México enfrenta una paradoja inquietante: el delito es masivo, cotidiano y costoso, pero la denuncia es excepcional y la justicia casi inexistente. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (ENVIPE), elaborada por el INEGI, confirma lo que millones de personas experimentan día a día: la inseguridad se ha normalizado y la impunidad domina el panorama.
Los datos son contundentes. Durante 2024 se cometieron en el país 33.5 millones de delitos, que afectaron a 23.1 millones de personas y a 11.4 millones de hogares. En otras palabras, prácticamente uno de cada cuatro mexicanos fue víctima de algún delito el año pasado.
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Violencia persistente y con rostro de género
Tras el descenso registrado en los años más críticos de la pandemia, los niveles de victimización se han estabilizado en cifras elevadas. No hay una reducción sostenida del delito. La violencia, lejos de retroceder, parece haberse integrado a la normalidad social.
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Las cifras también revelan desigualdades significativas. Aunque los hombres presentan mayores tasas generales de victimización, las mujeres enfrentan una afectación desproporcionada en determinados ilícitos. Los delitos sexuales, por ejemplo, fueron ocho veces más frecuentes en mujeres que en hombres, lo que evidencia que la inseguridad no se distribuye de forma neutra y exige políticas públicas con enfoque de género.
Fraude y delitos patrimoniales: el crimen se digitaliza
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Los delitos más frecuentes siguen siendo patrimoniales: fraude, robo o asalto en vía pública o transporte, extorsión y amenazas.
Un dato que destaca es el crecimiento del fraude, especialmente el fraude bancario y al consumidor. La delincuencia ha migrado hacia entornos digitales, aprovechando la expansión de la bancarización y las plataformas tecnológicas. El crimen ya no ocurre únicamente en la calle: también se comete a través de dispositivos móviles y transacciones electrónicas, lo que dificulta su prevención y persecución.
Además, la incidencia delictiva varía considerablemente entre estados. Algunas entidades muestran descensos relevantes, mientras otras registran incrementos preocupantes. El mapa de la inseguridad sigue fragmentado y desigual.
La inseguridad cuesta 260 mil millones de pesos
Más allá del daño personal, el delito tiene un impacto económico estructural. En 2024, el costo total del delito en México fue de aproximadamente 260 mil millones de pesos, equivalente a 1.07 % del Producto Interno Bruto.
Cada víctima gastó en promedio 6,226 pesos, ya sea por pérdidas directas o por medidas preventivas. Este último rubro es particularmente significativo: cada vez más hogares destinan recursos a sistemas de seguridad, cerraduras, alarmas o seguros privados. Es una transferencia constante de recursos desde las familias hacia estrategias de autoprotección.
En algunos estados, el incremento anual del costo del delito supera incluso el 30 o el 60 por ciento, lo que agrava desigualdades regionales y afecta con mayor intensidad a los sectores más vulnerables.
La cifra oculta: 93 % de impunidad inicial
Pero quizá el dato más alarmante es el relacionado con la denuncia. El 93.2 % de los delitos no se traduce en una carpeta de investigación.
Solo 9.6 % de los delitos fueron denunciados, y únicamente 6.8 % derivaron en una carpeta formal ante el Ministerio Público. Más grave aún: apenas 0.8 % del total de delitos obtuvo una resolución favorable para la víctima.
Las razones de la no denuncia son reveladoras. El 63 % de las personas que no denunciaron atribuyen su decisión a factores relacionados con la autoridad: consideran que denunciar implica pérdida de tiempo, desconfían de las instituciones o anticipan trámites largos e ineficaces.
Este fenómeno configura lo que los especialistas llaman “cifra negra” o “cifra oculta”: una enorme masa de delitos que nunca llega al sistema penal. Sin denuncia no hay investigación; sin investigación no hay sanción. El resultado es una percepción generalizada de impunidad.
Vivir con miedo
La inseguridad es hoy la principal preocupación de los mexicanos. Para 64.2 % de la población, el tema supera incluso a problemas como la inflación, el desempleo o la salud.
Los espacios que generan mayor temor son los cajeros automáticos en vía pública, el transporte público, las calles y las carreteras. El miedo modifica comportamientos: más del 60 % de las personas dejó de permitir que menores salgan solos; muchas evitan salir de noche o portar objetos de valor.
Se trata de una autolimitación de derechos. No es la ley la que restringe libertades, sino el temor al delito.
Confianza selectiva y descrédito institucional
La encuesta también muestra una marcada diferencia en la confianza institucional. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional concentran mayores niveles de identificación y credibilidad, mientras que policías locales, fiscalías, Ministerio Público y jueces presentan altos niveles de percepción de corrupción y baja confianza ciudadana.
Cuando la ciudadanía considera que denunciar no sirve, que las investigaciones no avanzan y que los procesos no conducen a resultados, la legitimidad del sistema de justicia se debilita.
Una crisis estructural
Los datos de la ENVIPE 2025 no solo describen cifras; retratan una crisis estructural. México vive en un contexto donde el delito es frecuente, la denuncia es escasa, la impunidad es la regla y el miedo condiciona la vida cotidiana.
La magnitud del problema obliga a replantear la política criminal, fortalecer fiscalías, mejorar la atención a víctimas y recuperar la confianza ciudadana. Sin una transformación profunda, la brecha entre la experiencia social de la inseguridad y la respuesta institucional seguirá ampliándose.
Las cifras están sobre la mesa. El desafío es convertirlas en acciones efectivas antes de que la normalización de la violencia se vuelva irreversible.
Miguel Carbonell es abogado. Dirige el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC y es autor de más de 90 libros sobre temas jurídicos.
