El presidente del TSJE, Alejandro Fragozo López, desbordado de poder, aparte de apoderarse de la Contraloría del Poder Judicial, asesta un madruguete para quedarse con el resguardo de la transparencia
Alejandro Isaac Fragozo López, titular indiscutible y perpetuado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de Administración, bien podría ser nombrado el “todas mías”, a partir de la reforma judicial de la que fue uno de los más beneficiados en Baja California.
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Y el comentario no es una referencia a su vida personal, pues… no es temática del trabajo y análisis periodístico, sino que se trata de las facultades y atribuciones que, en contubernio con el Consejo de Administración y el Congreso de Baja California, se ha regalado a sí mismo, como una estrategia de acumulación de poder. Hoy, el magistrado tiene más control que -incluso- la exmagistrada María Esther Rentería, la primera en perpetuarse en el poder.
Desde que se constituyó el “nuevo” Poder Judicial, el magistrado “todas mías” se ha apoderado de todas las áreas de la institución, comenzando con extender su mandato hasta por 13 años, sí así lo desea; y por nombrarse titular del TSJE y del Consejo de Administración de manera simultánea, cuando a nivel federal el Órgano de Administración Judicial es dirigido por Néstor Vargas Solano, el cual es independiente al ministro Hugo Aguilar.
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Por si no fuera suficiente, Fragozo, en contubernio con los diputados morenistas encabezados por Juan Manuel Molina, también se “regaló” la facultad de repartirse nombramientos de jueces de manera libre, burlándose descaradamente del espíritu de la reforma emprendida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La nueva travesura del magistrado Fragozo López es la de robarse las facultades de la Transparencia y Datos Personales, que debería tener el Tribunal de Disciplina Financiera, encabezado por la abogada Guadalupe Ricardo, así como el Órgano Interno de Control del Poder Judicial, dos entes que fundamental deberían recaer en el nuevo organismo encargado del combate a la corrupción y las malas prácticas.
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En la “travesura” signada por el secretario general del Consejo de Administración, Óscar Julián Peralta Hoyo, se modificó el Reglamento Interno del Consejo de Administración en sus artículos 3 y 58 para que sea dicha institución que se encargue de la investigación de faltas administrativas y de la transparencia y protección de datos personales.
Esto, pese a que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública -y su homólogo local- establece al Tribunal de Disciplina como el ente encargado de investigar irregularidades y también de hacerse cargo de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.
A nivel federal y local, la Ley así coloca la distribución de facultades, pero Fragozo López, decidió que, mediante un reglamento, tenía la posibilidad de controlar los datos referentes a la transparencia y la investigación interna, toda vez que así podría tener mayor control de la información que se genera.
Sí de por sí es bien conocido que la política de Fragozo y de su jefa de Comunicación Social, Adriana Contreras, es siempre la de restringir y bloquear información -al grado que descaradamente censuraron la voz del doctor César Raúl González Vaca, por el simple hecho de no incomodar al Gobierno Estatal y Federal al hablar del consumo de fentanilo-, ahora pretendían otorgarle aún más facultades para así tener un mayor control de la información que se difunde.
El magistrado ha sabido perfectamente someterse a los designios de la gobernadora y del Congreso de Baja California, a cambio de que lo dejen controlar libremente el Poder Judicial.
