Este martes 3 de febrero un grupo de seis colectivos presentó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), en Tijuana, contra la aplicación de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que entró en vigor el pasado 9 de enero del presente año, que busca obligar a los ciudadanos a proporcionar sus datos personales a empresas de telefonía para vincular su número telefónico y que no se les cancele el servicio.
“Este amparo va en contra de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que entró en vigor en enero de este año, el día 9, y que obliga a usuarios de diferentes empresas de telefonía a registrar sus datos y a vincular una identificación con toda su información y el tema biométrico. Creemos que es una medida desproporcionada, una medida que viola derechos humanos, el derecho a los privacidad, a mantener en secreto los datos personales, el derecho al acceso a la tecnología, porque si no cumples con esta medida, te van a revocar el servicio, te lo van a privar y creo que eso es excesivo”, mencionó el Licenciado Carlos Atilano Peña.
Publicidad
El motivo del rechazo, según el abogado, es la preocupación porque los datos proporcionados a las empresas de telefonía sea mal utilizada, o en caso de hackeo, caigan en manos de delincuentes que la usen para extorsionar, robar y hasta secuestrar a los usuarios.
Publicidad
“La gente tiene desconfianza, porque con justa razón y con antecedentes ha visto que sistemáticamente se pone a disposición de la delincuencia organizada esos datos, entonces son víctimas de robo, de secuestro, de extorsiones y es lo que pretendemos evitar. Esta situación choca con la narrativa oficial del gobierno, que dice que es precisamente para evitarlo. Ya hemos tenido experiencias muy desagradables donde incluso hasta en el extranjero se ha puesto a disposición datos de los ciudadanos, como ha sido el caso de la venta del padrón del Instituto Nacional Electoral”, explicó Atilano Peña.
Publicidad
En concreto lo que se busca con la presentación del amparo es que un Juez Federal declare anticonstitucional la aplicación de dicha reforma, pero mientras eso sucede, de momento solicitan al Juez de Distrito que conceda una medida suspensiva en contra de la medida, a modo de que, en lo que se resuelve el amparo, no se obligue a la ciudadanía a proporcionar a realizar el registro.
“Es importante para buscar que un juez federal nos conceda el amparo y declare que esta normatividad es anticonstitucional. Estamos pidiendo al Juez de Distrito que mientras se resuelva el amparo nos proteja, en el sentido de que no se nos obligue a dar nuestros datos. Entonces, eso es muy importante porque hay un plazo que marca la legislación, de enero a junio tenemos para proporcionar nuestros datos. Lo que estamos haciendo es un llamado, primero a que nos acompañen con el amparo, y dos, a que no den sus datos, a que caigamos en desobediencia, porque vamos a obligar a las compañías a actuar en consecuencia, si van a estar dispuestos a perder miles y millones de clientes por acoger esta normatividad que ha impuesto el gobierno”, expresó Carlos Atilano.
Fue el pasado 8 de diciembre de 2025 que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, una regulación que pretende obligar a vincular, a partir del 9 de enero, cada línea telefónica a una persona física o moral, supuestamente para eliminar el anonimato que permite usar el servicio para cometer delitos.
Sin embargo, cabe aclarar que según la versión del gobierno, a través de la CTR, en el boletín informativo 008/2025, los lineamientos que entraron en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen que los documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas a una persona física, serán credencial de elector o pasaporte y CURP, mientras en el caso de las personas morales deberán otorgar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), no así sus datos biométricos.
Dichos datos serán resguardados por las empresas de telefonía, quienes deberán cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
El registro podrá realizarse de forma presencial en los centros de atención de cada compañía de telefonía o a través de las plataformas digitales que las empresas habiliten. Cabe resaltar que el registro tiene fecha límite hasta el 30 de junio de 2026, por lo que de no realizarlo, al usuario se le suspenderá el servicio dejándolo incomunicado, pues solo podrá realizar llamadas de emergencia.
la Suprema Corte fallo en contra de los datos biometricos que no lo sabran esos colectivos?