Un fraude disfrazado de paraíso es lo que adquirieron las norteamericanas Jennifer Lynn Hayes, originaria de Melbourne, Florida, y Sally Roan, originaria de Houston, Texas, de 62 y 60 años respectivamente.
Ellas compraron una vivienda en el Fraccionamiento Rancho San Lucas en Cabo San Lucas Municipio de Los Cabos mediante un fideicomiso con Prime Real Estate of Cabo S.A. de C.V. y Banca Mifel.
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“Compré una casa en Rancho San Lucas, tomé posesión de ella en diciembre de 2019. He tenido muchos problemas: comienzan primero que todo lo más básico que afecta a toda la comunidad es que no tenemos agua potable; entonces no tenemos agua potable porque carecen de planta de tratamiento de agua que nos dé agua segura para beber, y que nos dé agua potable, por lo que tenemos olor a sebo y aguas negras, y el agua sale de color marrón de nuestro grifo. El segundo problema principal es que tenemos tarifas de electricidad exorbitantes; sus tarifas de electricidad no son de CFE, no tenemos medidores de CFE y, por lo tanto, sólo están inventando números para facturarnos la electricidad”, dijo Jennifer Hayes.
Las mujeres extranjeras invirtieron sus ahorros para una “casa de retiro” en Los Cabos; pretendían vivir con su familia y disfrutar de las playas, pero todo resultó ser una estafa. Jennifer y Sally coincidieron en que es momento de alzar la voz y castigar a los defraudadores que abusan de la comunidad extranjera, en su mayoría son adultos mayores.
“Nos están estafando millones de dólares. Jennifer y yo hemos decidido ser el catalizador para perseguir a estas personas y lograr justicia, para que otros puedan ver que no están solos en este país. Sin duda, esta es la peor pesadilla para todas estas personas. La mayoría en esta comunidad tienen más de 50 años, muchos más de 60. Estos son los ahorros de toda su vida para tener esta casa de retiro y poder jubilarse con alegría y emoción, en lugar de la pesadilla que enfrentan a diario porque la casa se está cayendo a pedazos”, lamentó Sally Roan.
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El abogado defensor de la comunidad extranjera, José Antonio González, exhibió que esta “villa” está envuelta en un fraude legal muy grande, incluyendo la venta ilegal y robo de servicios públicos, los cuales suministran a extranjeros a su conveniencia, imponiendo sus tarifas por energía eléctrica inestable y agua “potable” contaminada.
“Es una tierra de nadie; ellos cobran hasta la luz, cuando en ninguna de las casas hay un solo medidor de luz, cobran por el agua, cuando el agua no es potable, entre otros problemas. Ya recurrimos al Juicio de Amparo, pero también buscaremos la justicia en Estados Unidos, porque es evidente el delito de conspiración”, denunció José Antonio González.
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CONSPIRACIÓN EN RANCHO SAN LUCAS
Evidenció el abogado defensor una supuesta red de conspiración que se ejecuta desde Baja California Sur y hasta la Ciudad de México contra la comunidad extranjera que busca una “casa de retiro”.
Las casas de Rancho San Lucas se venden bajo cláusulas “tramposas” que envuelven a extranjeros que buscan un lugar donde descansar y vivir sus últimos años de vida.
“Prime Real Estate of Cabo S.A. de C.V. (fideicomitente) capta víctimas (extranjeros, sobre todo norteamericanos) y las remite al Banco fiduciario. Este solicita permiso a la SRE para el fideicomiso, el cual se constituye con la trampa de que todas las cláusulas del Banco se cargan al fideicomisario. Como el fraccionamiento es ‘tierra de nadie’, no hay problema. Si se demanda, los contratos de fideicomiso se sometieron a la CDMX, y Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia, ‘le tira línea’ a cualquier juez para fallar en contra de las constancias. Si hay amparo, Guerra amenaza al tribunal colegiado, vía su esposa, para que resuelvan a su favor y contra las constancias procesales”, sostuvo.
