El 9 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno Federal revisará el posible ingreso a México de municiones calibre .50 de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos, después de que una investigación periodística internacional documentó el empleo de ese tipo de cartuchos por parte de cárteles en ataques contra civiles y corporaciones policiales en territorio mexicano. La mandataria nacional señaló que la revisión incluye el análisis de un reportaje elaborado por The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que se detalla el uso de munición fabricada para el Ejército estadounidense e introducida de contrabando a México.
Durante una conferencia en Palacio Nacional el 9 de febrero de 2026, la presidenta de la República explicó que su administración ya revisa el reporte periodístico para establecer un diálogo con el Gobierno de Estados Unidos respecto a la ruta de ingreso de cartuchos calibre .50 producidos en una planta militar de ese país, que han sido asegurados en escenas del crimen vinculadas con organizaciones delictivas mexicanas. Sheinbaum Pardo precisó que el objetivo del análisis consiste en aclarar cómo municiones de uso exclusivo del Ejército estadounidense estarían cruzando la frontera hacia México, así como determinar responsabilidades y posibles medidas binacionales para frenar ese flujo.
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Según la investigación difundida el 7 de febrero de 2026, los cárteles han utilizado munición calibre .50 producida en la planta Lake City Army Ammunition Plant, propiedad del Gobierno de Estados Unidos y operada por un contratista privado, localizada en las afueras de Kansas City, Missouri. De acuerdo con datos de autoridades estadounidenses obtenidos mediante solicitudes de información, desde 2012 se han incautado más de 40 mil 370 cartuchos calibre .50 en estados fronterizos con México y, entre 2019 y 2024, más de 36 mil cartuchos de ese calibre, de los cuales aproximadamente un tercio fue identificado como procedente de Lake City.
La publicación internacional documentó que investigadores y autoridades mexicanas han encontrado casquillos con la inscripción “Lake City” o las siglas “LC” en escenas relacionadas con ataques perpetrados con rifles calibre .50 contra civiles, policías y fuerzas armadas en distintas regiones del país. El reportaje señala que los acuerdos entre el Ejército estadounidense y las empresas privadas que administran la planta han permitido que la munición calibre .50 y sus componentes ingresen al mercado minorista en Estados Unidos, lo que facilita su adquisición por intermediarios que posteriormente la introducen de contrabando a México.
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En su posicionamiento, la titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que el Gobierno de México considera indispensable establecer responsabilidades respecto a la presencia en territorio nacional de munición diseñada para uso militar, en particular aquella asociada a ataques en los que resultaron muertos elementos policiales y civiles. En ese contexto, la mandataria nacional adelantó que se buscará un intercambio de información con autoridades estadounidenses sobre la producción, venta al público y controles aplicados a los cartuchos calibre .50 fabricados en instalaciones militares, incluyendo el registro de lotes y las rutas de comercialización.
El reportaje también consigna que el Gobierno de México ha adquirido munición producida en la planta de Lake City, aunque no detalla los calibres específicos, lo que abre una línea adicional de revisión para las autoridades mexicanas respecto a contratos de compra y trazabilidad de esos insumos. La investigación periodística describe que este tipo de munición, comparable en tamaño a un puro mediano y diseñada para destruir vehículos y aeronaves ligeras, se encuentra disponible para civiles en Estados Unidos y ha sido utilizada por grupos criminales en ataques donde se han registrado derribo de helicópteros, perforación de vehículos blindados y muertes de agentes de seguridad.
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En el cierre de su posicionamiento del 9 de febrero de 2026, Sheinbaum Pardo subrayó que el análisis del reporte y el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos formarán parte de una agenda más amplia en materia de tráfico de armas y municiones que, según su administración, requiere acciones adicionales del país vecino para reducir el flujo de equipo bélico que termina en manos de cárteles mexicanos. La presidenta de la República sostuvo que los resultados de la revisión y las eventuales medidas bilaterales se darán a conocer una vez que concluyan los intercambios técnicos y diplomáticos con las autoridades estadounidenses competentes.
