La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el 19 de febrero de 2026 que no existe ninguna línea de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), contra José Rafael Ojeda Durán, ni contra Raymundo Pedro Morales Ángeles, ex y actual titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), respectivamente, por el caso de huachicol fiscal, a pesar de la difusión de un audio en el que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar describió una presunta red de corrupción en aduanas marítimas, vinculada al contrabando de combustibles. La mandataria nacional sostuvo que la única indagatoria abierta se concentra en la red de huachicol fiscal encabezada presuntamente por los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, y precisó que hay detenciones realizadas y otras capturas pendientes relacionadas con esa estructura delictiva.
El audio difundido por un medio digital corresponde a una reunión sostenida en junio de 2024 entre el entonces secretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, y el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien expuso de manera directa la existencia de un esquema de huachicol fiscal en aduanas marítimas. En esa grabación, Guerrero explicó a su máximo mando cómo comenzó a recibir dinero en efectivo y transferencias que inicialmente creyó destinados a mejoras de infraestructura portuaria, pero que identificó como presuntos sobornos procedentes del contrabando ilícito de combustible, operación que, según su relato, involucraba a mandos navales, funcionarios aduanales y empresarios.
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Durante el encuentro grabado, se escucha a Ojeda Durán señalar que él no estaba implicado en los hechos descritos y plantear dos posibles rutas de actuación: hacer pública toda la trama de corrupción o intentar cerrarla mediante el relevo del personal señalado. En su exposición, Guerrero refirió que el contralmirante Fernando Farías Laguna le comentó que el almirante secretario ya les había llamado la atención en al menos cuatro ocasiones por ese asunto, lo que evidenció que la cúpula naval tenía conocimiento previo de las irregularidades en aduanas.
El testimonio de Guerrero en el audio coincide con una carta manuscrita fechada el 14 de junio de 2024, recuperada en su oficina después de su homicidio y anexada a una causa penal radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. En ese documento y en la grabación se detallan dos reuniones previas realizadas los días 29 y 31 de mayo de 2024 en restaurantes de la zona de Paseo Acoxpa, en el sur de la Ciudad de México, donde el contralmirante se reunió primero con enviados del capitán en retiro Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “El MK”, y posteriormente con el propio contralmirante Fernando Farías Laguna y el capitán Clímaco Aldape Utrera.
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De acuerdo con esos registros, las citas tuvieron lugar el 29 de mayo de 2024 en el restaurante Fonda Argentina de Paseo Acoxpa, a las 15:30 horas, y el 31 de mayo de 2024 en un restaurante Sanborns de Calzada Acoxpa y Miramontes, donde se discutieron las operaciones en aduanas y se confrontó a Clímaco Aldape por presuntamente apoyar el esquema de huachicol fiscal sin autorización expresa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. En la carta y en el audio se consigna que Fernando Farías acusó al capitán de incurrir en un “gran abuso de confianza” y pidió a Guerrero retirarse del lugar para hablar en privado con Aldape, encuentro que posteriormente fue incorporado como elemento probatorio en la investigación penal.
Meses después de esas reuniones y de la entrevista con Ojeda Durán, Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue trasladado como subinspector administrativo de la Décima Sexta Región Naval, con sede en Puerto Chiapas, y posteriormente solicitó licencia y vacaciones para permanecer del 4 al 25 de noviembre en Manzanillo, Colima. La indagatoria de la Fiscalía General de la República refiere que el marino dejó por escrito las ubicaciones exactas donde estaría durante esos días y que, el 8 de noviembre de 2024, último día de su licencia, fue seguido y asesinado a tiros por dos sicarios que viajaban en motocicleta, ataque que la autoridad vinculó a la denuncia que formuló sobre la red de huachicol fiscal.
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La Fiscalía General de la República estableció coincidencias entre el homicidio de Guerrero y el asesinato de Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la institución en Colima, ocurrido 18 días antes en la misma ciudad, debido al uso de motocicletas para los ataques, la participación de vehículos de apoyo y el empleo de armas calibre 9 milímetros con cartuchos de una misma marca. En sus conclusiones, la Fiscalía infirió una relación directa entre el crimen del contralmirante y la reunión sostenida en las oficinas del secretario de Marina, al considerar que el marino había denunciado a personas presuntamente involucradas en la red de corrupción en aduanas.
En respuesta al reportaje, la Secretaría de Marina afirmó que no cuenta con el audio de la reunión entre Ojeda Durán y Guerrero y aseguró desconocer los detalles de lo conversado, remitiendo las preguntas a la Fiscalía General de la República como responsable de la investigación penal. La dependencia señaló además que dio de baja a cinco elementos vinculados a proceso por la Fiscalía por “incapacidad para el cumplimiento de sus obligaciones”, sostuvo que enfrenta los hechos con “honestidad y transparencia” y precisó que, según sus registros internos, Ojeda Durán no entregó información sobre este caso a su sucesor Raymundo Pedro Morales Ángeles.
En paralelo, la carpeta de investigación sobre huachicol fiscal documenta que la Fiscalía General de la República atribuye a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna la coordinación de una red que habría permitido el ingreso ilegal de al menos 31 buques con combustibles a través de los puertos de Altamira y Tampico entre 2023 y 2025, mediante la simulación de importaciones de aditivos para aceites lubricantes y la evasión de impuestos federales. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025, vinculado a proceso el 7 de septiembre de 2025 y se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano, mientras que Fernando Farías Laguna permanece prófugo de la justicia desde septiembre de 2025.
Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que el caso de huachicol fiscal derivó de denuncias internas de la propia Marina y que el Gobierno Federal no debe juzgar a toda la institución por la conducta de algunos elementos vinculados a la red de contrabando de combustibles. La presidenta subrayó que, aunque el audio revelado exhibe la reunión en la que Guerrero expuso la trama ante Ojeda Durán, la investigación penal se dirige contra los mandos, marinos y civiles señalados en la causa abierta por la Fiscalía General de la República, y que cualquier nueva imputación o orden de aprehensión será responsabilidad exclusiva del Ministerio Público federal.