Las demandantes sólo piden una indemnización por el terror que las han obligado a vivir, por el costo inicial de su casa y los gastos que invertido en una “casa de papel”, pues también se están cayendo a pedazos.
“Nuestra demanda es por 10 millones de dólares; incluso la abogada de Banca Mifel y los abogados del fideicomitente Prime Real Estate of Cabo cínicamente dicen: ‘No te preocupes, ya está el asunto planchado con el presidente del Tribunal Superior, así que no hay problema’, de manera cínica”, apuntó el abogado de las víctimas extranjeras.
Según se sabe, en un Fideicomiso hay tres partes: el fideicomitente (Prime Real Estate of Cabo) es quien aporta los bienes y crea el contrato, en este caso la vivienda; el fiduciario (generalmente un banco y aquí es Banca Mifel) administra dichos bienes siguiendo instrucciones; el fideicomisario o beneficiario (Sally y Jennifer) es quien recibe los beneficios y el patrimonio al finalizar el contrato, que serían las beneficiarias, y son quienes pagan por los derechos de habitar su casa por un término (en este caso por 50 años).
“El fin del fideicomiso es estrictamente fines residenciales y es para lo único que se comprometió en este contrato la señora Jennifer Lynn Hayes, para vivir ahí. Existe una trampa vil en este contrato: todas las responsabilidades, todos los cargos legales que por constitucional y legalmente debe tener el banco Banco Mifel, se le traslada sin el menor problema al fideicomisario; incluso el juez en la sentencia, dice: ‘Todas las cargas que son del fiduciario se acordó que las realizara el fideicomisario’, en este caso a la señora Jennifer. Incluso, dice que la señora tiene que hacer las reparaciones, todo lo que se necesite de la casa para que ella la pueda habitar, lo cual es inconstitucional”, sentenció el abogado de las afectadas.
La Fracción I del Artículo 27 de la Constitución Mexicana establece un principio fundamental de la soberanía nacional respecto a la propiedad de la tierra y el agua, en la que “sólo los mexicanos por nacimiento o naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho a adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones en el territorio nacional”.
Limita a extranjeros a que en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 km en playas, no pueden adquirir el dominio pleno de tierras y aguas; a menos que sea mediante un Fideicomiso (Fideicomiso de Zona Restringida), donde el extranjero es el fideicomisario (beneficiario), pero el dueño legal (fiduciario) es una institución bancaria mexicana, aquí Banca Mifel.
“Este fideicomiso consiste en que la empresa aporta un bien inmueble, en este caso Prime Real Estate of Cabo es el fideicomitente, Banca Mifel es el fiduciario, y legalmente se conoce al fideicomisario, que en este caso es la señora Jennifer Lin Hayes, que es digamos la beneficiaria, quien paga por los derechos de habitar su casa por un término de 50 años”, explicó José Antonio González.
Pese a cada señalamiento y la Ley de por medio, el juez falló a favor de “los defraudadores”, dejando en desamparo a las extranjeras denunciantes; por ello en diciembre del 2025 solicitaron la protección mediante Juicio de Amparo 823/2025 en contra de Prime Real Estate of Cabo y Banca Mifel.
Por ello también pidieron piso parejo y se investigue a Verónica de Gyves Zárate, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial y a su esposo Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
“Por la gran corrupción que hay en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ese asunto lo debimos haber ganado en dos audiencias, porque es un juicio oral que se compone de dos audiencias. En la segunda audiencia es donde se desahogan todas las pruebas; acreditamos perfectamente con dos dictámenes periciales en materia de ingeniería civil todas las deficiencias que tiene la casa, incluso el mismo Banco Mifel y el mismo fideicomitente Prime Real Estate of Cabo S.A. de C.V. coinciden en que la casa necesita reparaciones, que necesita mantenimiento. Aun así el Juez falla a su favor”, finalizó el abogado.
LA PESADILLA EN EL PARAÍSO
Les prometieron el paraíso que se convirtió en una pesadilla, esa es la realidad que enfrentan Jennifer Hayes y Sally Roan, quienes invirtieron sus ahorros en un fraude multimillonario en Los Cabos.
