El 11 de febrero de 2026, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos levantó el cierre temporal del espacio aéreo sobre el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, ordenado horas antes por “razones especiales de seguridad” y que había suspendido todos los vuelos durante un periodo inicialmente previsto de 10 días, del 10 al 20 de febrero de 2026. La Casa Blanca atribuyó la decisión original a la incursión en el espacio aéreo estadounidense de drones pertenecientes a un cártel mexicano y a una operación militar del Departamento de Defensa en la zona de Fort Bliss, mientras que la FAA afirmó que, tras la intervención de las autoridades, no existía amenaza para la aviación comercial.
Según avisos para misiones aéreas (NOTAM, por sus siglas en inglés) publicados en el sitio oficial de la FAA, la restricción temporal de vuelo entró en vigor el 10 de febrero de 2026 a las 23:30 horas tiempo de montaña y se extendería hasta la misma hora del 20 de febrero, abarcando un radio de 10 millas náuticas alrededor de El Paso, desde la superficie hasta una altitud de 17 mil 999 pies, sin incluir el espacio aéreo mexicano. La medida también alcanzó la zona de Santa Teresa, Nuevo México, e implicó la suspensión de todas las operaciones de aeronaves comerciales, de carga y de aviación general en una de las principales ciudades fronterizas entre Estados Unidos y México.
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Horas más tarde, la FAA informó en su cuenta oficial en la red social X que “se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso” y añadió que “no existe amenaza para la aviación comercial” y que “todos los vuelos se reanudarán con normalidad”, mensaje que fue replicado en español por la Embajada de Estados Unidos en México. El Aeropuerto Internacional de El Paso comunicó en sus redes sociales que la orden federal se emitió “con poca antelación”, confirmó que todos los vuelos se habían mantenido en tierra desde la noche del 10 de febrero y pidió a los pasajeros contactar a sus aerolíneas para conocer el estado de sus itinerarios.
Un funcionario del Gobierno Federal estadounidense señaló que drones de un cártel mexicano violaron el espacio aéreo de Estados Unidos y que el Departamento de Defensa tomó medidas para neutralizarlos, después de lo cual la FAA y esa dependencia determinaron que no existía riesgo para los vuelos comerciales. Medios estadounidenses indicaron, con base en fuentes informadas, que el cierre respondió a operaciones militares vinculadas a los cárteles de la droga desde instalaciones de Fort Bliss y del aeródromo militar Biggs Army Airfield, donde se habrían probado sistemas de contramedidas contra drones, incluyendo tecnología láser, en zonas adyacentes a las rutas de vuelo civiles.
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La clasificación del espacio aéreo sobre El Paso como “Espacio Aéreo de Defensa Nacional” permitió a las autoridades advertir en los NOTAM que las aeronaves que violaran las restricciones podrían ser interceptadas, sus pilotos detenidos y sometidos a investigación, e incluso que el Gobierno de Estados Unidos podría usar fuerza letal si un aparato representaba una amenaza de seguridad inminente. Las disposiciones incluyeron la advertencia de posibles sanciones administrativas y cargos penales para quienes no cumplieran con la prohibición de ingresar al área restringida durante la vigencia de la orden original.
La medida provocó inquietud entre autoridades locales y representantes políticos de la región, que aseguraron no haber recibido aviso previo sobre el cierre de 10 días. La congresista demócrata Verónica Escobar, cuyo distrito incluye El Paso, calificó la decisión de la FAA como “sin precedentes” y afirmó que “cerrar el Aeropuerto de El Paso durante 10 días” generó una preocupación significativa en la comunidad, al tiempo que enfatizó que la información recabada por su oficina indicaba que no existía una amenaza inmediata para la población ni para las áreas circundantes. Por su parte, el concejal Chris Canales señaló en redes sociales que ninguna autoridad local fue notificada de antemano y que no se hicieron excepciones ni siquiera para vuelos militares durante la vigencia del aviso inicial.
