En medio de múltiples peticiones, rezago social, manifestaciones y conflictos en el gobierno local, la delegada de la Secretaría de Bienestar, Carmen Antuna Cruz, arribó al municipio de San Quintín para coordinar las acciones contempladas en el Plan de Justicia anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Derivado del anuncio emitido por la propia Presidenta de México, la funcionaria federal confirmó su cambio de residencia al sexto municipio de Baja California, así como su representación en el Centro Integrador del Bienestar.
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Detalló que provisionalmente utilizarán como sede las instalaciones del gimnasio de la colonia Nueva Era, mismo que a pesar de ser rehabilitado por el Primer Ayuntamiento, ha sufrido reiterados actos vandálicos. “La idea es que puedan llegar todas las instituciones federales, estatales y municipales, para coordinarnos y avanzar en el Plan de Justicia”, comentó.
A corto plazo, Antuna adelantó que cumplirá una agenda enfocada en acercamientos ciudadanos, con la intensión de conocer el territorio sanquintinense y las necesidades propias de cada zona. Asimismo, remarcó que ya iniciaron las reuniones con autoridades municipales y estatales, en busca de “coordinarse para una sola meta”.
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Sobre el Plan de Justicia, sostuvo que atendería los rezagos sociales en el municipio, con la participación activa de todas las instituciones y sus metas establecidas. Agregó que en seis meses evaluarán los avances en rubros como electrificación, vivienda, vías de comunicación y acciones de mayor envergadura que involucran al rezago social.
De manera preliminar, la funcionaria indicó que entre las mayores necesidades que aprecia de manera directa en San Quintín se encuentra la certeza jurídica de los asentamientos y la falta del acceso a los servicios básicos, incluyendo el suministro de agua. “No es un tema de magia ni decretos, sino de trabajo. Estamos trabajando e iniciando los procesos”, afirmó.
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Como fue anunciado por la Presidenta de México, el Plan de Justicia plantea atender el rezago social y abandono presentado desde hace décadas en San Quintín. Entre sus ejes principales, destaca la regularización de la tenencia de la tierra, fortalecimiento de la infraestructura básica, rehabilitación y construcción de escuelas, ampliación de los servicios de salud con modernización de unidades médicas, la implementación de programas que aseguren el cumplimiento de los derechos laborales de las y los jornaleros agrícolas, acceso a vivienda digna, entre otros.
DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO CONTRA LA ALCALDESA DE SAN QUINTÍN
Después de optar con continuar obstruyendo las oficinas centrales del Ayuntamiento de San Quintín, incluyendo las cajas recaudadoras, una comitiva de manifestantes acudió el pasado martes 10 de febrero a la sede del Congreso del Estado de Baja California para ingresar una denuncia de juicio político en contra de la alcaldesa Miriam Elizabeth Cano Núñez.
En primera instancia, entregaron la denuncia, junto con 19 anexos – correspondientes a evidencias en contra de funcionarios – a la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Liliana Michel Sánchez Allende. Remarcan que recabaron dictámenes, licitaciones, facturas “infladas”, testimonios, entre otras omisiones y presuntas irregularidades.
En el documento detallaron que el juicio político procede cuando la permanencia del servidor público en el cargo se vuelve incompatible con el interés general, circunstancia que, afirman, ya se ha presentado en San Quintín. “De igual manera, el interés público comprende la regularidad constitucional, la confianza ciudadana, legalidad administrativa y la correcta prestación de los servicios públicos, algo que invariablemente no está sucediendo desde el comienzo de la presente administración del Primer Ayuntamiento”, agrega.
Los inconformes se identificaron como Giselle Gómez Sánchez, Carmen López Valenzuela, Claudia Herrera Espino, José Torres Carmen, Isela Guadalupe García Antuna, Gineth Herrera Espino, Eunice Noemí Ramos Longoria, Sergio González Ruiz, Jesús Antonio Hernández Trejo, Gil Espinoza Gámez, Jacobo Preciado Juárez y Sergio Hernández Guzmán. Todos firmaron la denuncia.
Después de ser entregada la denuncia, el miércoles 11 de febrero el Congreso del Estado canalizó la solicitud a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, presidida por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, para su análisis y trámite correspondiente. Al respecto, tres de los manifestantes: Giselle Gómez, Isela García y Gil Espinoza, anunciaron que le solicitarían a la legisladora que la sesión del tema en cuestión fuera desarrollada directamente en San Quintín.