“Ha sido una pesadilla todo lo que ha pasado con esta casa. Intentamos avisarles, decirles que tenemos estos problemas, y simplemente no les importa. Ponen excusas, nos culpan. Nosotros no construimos la casa. También descubrí que las paredes tienen cartón, y eso lo confirmaron dos expertos que contraté; tienen cartón mezclado con el yeso. Estas casas son multimillonarias y están construidas con materiales de muy baja calidad. Todo es una pesadilla con esta propiedad, y se niegan a hacer nada al respecto. Es una gran estafa y hay mucho fraude”, denunció Jennifer Hayes de 62 años y originaria de Melbourne, Florida en Estados Unidos.
Advirtió a otros posibles clientes. “Comprador, tenga cuidado. Hay muchas casas en esa comunidad a la venta. La gente y los vecinos quieren que se vayan. Intentan vender sus casas porque hay muchos problemas y siguen intentando disimularlos, escondiéndose tras el nombre de Greg Norman por el campo de golf, pero hay tantos problemas con la comunidad que no es un buen lugar, reitero Jennifer.
“Todo el sistema de la asociación de propietarios es un fraude. Cobran intereses por mora superiores a la Ley mexicana, pero no les importa; creen que pueden hacer lo que quieran. Y todo es un fraude contra los estadounidenses, los canadienses y la gente que vive allí. El juez admitió todas nuestras pruebas. Teníamos peritos, teníamos pruebas; todo, según la Ley, nos favorecía. Sin embargo, recibimos una decisión desfavorable. Esto se debe a que la primera jueza le pidieron que se recusara del caso, y lo hizo porque también la estaban acusando de corrupción”, comentó la afectada.
Los problemas son añejos, y claramente fueron detectados en cada visita que tenía junto a su familia, entre ellos el voltaje insuficiente para operar los electrodomésticos, la alberca tiene fugas y grietas, y el agua se filtra hacia los cimientos de la casa.
Algo tan sencillo como los azulejos se han desprendido en varias ocasiones, y aunque “el desarrollador, Rancho, realizó una reparación inicial, se negó a hacerlo por segunda vez”, atribuyó el problema al movimiento de los cimientos de la piscina, algo que no es regular.
“Tengo piscina, pero no puedo echarle agua porque tiene fugas y grietas, así que ahora que no puedo echarle agua, el experto me dijo que era mejor vaciarla porque se estaba filtrando en los cimientos de la casa. Hay moho en la casa, no hay ventilación adecuada, así que dormíamos, vivíamos y nos quedábamos, y yo tenía moho por toda la ropa y los zapatos, y lo respirábamos. Cada vez que vamos, nos enfermamos, nos resfriamos y no nos sentimos bien al llegar a Cabo. Así que nunca pudimos relajarnos ni disfrutar”, informó Jennifer Hayes.
LA DEFRAUDARON CON 300 MIL DÓLARES
En el otro caso, Sally Roan encontró a Los Cabos, Baja California Sur como el destino de ensueño, un paraíso para vivir su jubilación en tierras cálidas; aunque mantenía su residencia en Texas, iba y venía a México para ver el avance del que sería su casa del retiro.
Ella contrató la obra en diciembre de 2020, subrogándose en un contrato de construcción ya iniciado tras la retirada del comprador original. Desde los primeros meses, alertó sobre el uso de materiales de “muy baja calidad” y que la construcción se ejecutaba de forma “muy barata” en comparación con el costo.
Pese a sus reiteradas quejas y cuestionamientos, la constructora “se resistió” a atender sus observaciones, lo que generó una profunda “insatisfacción”. Este testimonio inicial cimenta el origen de su conflicto con los constructores, un diferendo que escalaría hasta la cancelación del contrato y la consecuente pérdida de su inversión, tal como se detalla en el resto de su declaración.
