El Congreso de la República de Perú aprobó el 17 de febrero de 2026 una moción de censura contra José Jerí Oré, presidente interino del país, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.
La sesión extraordinaria, convocada por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, debatió siete mociones multipartidarias presentadas por diversas bancadas contra Jerí Oré, quien asumió la Presidencia el 10 de octubre de 2025 tras la destitución de Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
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Jerí Oré, de 39 años y titular de la Mesa Directiva del Congreso, enfrentaba cuestionamientos por presunto tráfico de influencias agravado y corrupción, derivados de reuniones no oficiales con empresarios chinos, una de ellas con el rostro cubierto, lo que motivó investigaciones de la Fiscalía.
El Legislativo validó las firmas requeridas para el pleno, realizado en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión a partir de las 10:00 horas, donde congresistas como Edwin Martínez, Esdrás Medina y Jaime Quito sustentaron las mociones.
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La medida implicó la vacancia inmediata del cargo de presidente del Congreso y, por sucesión constitucional, de la Presidencia de la República, lo que marcó un nuevo cambio de liderazgo en un periodo de prolongada inestabilidad política en Perú.
Jerí Oré anunció en la previa que no asistiría a la sesión, argumentando que el procedimiento no garantizaba su derecho a defensa, a diferencia de una moción de vacancia.
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Congresistas de Perú Libre habían impulsado también cuestionamientos por un Decreto de Urgencia relacionado con Petroperú, aunque el debate se centró en las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción.
La bancada fujimorista, liderada por Keiko Fujimori, rechazó en bloque el pleno y respaldó a Jerí Oré, mientras intentos de legisladores como Ana Zegarra para priorizar una vacancia fueron desestimados por la mayoría.
Tras la censura, el Congreso programó para el 18 de febrero de 2026 la elección de una nueva Mesa Directiva, cuyo presidente asumirá automáticamente la jefatura del Estado durante la transición hacia las elecciones generales previstas para abril.
La decisión se produjo en un contexto de crisis institucional, con un país temporalmente sin jefe del Estado y bajo presión por la inseguridad y las protestas, en medio de un historial reciente de frecuentes destituciones y cambios de presidencia.
