Un Tribunal Colegiado otorgó una suspensión definitiva que instruye a autoridades ambientales a realizar acciones de verificación, inspección y protección frente a las obras del Tramo 5 del Tren Maya; obra insignia del sexenio de López Obrador.
Según Guillermo DChristy, presidente del Consejo de la organización SélvameMX, con la resolución legal las autoridades deberán atender las denuncias públicas.
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La orden judicial instruye a la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas de la misma institución a que tomen las medidas necesarias dentro de sus competencias relacionadas con actos de verificación, inspección, conservación y protección respecto de las actividades de construcción del Tramo 5 del Tren Maya de carga.
SélvameMX (que nació como el movimiento de protesta SélvaMeDelTren) ha documentado que los pilotes que sostienen la vía del Tren Maya; de Playa del Carmen a Tulum (correspondiente al tramo 5), están desintegrándose y contaminando el acuífero. Además, registraron en video grandes derrames de cemento y óxido en el fondo de las cuevas en las localidades de Akumal, Chemuyil y Xpu-ha.
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Sin embargo, las obras han seguido y el 19 de febrero de 2026; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Ricardo Vallejo, aseguró que llevan un avance del 25%. Previó que el servicio podría comenzar a prestarse a finales de este año.
Otra obra insignia del sexenio pasado, el viaducto de Tijuana, podría estar terminado en “tres semanas”, según lo expuesto ayer por el secretario de Economía estatal, Kurt Honold Morales. De ser así, nuevamente el plazo que había definido la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se incumpliría, toda vez que el encargado de la obra, Raúl Manzano Vélez aseguró que el tramo de la Garita San Ysidro a Otay, de poco más de 4 kilómetros, abriría a la circulación en febrero.
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A propósito de la inauguración parcial de la vialidad a finales de enero, el ingeniero civil César Ulises López Torres consideró que ésta fue “ociosa” y “prematura”. El integrante del Colegio de Ingenieros Civiles, señaló que antes de abrir a la circulación el tramo del Cañón del Matadero a Zona Centro, debió quedar resuelta la conducción del flujo vehicular en el descenso cercano a la sede municipal del PRI, pues se aglomeran los vehículos.
La nueva vialidad es segura estructuralmente y no representa un riesgo para quienes la usen; sin embargo, pudo ser más funcional puesto que su conformación sólo permite transitarla a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora, cuando debería ser entre 80 y 100 kilómetros, apuntó. Además, el diseño del viaducto tampoco contempló acotamiento, y en su ejecución faltó detallar más las juntas sísmicas y constructiva.
Por otro lado, López Torres criticó que la inversión del viaducto haya ido incrementándose al no estar completado el proyecto. La iniciativa privada iba a invertir 4,500 millones de pesos y con la ejecución del gobierno federal el costo supera ya los 12 mil millones.
