En el contexto de una escalada de violencia contra trabajadores del sector extractivo, cámaras empresariales y asociaciones mineras exigieron justicia, garantías de seguridad y la localización con vida de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, tras el secuestro de 10 trabajadores vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver el 23 de enero de 2026. Las organizaciones empresariales pidieron que el caso no quedara impune, demandaron resultados de las investigaciones en curso y reclamaron la actuación plena de las instituciones de seguridad y justicia en esa región del país.
De acuerdo con reportes oficiales y versiones de autoridades ministeriales, la Fiscalía General de la República localizó restos humanos en fosas clandestinas en zonas cercanas al municipio de Concordia, lo que incrementó la exigencia de justicia por parte de empresas, cámaras y familiares de los trabajadores. La institución mantiene abiertas las indagatorias para determinar cuántos de los cuerpos corresponden a los mineros privados de la libertad y para establecer responsabilidades penales por los delitos de desaparición y homicidio en agravio del personal vinculado al proyecto minero.
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Las cámaras y asociaciones del sector minero señalaron que los hechos registrados en Concordia impactan directamente en proyectos en fase de exploración y explotación, y advirtieron que la inseguridad representa un riesgo permanente para trabajadores y empresas en regiones serranas y rurales. Los organismos empresariales insistieron en que la seguridad laboral debe convertirse en una prioridad nacional y que la actuación de las autoridades de procuración de justicia será observada con rigor, tanto por el sector privado como por inversionistas nacionales y extranjeros.
En este escenario, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que no se tenía registro previo de denuncias por extorsión o amenazas contra la empresa Vizsla Silver ni contra sus trabajadores antes del secuestro de los mineros en Sinaloa. El funcionario explicó que el delito de extorsión se atiende de manera prioritaria a nivel nacional y detalló que, como parte de estas acciones, se detuvo a más de 800 personas en 24 estados del país, cifra que corresponde a operativos generales y no exclusivamente al caso de Concordia. Añadió que las investigaciones continúan en coordinación con las fuerzas armadas y las autoridades ministeriales para esclarecer los hechos y detener a los responsables.
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Empresas del ramo minero, así como organizaciones del sector, subrayaron que la violencia registrada en Concordia se suma a otros episodios de agresiones contra trabajadores en distintos puntos del país, lo que ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad en zonas de explotación y exploración. Los representantes empresariales plantearon que, sin un entorno mínimo de seguridad y Estado de derecho, la operación de proyectos mineros y la continuidad de inversiones pueden verse comprometidas, especialmente en regiones donde confluyen presencia criminal y actividades productivas estratégicas.
En paralelo a las demandas de seguridad, el 9 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que más de 200 concesiones mineras en manos de empresas privadas serán devueltas de manera voluntaria al Estado mexicano, al tratarse de títulos que no se encontraban en explotación ni en operación productiva. La mandataria nacional explicó que el objetivo es evitar que permanezcan concesionadas superficies sin actividad extractiva, mantener los niveles actuales de producción de metales como plata y oro y avanzar en la protección de recursos naturales sin otorgar nuevas concesiones mineras. Indicó que la devolución se realizará sin actos de autoridad, mediante acuerdos voluntarios con los concesionarios, y adelantó que Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), detallará el proceso administrativo para formalizar la recuperación de estos títulos por parte del Estado mexicano.
