El Consejo Estatal de Abogados pidió a Seguridad Pública de Mexicali y a la FGE retirar escoltas al diputado Juan Manuel Molina García, al ser pagados con recursos públicos.
Busca el Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California el retiro de los tres escoltas que actualmente le brindan seguridad al diputado del Congreso del Estado, Juan Manuel Molina García.
El presidente de dicha asociación, Elías Flores Gallegos, comentó que presentaron un oficio dirigido a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, y a la propia Dirección de Seguridad Pública de la capital del estado para que se le retire de inmediato al legislador uno de los tres escoltas con los que cuenta, ya que este pertenece a la corporación municipal y su principal labor es proteger a la ciudadanía, más aún cuando Molina García no solventa su sueldo, sino las y los mexicalenses.
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“El diputado cuenta con un elemento asignado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali escoltándolo por más de 17 años; sospechosamente, el único funcionario que se quedó un escolta por parte de la policía municipal es el diputado Juan Manuel Molina García, no existe justificación alguna de riesgo o situación de peligro que justifique que este diputado tenga que tener un escolta pagado por el pueblo”.
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Asimismo, también se hizo el llamado a la Fiscalía General del Estado de Baja California, ya que el legislador también cuenta con dos agentes adscritos a la autoridad investigadora, siendo una situación similar a la ocurrida con la Dirección de Seguridad Pública, pues, de acuerdo con el presidente Elías Flores, este no paga por el servicio; aunado a esto, aseguró que los elementos de investigación no cuentan con la preparación necesaria para fungir como escoltas de funcionarios y/o empresarios, lo que representa otra incongruencia.
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Declaró que cada uno de los escoltas recibe alrededor de 40 mil pesos al mes, sueldo que es solventado por el Ayuntamiento de Mexicali o por la propia fiscalía, según sea el caso, y derivado de que Juan Manuel Molina García cuenta con tres, se estaría destinando cerca de 120 mil pesos al mes del recurso público para la protección del diputado.
“Son 120 mil pesos al mes, si lo multiplicamos al año son más de un millón y medio de pesos al año, si lo multiplicamos por los 17 años son poco más de 25 millones de pesos que él tuvo que pagar de su bolsillo; yo exijo que él regrese ese dinero a los ciudadanos de Baja California”.
Por su parte, el síndico procurador de Mexicali, Óscar Vega Marín, solo se limitó a decir que estarán revisando la nueva normatividad para ver si ese agente municipal puede o no estar trabajando como escolta; sin embargo, desde inicios de 2025 se empezaron a retirar a estos agentes que brindaban seguridad a particulares, ya que, de acuerdo con el artículo 34 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, queda prohibido utilizar armamento o municiones para actividades que no estén relacionadas con la seguridad pública.
