Terror sintieron vecinos de la colonia Obrera en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, en una zona de locales comerciales ubicados frente a la Unidad Deportiva sobre la calle Camino Al Faro, luego de que tres locales comerciales fueran consumidos por el fuego y otros más resultaron con afectaciones.
Según fuentes de la Mesa Estatal de Seguridad, durante la noche del sábado 7 y madrugada del domingo 8 de febrero, miembros del crimen organizado le prendieron fuego para afectar presuntamente comercios ligados a las células delincuenciales asentadas en Los Cabos, especialmente ligadas a Los Chapitos.
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“Esto se trató de un ataque a fuentes económicas de una facción a la otra; por muchos es sabido que por ahí se ubican estos llamados minicasinos clandestinos, máquinas tragamonedas, venta de vapeadores y otros comercios, presuntamente con ligas a algunos miembros de la delincuencia organizada. Algunos comerciantes incluso se enteraron de lo ocurrido y manifestaron a las autoridades que sus vecinos les avisaron de la presencia de personas momentos antes de que se quemaran”, afirmó la fuente de la Mesa Estatal.
Fuerzas de seguridad iniciaron con las investigaciones, y aunque no descartaron que se tratara de un accidente, tampoco descartaron la versión de los comerciantes. Justo una de las comerciantes afectadas informó que aunque su negocio sufrió afectaciones menores, teme que estas personas regresen y les quemen el local.
Pidió que las autoridades tengan mayor presencia en la zona y los ayuden a contener cualquier situación que ponga en riesgo su patrimonio.
“El incendio consumió tres negocios, llevándose mucho más que bienes materiales. En estos espacios había historias, recuerdos y el esfuerzo de toda una vida. Se brindó respaldo económico y la gestión para materiales de construcción, para que las y los afectados puedan reconstruir sus negocios. Se trabajó en la limpieza de los escombros que generó el incendio”, asumió Manuel Guerrero, director de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Los Cabos.
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Así como el municipio de Los Cabos hoy se encuentra amenazado en su economía, la Pacífico Norte, el municipio de Comondú y en La Paz, los pescadores y prestadores de servicios turísticos están siendo víctimas del cobro de cuotas para seguir operando las actividades que llevan el sustento a sus hogares. El delito silencioso es el cobro de piso.
Según el Gobierno de Baja California Sur, para seguir de cerca y erradicar la posibilidad del cobro de piso, deben abrirse carpetas de investigación, pero lamentablemente no hay denuncias, y esto tiene que ver con que la gente tiene miedo a denunciar. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 estima que en Baja California Sur existe una cifra negra del 94.3 por ciento para el delito de extorsión, lo que minimiza la posibilidad de que se rompa el silencio.
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El fenómeno del “cobro de piso”, una modalidad de extorsión que implica el pago recurrente a grupos delictivos a cambio de “protección” -más precisamente, para evitar represalias violentas-, se ha convertido en la mayor amenaza para la estabilidad estatal, y cada vez es más visible la problemática; incluso hay mayor aceptación por los ciudadanos y con mayor negativa por las autoridades.
“Tenemos el seguimiento de que el delito del cobro de piso, como comúnmente se llama, no es en nuestro estado; está siendo en el estado vecino, las cooperativas están siendo respaldadas. El tema de las cooperativas lo hemos reforzado por parte de todas las corporaciones de la Mesa de Seguridad”, respondió Luis Alfredo Cansino, secretario de Seguridad Pública Estatal en entrevista reciente.
Añadió el secretario que si bien es cierto que han identificado a personas pidiendo dinero a cambio de beneficios y protección, algunos casos recientes que se han detectado son a personal de Comercio de La Paz, que “cobraban cuota” a nombre de la delincuencia organizada para permitir la venta de alcohol, o bien, otras personas que se hacían pasar por delincuentes en activo para solicitar algún recurso.
“Se han hecho detenciones a gente aquí en los municipios que se identifican como miembros de un grupo delictivo y que realmente no son de grupos delictivos y han hecho cobros a algunas personas. Estamos trabajando de forma coordinada ahí, pero sí la mayoría de las extorsiones son telefónicas y son de Ceresos de otros estados”, comentó en su momento Luis Alfredo Cansino.
Sin embargo, José Luis, prestador de servicios turísticos y pescador, reiteró lo que es muy sabido por el sector pesquero de la parte central y norte de Baja California Sur: que deben trabajar con miembros del crimen organizado, o, de lo contrario, son “tableados”, levantados y/o desaparecidos.
No es que exista una tarifa por la pesca, sino que “el precio está muy tocado” y deben vender el producto al único comprador; en el caso de la prestación de servicios, es un porcentaje por persona que deben aumentar en el costo, que incluso en Puerto Chale en La Paz y en Puerto San Carlos en Comondú ya hubo quejas por los altos precios al turista.
“Estamos hartos de tener que pagar, pero también tenemos mucho miedo, no se puede confiar en que las autoridades nos van a ayudar. Ya hubo en una ocasión el intento por dar aviso al estado y nos fue peor, nos golpearon y nos robaron; por eso recurrimos a ustedes, los medios, que esta voz se haga grande y nos escuchen, pero no sólo eso, que hagan algo al respecto”, lanzó José Luis.
