16 hallazgos y 19 cadáveres, el vestigio de lo que no se hizo durante 4 años en la administración de Marina del Pilar Ávila y Norma Bustamante
En el año 2019, cuando Marina Ávila Olmeda asumió la alcaldía de Mexicali, la Capital no tenía un grupo criminal preponderante que dirigiera todas las actividades ilícitas. De hecho, se tenía conocimiento que la influencia del Cártel de Sinaloa era importante, pero la zona se consideraba un santuario de familias, negocios y allegados a los líderes de los grupos delictivos. Las ejecuciones eran controladas y -en vox pópuli– se conocía que los secuestros, los asesinatos a políticos, empresarios y policías, estaban prohibidos, o al menos tenía que pedirse permiso y autorización para hacerlo.
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Hubo perfiles criminales como Víctor Serrano, alias el G1; Cenobio Flores, alias el 6; Bernardo Antonio Linares, conocido como el Tony; la familia Garibay, e incluso podemos remontarnos a otros criminales de antaño como Miguel Barraza y el mismo Gilberto Higuera, alias el Gilillo. Todos ellos tuvieron influencia y poder, pero ninguno alcanzó el dominio del grupo delictivo de los Rusos, que a partir del año 2020 se convirtió en amo y señor de prácticamente todas las actividades ilícitas que ocurren en Mexicali y su valle.
Los Rusos hicieron lo que nadie: crear una plaza criminal donde toda actividad ilícita pasara por su mesa. Desde el narcotráfico, narcomenudeo, tráfico de personas, hasta la venta de cerveza clandestina, máquinas tragamonedas y demás negocios ilícitos.
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Mientras los políticos de Morena se dedicaban a eso, a hacer política, el grupo delictivo que se refugió en Mexicali, se enquistó y comenzó a crecer; y con ello, las consecuencias de no impedir la omnipresencia de un grupo criminal.
Todas las omisiones cometidas durante este periodo por los encargados de la seguridad de Mexicali, desde Ricardo Iván Carpio, Pedro Ariel Mendívil, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, Gilberto Landeros Briceño, entre otros comandantes y mandos de segundo nivel, así como los actuales mandos, Ma. Elena Andrade y Luis Felipe Chan, minimizaron la intervención del grupo delictivo.
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Esas omisiones en momentos importantes concluyen hoy con los hallazgos en la zona despoblada de la colonia Miguel Alemán, cuyos restos datan desde el año 2022, pero que los más recientes corresponden a personas reportadas como desaparecidas en noviembre del 2025, es decir, dos meses antes del primer hallazgo.
De contarse los 19 cadáveres hallados en Miguel Alemán, Zona Norte, con los 22 de Zona Sur (las fosas del 2023 y del 2025), estaríamos hablando de más de 40 cadáveres y en una esperanza para varias familias que no buscan justicia (porque ya lo consideran un lujo), sino certezas. Para dimensionar, la Presidencia del priista Enrique Peña Nieto estuvo a punto de colapsar con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el año 2014; y más de 10 años después, en una misma comunidad en Mexicali estamos a punto de alcanzar esa cifra.
Esto no es obra de los “gobiernos del pasado” o del contubernio de los panistas y priistas con los cárteles de la droga. Lo se vive en Miguel Alemán es historia reciente, vigente; forma parte de las consecuencias de lo que no se hizo, además de demostrar lo frágil que es la seguridad en un municipio como Mexicali, donde, hoy en día, decir “La Bandera” o “La Empresa” es clave suficiente para permitir que te salgas con la tuya en alguna actividad criminal.
Más allá de lo que se sabe del grupo delictivo emanado del Cártel de Sinaloa, lo que se debe señalar es lo que no se hizo, lo que se permitió. Policías municipales fueron contactados con los grupos delictivos y se volvieron parte de su nómina; 10 jóvenes fueron desaparecidos de una zona de antros sin consecuencia alguna; asesinatos de vendedores de droga al menudeo, traficantes de personas y hasta de concesionarios de venta de droga en los baños de antros, para tener un control. Varias fosas clandestinas conocidas, como Miguel Alemán, el Rancho Huesos de los Algodones, la del Ejido Netzahualcóyotl, entre otras. Todo esto, como consecuencia de no actuar de forma contundente cuando se tenía el control de las calles.
Los gobiernos estatal, municipal y federal, tuvieron muchas advertencias, pero les ganó la política, la frivolidad, la normalización de la violencia y se empaparon de encuestas a modo y eventos plagados de acarreados para legitimarse. Hoy, las consecuencias se pagan y a pesar de que es una realidad que existe -al menos en números- una reducción de homicidios, robo de vehículos, asaltos y demás, la percepción ciudadana originada por la impunidad y los delitos de alto impacto, demuestran el descrédito y falta de legitimación que existe -al menos en el tema de seguridad- hacia los gobiernos morenistas.