En entrevista, los manifestantes también indicaron que el Gobierno del Estado propuso tres opciones de despachos contables para realizar la auditoria al Primer Ayuntamiento. Sin embargo, aseguraron que el asesor legal se encuentra valorando el perfil idóneo. Mientras tanto, se mostraron dispuestos a continuar obstruyendo las oficinas municipales de San Quintín, reiterando que persistirán “hasta tener avances concretos”.
Seguridad y Protección Ciudadana, y Tesorería Municipal. En estos, destaca que no mencionan el nombre de la alcaldesa Miriam Cano, además de que ha optado por no pronunciarse directamente sobre el tema.
En ese sentido, los planteamientos que destacan son el impacto que representa el “secuestro” de las instalaciones en la captación de recursos. “Lamentamos que a pesar de haber recibido respuestas favorables a sus peticiones se mantengan de forma de intransigencia y que carece de fundamento y voluntad conciliatoria”, califican en uno de los oficios emitidos a la opinión pública.
También especifican que la situación representa una pérdida de beneficios y descuentos, incluyendo en trámites como el impuesto predial y otros derechos municipales. “Los periodos de descuento y bonificaciones por pronto pago siguen corriendo y debido al bloqueo, muchos ciudadanos pierden la oportunidad de aprovechar estos incentivos fiscales antes de su vencimiento”, especifican.
Por esto, señalan que la falta de recaudación detiene el flujo de recursos destinados a bacheo, alumbrado público, recolección de basura y operatividad de la Policía Municipal. “Quienes mantienen las instalaciones tomadas, están secuestrando los recursos que pertenecen a toda la comunidad”, puntualizan.
Sobre el rubro de seguridad, puntualizan que el cierre de las cajas y oficinas administrativas ha imposibilitado la recaudación de ingresos por conceptos de multas, trámites y servicios, afectando gastos inmediatos como el suministro de combustible para las patrullas, mantenimiento y la logística necesaria. Aunado a esto, manifiestan que han sido suspendidos los trámites de liberación de vehículos, cartas de no antecedentes y servicios de carácter administrativo.
RENUNCIAS IMPACTAN AL PRIMER AYUNTAMIENTO
Mientras las protestas se mantienen, al Gobierno Municipal se le sumaron renuncias de funcionarios de áreas clave. En primera instancia, quien se desempeñaba como coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Fernanda Morales Reséndiz, presentó su renuncia al cargo después de presentar una denuncia por hostigamiento ante la Fiscalía General del Estado.
Su situación quedó asentada bajo el Número Único de Caso 0201-2026-01778. Adicionalmente, emitió su caso ante la Sindicatura Municipal, además de especificar en el oficio de renuncia que sufría violencia laboral, verbal y psicológica, presuntamente por parte de la jefa de Presidencia, Laura Mendoza Corpus, integrante del círculo cercano de la Presidenta de San Quintín.
Morales Reséndiz calificó la situación como un ataque directo a su bienestar personal y profesional, “impidiéndole continuar desempeñando sus funciones en un entorno digno y respetuoso”. A raíz de esto, como encargada de despacho designaron a Karla Eunice Chacón García.
Se destaca que tanto Fernanda Morales como Laura Mendoza Corpus se encuentran contempladas entre la lista de funcionarios que los manifestantes piden su destitución. Aun así, hasta el cierre de la edición Laura se mantiene en el cargo como Jefa de Presidencia.
La segunda renuncia que se presentó con días de diferencia fue la de Carlos Sánchez Luna a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Primer Ayuntamiento. En su oficio, citó “motivos personales y el deseo de seguir objetivos profesionales”.
Su salida se concretó horas después de que intentara negociar la apertura de las instalaciones municipales, así como días después de intentar denunciarlos penalmente en la Fiscalía General del Estado por los daños al patrimonio de San Quintín. Trascendió que Luna Sánchez mostró resistencia a cumplir con múltiples indicaciones consideradas no apropiadas para la situación que prevalece después de cuatro semanas de protestas.
Por otra parte, quienes recientemente también han expresado su deseo por retirarse de la función son la Oficial Mayor, Yvonne Berenice Caram Alba, y el encargado de despacho de Servicios Públicos Municipales, Andrés Valdez Estrada. Asimismo, hace algunas semanas la secretaria general del Ayuntamiento, Claudia Yvette Escamilla, también intentó retirarse del cargo.