Explicó que en las comunidades pesqueras, donde actualmente hay avistamiento de ballena gris, es notoria la afectación a la economía por la presencia de grupos criminales, los cuales ya están administrando las operaciones en los puertos.
Confiaron en que el personal administrativo de los Ayuntamientos, de la Administración Portuaria Integral (API) y de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) son los primeros en enterarse, incluso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de las Policías Municipales, sólo no han intervenido y mucho menos han pasado el mensaje de los afectados.
“Puerto Chale, López Mateos, Almejas y San Carlos, en esta temporada de ballena tenemos que participar con los de la maña; ellos son los que controlan los viajes. Qué decir de Cabo San Lucas, ahí está la mera lana para ellos; el Gobierno lo sabe y no hacen nada. Les hemos dicho a los policías y nomás nos dicen que no pueden hacer nada; eso de que ocupan denuncias para saber que hay cobro (de piso), es mentira, ya saben quiénes y los siguen dejando trabajar. Y a nosotros, ¿cuándo nos van a dejar trabajar? También nuestras vidas valen”, concluyó el pescador.
POR QUÉ NIEGAN EL COBRO DE PISO: SORIANO
Bernardo Soriano Castro, exsubprocurador de Atención de Delitos de Alto Impacto (SADAI) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y hasta unos días director del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales, fue despedido por ventilar temas críticos, delicados y que el actual gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío ha mantenido como inexistente.
El excolaborador de SADAI ventiló que el cobro de piso es una realidad hoy en día en Baja California Sur, y que diariamente lo están padeciendo los comerciantes.
“¿Cómo es posible que ahora el crimen organizado en estos tiempos se meta con las personas que ni se dedican a la venta de droga? A la gente que tiene sus pobres tiendas, sus negocios. También esa farsa de que no hay cobro de piso, es una mentira. A mí me tocó combatir el cobro de piso, me tocó agarrar a personas vinculadas a todo esto, no sé por qué dicen que no hay cobro de piso, que no hay extorsiones, si me tocó llevar asuntos de secuestro en Baja California Sur”, sostuvo Bernardo Soriano.
La PGJE respondió a cada uno de los señalamientos que el exservidor público ventiló en redes sociales; primeramente fue removido del cargo a partir del 16 de febrero por la pérdida de confianza.
“Fue destituido de su cargo por pérdida de confianza al considerar que violó los principios de legalidad, profesionalismo y lealtad a la institución, divulgando públicamente información fuera de los casos que legalmente le están autorizados, emitiendo además opiniones públicas que implican prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento, pero no de su competencia legal e institucional, quebrantando con ello la reserva que como funcionario público debía guardar y mantener por disposición legal, por lo cual ya previamente se le había llamado la atención”, compartió la Procuraduría.
Otro de los puntos delicados, dados a conocer por el extitular de SADAI se refiere a la queja/denuncia que presentara la empresa “Tecate” en el 2024, la cual señala que cerca de 290 negocios fueron visitados por la delincuencia organizada, y en un análisis que realizó la empresa cervecera, detectaron que el 23 por ciento de los comercios de este universo ya vendían cajetillas de cigarros que distribuía el crimen organizado.
Hizo mención no sólo de la venta de cigarros, sino de otros productos, venta de alcohol y hasta prostitución, que esto ya está bajo investigación de la PGJE, según Antonio López.
“Vamos a estar como Michoacán, vamos a estar como Tamaulipas, que extorsionan a los limoneros, que extorsionan a los empresarios; se van a ir sobre los hoteleros, así como se están yendo sobre las personas que tienen Tecate Six: los obligan a comprar cigarros, a vender sus vapeadores, les cobran después de tal hora la venta de cerveza, a las prostitutas les ponen brazaletes”, exhibió Soriano.
A su vez, la denuncia pública de Bernardo Soriano y que supuestamente está afectando a comerciantes, pescadores y prestadores de servicios turísticos, fue tomada en cuenta por el procurador Antonio López Rodríguez.
López Rodríguez informó que se abrió una carpeta de investigación para dar seguimiento al cobro de piso y se mantienen en espera de los datos generales que el exfuncionario ventiló.
“Se tomó en consideración su denuncia pública respecto a la supuesta existencia del delito de extorsión en la modalidad de cobro de piso en el estado, que en las mismas expresiones manifestó, aperturándose carpeta de investigación a fin de que se investiguen los hechos, ya que, por ellos, hasta el momento el ahora exfuncionario no había presentado ninguna denuncia formal ante el Ministerio Público; no obstante, es de saber que la Ley señala que quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la Ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, sin que hasta el momento los haya proporcionado”, sostuvo Antonio López.
Aunque Bernardo Soriano se resistió a la destitución del cargo, aseguró que los temas ventilados son parte de su preocupación; incluso habló de promoverse como figura política, pero dejó en claro que el externar su opinión sólo era hacer referencia a los graves problemas a los que se enfrentan los agentes ministeriales y la necesidad de un mayor equipamiento.
“Yo iba a pugnar porque de verdad se fortaleciera la figura del Ministerio Público, porque se le pagara al Ministerio Público que arriesga su vida lo que debe ser, porque tuviera seguridad. Yo tendría a los policías de Baja California Sur mejor pagados de la región noroeste, desde policías municipales, estatales, ministeriales”, finalizó Soriano.