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El alcalde de El Paso, Renard Johnson, manifestó que la restricción aérea impactaría la economía regional y la conectividad de la ciudad, y después de que la FAA revirtió la orden declaró que la suspensión de 10 días “nunca debió haber ocurrido”, de acuerdo con declaraciones recogidas por medios locales. Southwest Airlines y otras aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de El Paso suspendieron temporalmente sus vuelos hacia y desde la terminal, mientras ajustaban sus itinerarios y notificaban a los pasajeros afectados.
Datos oficiales del propio aeropuerto señalan que el tráfico de pasajeros en El Paso alcanzó aproximadamente 3.49 millones de usuarios durante los primeros 11 meses de 2025, y que la terminal presta servicio a aerolíneas como Delta Air Lines, United Airlines Holdings, American Airlines Group y Southwest Airlines, entre otras compañías regionales. El Paso se describe como la puerta de entrada al oeste de Texas, el sur de Nuevo México y el norte de México, con una población cercana a 700 mil habitantes en su área metropolitana al integrar a la vecina Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que refuerza la relevancia logística y comercial de la terminal aérea.
El cierre del espacio aéreo se produjo en un contexto de creciente preocupación en Estados Unidos y México por el uso de drones por parte de cárteles del narcotráfico en la frontera común. Desde febrero de 2022, autoridades estadounidenses han detectado más de 155 mil vuelos de drones procedentes de territorio mexicano, empleados para vigilar operaciones de la Patrulla Fronteriza, recolectar información sobre despliegues de seguridad, coordinar cruces de personas y contrabando de drogas, e incluso transportar cargamentos de narcóticos en sectores como Ciudad Juárez y El Paso.
Organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa han incrementado el uso de drones modificados con explosivos para ataques contra grupos rivales y fuerzas de seguridad en diversas regiones de México, lo que ha motivado presiones adicionales de Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad aérea y control de dispositivos no tripulados en la frontera. Autoridades de seguridad han advertido que, aunque no se han registrado de forma sistemática ataques con drones armados en territorio estadounidense, la combinación de vigilancia, transporte ilícito y capacidad potencial de ataque convierte a estos artefactos en un factor de riesgo en la región fronteriza.
En este marco, el 16 de diciembre de 2025, los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un mecanismo de interconexión de inteligencia para combatir los llamados “narcodrones” en la frontera, durante una reunión del Grupo de Implementación de Seguridad celebrada unos días antes, el 11 de diciembre de 2025. Según información difundida sobre ese acuerdo, las autoridades de seguridad de ambos países establecieron protocolos para compartir en tiempo real datos sobre vuelos de drones sospechosos y coordinar respuestas conjuntas, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reportó un número elevado de incursiones de drones a baja altura en la franja fronteriza en 2024.
Fuentes estadounidenses consultadas por medios internacionales indicaron que la operación militar vinculada al cierre del espacio aéreo en El Paso se insertó en este esfuerzo más amplio de vigilancia y neutralización de drones empleados por cárteles, aunque hasta el momento las autoridades no han precisado cuántos aparatos participaron ni los detalles específicos de las acciones para desactivarlos. La falta de información pública detallada sobre la naturaleza de la amenaza, combinada con la rapidez con la que la FAA primero ordenó un cierre de 10 días y luego lo revocó en cuestión de horas, generó especulaciones entre residentes y especialistas en seguridad aérea respecto a la coordinación interinstitucional en situaciones de riesgo en la frontera.
Hasta la mañana del 11 de febrero de 2026, la FAA mantenía que no existía amenaza para la aviación comercial en el área de El Paso y que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de esa ciudad se reanudarían con normalidad, mientras persistían algunas restricciones específicas sobre la zona de Santa Teresa, Nuevo México, asociadas a la misma categoría de espacio aéreo de defensa nacional. En los próximos días, se prevé que las autoridades federales enfrenten solicitudes de información de legisladores y gobiernos locales para aclarar los criterios que llevaron al cierre inicial y la forma en que se aplicará la coordinación bilateral con México en futuros incidentes relacionados con drones en la frontera.
