Trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp. revelaron que desde 2025 integrantes de grupos criminales los asediaron de manera sistemática en la zona del Proyecto Pánuco, ubicado en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde el 23 de enero de 2026 un comando armado secuestró a 10 de sus compañeros. De las víctimas, cinco fueron halladas sin vida en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el mismo municipio, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los trabajadores narraron bajo anonimato, durante una entrevista en el programa de Juan Carlos Zúñiga, en Uniradio Sonora, que pese a haber advertido a la empresa respecto a la situación de inseguridad, nadie impidió que los sicarios revisaran las camionetas de los empleados, volaran drones en las áreas de trabajo e incluso los amenazaran de forma directa. “Tuvimos algunos encuentros con grupos delictivos que nos revisaban vehículos, volaban drones en áreas donde estábamos trabajando, incluso en el paro técnico que hubo el año pasado nos dijeron: por favor sálganse que no podemos garantizar su seguridad”, narró uno de los mineros.
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Otro de los entrevistados relató que los integrantes de grupos criminales les solicitaron cambiar el color de sus chalecos de trabajo, de naranja a amarillo, para que una de las facciones pudiera identificarlos y no los agrediera. “Esa zona es de conflicto, una zona de guerra básicamente, ellos llegaban y nos decían por favor retírense, no podemos garantizar su seguridad”, declaró. Según los testimonios, desde 2025 existieron amenazas para que la empresa abandonara sus actividades, aunque Vizsla Silver no detuvo sus operaciones. En abril de ese año, la compañía pausó temporalmente los trabajos de campo en el Proyecto Pánuco por las condiciones de seguridad en la región, pero los reactivó un mes después.
Los mineros descartaron que el secuestro del 23 de enero de 2026 pudiera atribuirse a una confusión, como señalaron las autoridades, dado que el plagio ocurrió entre las 6:30 y 7:30 de la mañana en la residencial La Clementina, un complejo habitacional que funcionaba como campamento de descanso para los trabajadores de la empresa. “En esa situación no creo que se hayan confundido, porque los levantaron desde su cama en Clementina, un residencial que se rentaba para el campamento, ellos sabían perfectamente a dónde iban, con quién iban y se los llevaron de sus casas”, explicó uno de los trabajadores.
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La versión oficial, sin embargo, difiere de los testimonios de los mineros. Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó el 10 de febrero de 2026, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que los 10 trabajadores fueron plagiados por una célula de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, al confundirlos con integrantes del grupo antagónico de “Los Mayos”. “Lo que mencionan es que fueron confundidos, las primeras declaraciones de los detenidos, con integrantes de un grupo antagónico”, declaró García Harfuch. El titular de la SSPC Federal precisó que cuatro presuntos responsables fueron detenidos por el Ejército Mexicano y descartó que existieran denuncias o quejas previas de extorsión contra los trabajadores de la mina. “No hay denuncia o queja de que fueran extorsionados”, afirmó el funcionario federal, quien anticipó que las investigaciones arrojarían más detenciones.
La FGR, en su comunicado 069/26 del 9 de febrero de 2026, confirmó la localización de 10 cuerpos en un predio de la localidad de El Verde, municipio de Concordia, de los cuales cinco fueron identificados: Jesús Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Ángel Hernández Vélez y José Antonio Jiménez Nevárez. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Los cuerpos identificados serían trasladados a sus estados de origen —Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero— para ser entregados a sus familias, mientras los trabajos periciales para el reconocimiento de los cinco restantes continuaban.
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La presidenta Sheinbaum Pardo señaló que desde el primer momento instruyó un reforzamiento en la zona con el despliegue de mil 190 efectivos militares, tres helicópteros y dos aviones. “Hay detenidos en este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron la información que después se tuvo, se está investigando todo y en contacto con la minera”, declaró la mandataria nacional, quien además solicitó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que, en coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa, mantuviera comunicación con las familias de las víctimas. La titular del Poder Ejecutivo Federal también instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con la Cámara Minera de México para conocer las necesidades de seguridad del sector y reforzar el apoyo.
La Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham), que representa los intereses de negocios canadienses en el país, emitió un comunicado en el que manifestó su profunda consternación ante los hechos y pidió a las autoridades mexicanas garantizar la seguridad en Sinaloa para que las actividades productivas de sus agremiados pudieran realizarse. “Hacemos un llamado a que las instituciones responsables actúen con la diligencia y determinación que la gravedad de los hechos demanda, garantizando en todo momento la justicia y el Estado de Derecho”, señaló la CanCham. La agrupación advirtió que la seguridad y la integridad de quienes integran el sector productivo son condiciones indispensables para el desarrollo y la colaboración que promueve la industria. “Consideramos que un entorno de certidumbre y paz es esencial para el bienestar de las personas y el crecimiento de la industria”, indicó.
La CanCham expresó su respaldo y solidaridad con Vizsla Silver Corp., empresa que forma parte de sus agremiados, así como sus condolencias a las familias de las víctimas. “Expresamos nuestro firme respaldo y solidaridad con la empresa y nuestro socio Vizsla Silver Corp ante esta difícil situación, así como nuestras más sinceras condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de quienes han resultado afectados”, indicó la cámara empresarial.
Por su parte, la empresa Vizsla Silver Corp., con sede en Vancouver, Canadá, informó el 9 de febrero de 2026 que fue notificada por familias de las víctimas respecto a la localización sin vida de sus colaboradores. Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la compañía, declaró que la empresa se encontraba “devastada por este desenlace y la trágica pérdida de vidas” y expresó condolencias a las familias, amigos y compañeros de trabajo, así como a la comunidad de Concordia. La minera señaló que mantenía comunicación con las autoridades mexicanas y que sus esfuerzos continuaban enfocados en la localización con vida de los cinco trabajadores que permanecían sin ser identificados. Las acciones de la compañía, que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Nueva York bajo la clave VZLA, registraron una caída de 11.30 por ciento el 9 de febrero de 2026.
El Proyecto Pánuco, operado por Vizsla Silver en Concordia, cuenta con un financiamiento internacional de 300 millones de dólares y alberga el mayor recurso de plata de alto grado sin desarrollar en el mundo, con reservas estimadas de 326 millones de onzas de plata. La empresa preveía iniciar la fase de construcción en 2026 y alcanzar la producción comercial en la segunda mitad de 2027, con una producción anual estimada de 17.4 millones de onzas equivalentes de plata. Las operaciones fueron suspendidas de forma temporal tras el secuestro.
La zona sur de Sinaloa, donde se ubica el proyecto, se encuentra inmersa en una disputa territorial entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, facciones del Cártel de Sinaloa, un conflicto que se intensificó desde septiembre de 2024 y que se extiende por el sur, centro y norte de la entidad. El sector minero nacional, integrado por la Cámara Minera de México (CAMIMEX), la CanCham, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y clústeres mineros de Sonora, Zacatecas, Sinaloa y Chihuahua, emitió un comunicado conjunto en el que calificó como inaceptable la agresión contra los trabajadores y exigió al Gobierno garantías reales de seguridad para quienes laboran en regiones mineras.
