Un grupo de residentes del fraccionamiento Laderas del Mar emitió este sábado 14 de febrero señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y un supuesto intento de despojo, en el contexto del cambio de administración ocurrido el 11 de febrero en la privada, un día después de que otros vecinos los acusaran de una presunta toma irregular de la administración y la caseta de seguridad.
A las afueras de los condominios, inquilinos denunciaron haber sido “estafados” por Carlos Reyes, entonces administrador y abogado de bienes raíces de la privada, a quien acusan de presunto mal manejo de fondos y despojo de bienes.
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Según Sandra Urbina Toro, propietaria de un inmueble en el fraccionamiento, habría sido víctima de un intento de despojo por parte de Reyes, quien presuntamente rentó su departamento sin que ella recibiera ganancias.
“Cuando entré al departamento ya no había muebles; la inquilina se había ido. Llegó el nuevo dueño con su abogado y la policía, me llevaron ante el juez y me dijeron que tenía que arreglarlo por la vía civil. Me pidieron que saliera o me iban a arrestar. Ahí empezó mi agonía para recuperar mi departamento”, denunció la propietaria, quien posteriormente recuperó el inmueble.
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Toro también negó que hayan ingresado personas armadas a las instalaciones o que se haya amenazado o agredido al personal de la administración anterior, como se ha señalado.
Por su parte, Jesús Medina, representante del comité vecinal provisional tras la salida de la antigua administración, comentó que el cambio se realizó a raíz de presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto destinado al mantenimiento de los edificios, así como por señalamientos de presuntos actos de violencia entre Reyes y trabajadores.
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“En lo que a mí respecta, yo estoy ante la presencia de muy malas prácticas por parte de él. Malas prácticas en cuanto a administración fraudulenta. No entrega reportes, no hace una rendición de cuentas claras, en qué se gasta el dinero, cuánto ingresa, no entrega nada”, expresó Medina.
En materia de recursos, residentes también cuestionaron el pago de 9 mil pesos por condominio para trabajos de pintura en 120 departamentos, lo que representaría un monto superior al millón de pesos.
Medina señaló que, tras solicitar una cotización posterior, el mismo trabajo podría realizarse por alrededor de 400 mil pesos.
Respecto al involucramiento del despacho “López Ortiz y Asociados”, a cargo de Christian Pablo López, en la asesoría jurídica a Sandra Toro para recuperar su departamento, vecinos indicaron no sentirse cómodos con su presencia.
En relación con estos señalamientos, Uriel Álvarez, quien dijo representar legalmente a Toro, señaló que la presencia de López en el fraccionamiento tuvo como único propósito entrevistarse con personal de seguridad ante la necesidad de reforzar el número de elementos, y que no hubo intento de tomar posesión del lugar ni actos de violencia.
En cuanto a la empresa Centinela Seguridad Privada, una vecina cuestionó que su contratación no fuera consultada con la totalidad de los habitantes del fraccionamiento y expresó preocupación por presuntos procesos abiertos en su contra.
“Hay procesos abiertos en la fiscalía, con número y nombre. Esa información es pública. ¿Cómo puedo decir que no es fraudulento? A mí me preocupa que la persona que custodia mi puerta obedezca a una empresa asociada a esos procesos”, manifestó.
Por su parte, otro de los residentes, señaló que el conflicto responde a una disputa entre Reyes y Toro y que, afirmó, se está involucrando al resto de los residentes a partir de ese conflicto. Además, cuestionó a quienes gestionaron estas acciones por presuntos actos de amenazas hacia personal de la administración anterior por parte de López y su equipo.
