria nacional enmarcó su postura en la necesidad de reforzar la vigilancia respecto a la utilización de recursos en campañas electorales y a la trayectoria de quienes buscan acceder a cargos de elección popular.
El caso que detonó estas declaraciones fue la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, militante de Morena, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 y fue capturado la madrugada del 5 de febrero de 2026 en un operativo federal. Según información de autoridades federales y estatales, Rivera Navarro enfrenta acusaciones por extorsión contra empresarios tequileros y cerveceros, secuestro y presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que motivó su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano.
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Según recuentos recientes, desde 2018 al menos 25 alcaldes en funciones o que recién habían dejado el cargo fueron detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado, secuestro u homicidio, con mayor número de casos en el Estado de México y Puebla, con seis cada uno, seguidos por Chiapas, con cuatro, y Jalisco, con dos. La mayoría de las personas detenidas militaban en Morena, con ocho casos, mientras que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se registraron cuatro, en Movimiento Ciudadano (MC) cuatro, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tres, y en el Partido Acción Nacional (PAN), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pacto Social, Chiapas Unido y Fuerza por México se reportó un caso por cada uno.
En este periodo destacó la llamada “Operación Enjambre”, desplegada a partir del 22 de noviembre de 2024 en diversos municipios del Estado de México, que derivó en la captura de presidentes municipales y otros funcionarios por presuntas actividades ilícitas. Entre las personas detenidas se encontraron las alcaldesas María Elena Martínez Robles, de Amanalco, y María del Rosario Matías Esquivel, de Santo Tomás de los Plátanos, además de al menos una decena de servidores públicos municipales, en una acción coordinada entre los tres niveles de Gobierno enfocada en redes de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.
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Respecto al caso de Tequila, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar Hamid García Harfuch, informó que la captura de Rivera Navarro formó parte de las acciones de la Operación Enjambre, en las que también se investigó la participación de policías municipales y otros ex funcionarios locales. Según las investigaciones, la red delictiva atribuida al edil incluía presuntos cobros irregulares a empresas tequileras, desvío de recursos y colaboración con una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que amplió el alcance de las indagatorias respecto a otros posibles implicados.
En la fase actual del proceso, Rivera Navarro permanece bajo prisión preventiva oficiosa por orden judicial, mientras las autoridades federales y de Jalisco continúan integrando las carpetas de investigación por extorsión, secuestro y delincuencia organizada. En paralelo, el cabildo de Tequila designó el 8 de febrero de 2026 a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcaldesa interina, con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, para garantizar la continuidad administrativa del municipio durante el desarrollo del proceso penal contra el edil morenista.