“Contraté una nueva construcción de casa en diciembre de 2020, la obra ya estaba iniciada y el comprador anterior se echó atrás, así que entré en el contrato con la estructura, pero nada más, así que comenzamos el proceso de construcción y comenzamos con la selección de todos los materiales para el interior de la casa. En un par de meses noté que los materiales de construcción eran muy inferiores y sentí que realmente no estaban al nivel del costo de lo que estaba comprando, así que sentí que era una construcción muy barata. Desde el principio seguí cuestionando cosas y ellos siguieron presionando y me sentí muy insatisfecha”.
A pesar de viajar a Cabo en múltiples ocasiones y presentar quejas, la constructora a cargo del Rancho San Lucas, ignoró sus preocupaciones y se negó a atender sus reclamos, incluso sobre elementos específicos que ella había solicitado en los costos.
“Viajé a Cabo al menos tres veces durante el proceso de construcción, presenté varias quejas sobre la construcción, pero no escucharon y se resistieron a todo, incluyendo muchos de los materiales que había ordenado que se pusieran en la casa, no los pusieron. Tuve reuniones con ellos, me aseguraron que las cosas iban bien, no protegieron las ventanas con toda la lluvia, los materiales eran muy deficientes, la instalación del aire acondicionado y ventilación fue un desastre, fue una instalación horrible; estaba muy insatisfecha, les hice saber que no les importaba en absoluto”.
Por el contrario, la mujer de 60 años y originaria de Houston, Texas, indicó que le pidieron más y más dinero para la obra, sin embargo, no se notaba la inversión en la estructura; dijo que “básicamente, me pedían más dinero una y otra vez” y le informaban que la casa “iba en avance”.
Pero su sorpresa fue notoria en una de sus visitas, pues su estancia fue terrible por la falta de servicios como agua potable, espacios deteriorados y equipos instalados que no servían, la defraudaron.
“Tenía previsto pagar la casa a medida que se terminaba, pero no quería seguir adelante debido a la construcción. Y así, tuve un gran conflicto con ellos porque querían más dinero. Me negué a pagar. Al final del trato, decidieron enviarme notificaciones de incumplimiento, de violación del contrato. Así que cancelaron el contrato, pero no me devolvieron el dinero. Pagué más de 300 mil dólares por la casa y no me llevaron a juicio para cancelar el contrato como corresponde, como entiendo que es la Ley. Simplemente me enviaron un correo electrónico indicando que estaba violando el contrato y que ya no lo tenía”.
El problema no murió con Sally, sólo su dinero se esfumó; ahora ya tiene “nuevo dueño”, pues revendieron, dijo la estadounidense, violentaron todos sus derechos y no le regresaron su dinero. Es por ello que hoy está demandando que le cumplan.
“Revendieron la casa y creo que está a punto de terminar después de 2020. Así que ahora estamos en 2026 y la casa estuvo guardada casi seis años”, dijo Sally.
Una vez que los representantes de Rancho San Lucas, dueño del fideicomiso, se sintieron atrapados y evidenciados con el fraude inmobiliario a la comunidad extranjera cortaron cabezas, empezando con el encargado de obra, pero no ha habido devolución.
Refiere a Greg Reesdorf, quien era el gerente de construcción con el que Sally Roan trabajaba en su proyecto de casa por parte de la empresa constructora de Rancho San Lucas. Sally había experimentado una construcción de muy mala calidad, con numerosos defectos y una mano de obra deficiente, a pesar de haber pagado más de 300 mil dólares.
“El gerente de construcción con el que trabajaba se llama Greg Reesdorf. Lo despidieron por robarle dinero a Rancho. Así que no sé a dónde fue a parar el dinero de mi construcción. Usaban mano de obra de muy mala calidad. Había muchísimos defectos. Había problemas con prácticamente todo lo que hacían, y tenían a varias personas haciendo varias cosas a la vez, y nada era consistente. Greg Reesdorf era el gerente y finalmente lo despidieron, y nos dijeron que le estaba robando a la empresa”, supuso Roan.
