Pese al escándalo mediático del arresto de Héctor Riveros, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, los ofendidos se tardaron cinco días en denunciar ante la Sindicatura Municipal para que legalmente se proceda en contra del agente que fue videograbado y exhibido por los comerciantes por un presunto abuso de poder.
“La Cámara Nacional de Comercio presentó la denuncia apenas el día de ayer, cinco días después de que sucedieron los hechos. La Sindicatura, desde el día uno, empezamos la investigación; no nos esperamos a que ellos presentaran esta denuncia”, precisó la síndica Teresita Balderas sobre la denuncia presentada el 10 de febrero, cuando el arresto de Riveros fue el día 4.
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La síndica explicó que el presunto abuso de poder es parte de la investigación, pero que lo que realmente se podría sancionar es en el rubro administrativo, pues durante la detención del vicepresidente de Canaco no se violó ningún derecho humano.
“¿Cómo va el tema? Nosotros, como Sindicatura, estamos revisando y ya pedimos la información a la Secretaría de Seguridad, muy aparte de que en los videos se aprecia que el oficial está actuando de acuerdo a su intervención y a lo que la reglamentación y protocolo le permite. Nosotros lo que tenemos que revisar es por qué el elemento no portaba su nombre a la vista, por qué no portaba su chaleco antibalas y si esta detención cumple con el protocolo de avisar a la Central de Mando. Esto es muy aparte del protocolo en el que visualmente, en la intervención, no se ve que esté violentando algún derecho humano”, explicó la síndica Balderas.
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El alcalde Ismael Burgueño enfatizó que ninguna persona puede intervenir ni interferir en un proceso de la Policía Municipal, apegándose a sus protocolos de seguridad.
“Porque en una revisión pueden pasar mil cosas. Tú no sabes si a quien están revisando venga armado o si se distrae algo y suceda, pero en el fondo ni el policía puede exceder sus atribuciones, ni para denigrar la situación ni en una situación compleja negativo ciudadano; ni el ciudadano debe de tener cautela en ese sentido”, refirió Burgueño.
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La investigación inició el cuatro de febrero y Sindicatura espera la respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para determinar la identidad del agente, citarlo a declarar y cotejar la información del protocolo de detenciones e infracciones en Tijuana. No hay plazos para determinar una sanción administrativa contra el agente municipal.
