En las entrañas del México profundo, donde el eco de la ley a veces se pierde entre valles y sierras, ha emergido un ente que desafía la soberanía tradicional: “La Plaza”. Este concepto, que antaño se limitaba a una simple delimitación geográfica para el tráfico de mercancías ilícitas, ha mutado en un sistema complejo de control territorial y un actor social con funciones de gobernanza, que infiltra a candidatos a puestos de elección popular y está sobre de ellos al momento de ejercer el gobierno para provecho delincuencial.
De acuerdo con el Dr. Ismael Torres Maestro, investigador de la Universidad de Guadalajara, muchos municipios de México se encuentran ante una estructura de gobernanza criminal que opera de forma paralela al ordenamiento legal, a menudo con la anuencia o la debilidad de las instituciones del Estado. El panorama actual no es una anomalía reciente, sino un fenómeno que ha persistido y se ha agudizado tras décadas de una guerra contra el narcotráfico que, lejos de erradicar el problema, ha fragmentado y atomizado a los grupos delictivos.
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Hoy, la figura denominada “La Plaza” no sólo regula el mercado de las drogas; influye en la economía formal e informal, decide quién puede vender un cilindro de gas y, lo más alarmante, interviene directamente en la vida política de los municipios. Es en este nivel local -el más cercano a la ciudadanía, pero también el más vulnerable- donde el Estado ha cedido espacios, permitiendo que grupos criminales ocupen el vacío de poder, “de manera similar a como la mafia siciliana se consolidó en una Italia geográficamente apartada”, asegura Torres Maestro.
El caso de Tequila, Jalisco, es la fotografía más reciente y nítida de esta colusión rampante. La detención de su alcalde, Diego Rivera Navarro, no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad sistémica que ha visto pasar operativos desde el polémico “Michoacanazo” de 2009 en la administración presidencial de Felipe Calderón, hasta la actual “Operación Enjambre” en el sexenio de Claudia Sheinbaum y que ha significado la caída de al menos 40 presidentes municipales presuntamente coludidos con la delincuencia organizada.
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Los hechos advierten cómo la delincuencia organizada ha logrado infiltrar los ayuntamientos, convirtiendo las oficinas públicas en sucursales de la operatividad criminal, y cómo La Plaza, llamada así independientemente del cártel o grupo criminal que la patrocine, se ha erigido como el verdadero poder tras el trono en múltiples demarcaciones del territorio mexicano.
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EL ALCALDE DE TEQUILA
La madrugada del 5 de febrero de 2026, el municipio de Tequila, mundialmente conocido por su industria emblemática, despertó bajo un operativo federal que marcaría un antes y un después en su historia política. Diego Rivera Navarro, quien había asumido la presidencia municipal apenas el 1 de octubre de 2024 bajo las siglas de Morena, fue detenido por fuerzas federales en el marco de la “Operación Enjambre”. No cayó solo; junto a él, fueron capturados sus colaboradores más cercanos: el director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez Sosa; el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio Villarreal; y el director de Obras Públicas, Isaac Carbajal Villaseñor.
La caída de Rivera Navarro fue el resultado de lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una acumulación de “muchísimas denuncias ciudadanas” y de empresarios que acusaban al edil de extorsión y abusos de autoridad. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron un trasfondo mucho más oscuro: el alcalde, apodado en el bajo mundo como “El Presidente”, presuntamente encabezaba una red criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la indagatoria, Rivera Navarro habría fusionado el poder político con actividades de secuestro y tortura, operando su gabinete como un brazo operativo de la organización criminal, a la cual debía entregar 40 millones de pesos anuales.
Uno de los hechos más graves que motivó su vinculación a proceso por secuestro agravado ocurrió antes de que llegara al poder. Se le acusa de haber privado de la libertad y torturado en marzo de 2021 a Guillermo Cordero García y su suplente Julio Alejandro García Gutiérrez, con el fin de forzarlos a renunciar a su precandidatura por Morena, despejando así su propio camino hacia la alcaldía. Ya en el cargo, su administración fue una sucesión de escándalos que incluyeron desde apoderarse del Museo del Tequila para usarlo como su casa habitación, la detención de arbitraria de un camarógrafo, la apología del delito en conciertos de narcocorridos como los de Los Alegres del Barranco, hasta intentos de extorsión masiva a grandes tequileras como José Cuervo, a quienes pretendía cobrar 60 millones de pesos bajo la amenaza de clausura.
El nivel de control era tal que, tras su captura, siete policías municipales simplemente dejaron de presentarse a trabajar, presuntamente por formar parte de su círculo de protección personal. La detención de Rivera Navarro, hoy recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, pone de manifiesto cómo una estructura municipal completa puede ser puesta al servicio de La Plaza, utilizando las facultades de catastro, seguridad y obras para alimentar una maquinaria de extorsión y control delictivo.
MICHOACANAZO Y ENJAMBRE
La captura de alcaldes coludidos con el narcotráfico en México tiene una genealogía de casi dos décadas, marcada por grandes operativos que a menudo han oscilado entre la justicia y el espectáculo político. El antecedente más emblemático es el “Michoacanazo” del 26 de mayo de 2009. En aquella ocasión, el Gobierno Federal detuvo a 11 presidentes municipales y 18 funcionarios estatales en Michoacán por sus presuntos vínculos con La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Los Zetas. Un día después se entregaron dos funcionarios más voluntariamente y fueron detenidos otros dos alcaldes, permaneciendo prófugo otro más.
Entre los detenidos en el Michoacanazo destacan casos como el de Uriel Farías Álvarez, alcalde de Tepalcatepec, y hermano del exlíder de autodefensas Juan José Farías Álvarez, el Abuelo, actualmente prófugo por ser señalado de ser uno de los cabecillas del grupo criminal Los Viagra o Cárteles Unidos. También estuvo preso José Cortés Ramos, presidente municipal de Aquila, hoy procesado por la desaparición de activistas en el estado de Colima. Sin embargo, aquel operativo terminó en un estrepitoso fracaso jurídico: en menos de un año, todos los imputados fueron liberados porque la autoridad no pudo comprobar los delitos.
En el gobierno del priista Enrique Peña Nieto fueron perseguidos y aprehendidos algunos gobernadores, otros solo fueron señalados; pero el presidente municipal de mayor peso que fue detenido es el de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, aún preso por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Sin embargo, desde 2018 a la fecha, al cambio de gobierno e inicio de la llamada Cuarta Transformación (4T), con Andrés Manuel López Obrador, y ahora con Sheinbaum Pardo, la tendencia contra alcaldes no ha hecho más que acentuarse.
Al menos 25 alcaldes o exalcaldes han sido detenidos por vínculos con el crimen organizado, secuestro o asesinato. Los estados con mayor incidencia son el Estado de México, Puebla y Jalisco. La actual “Operación Enjambre” representa un intento por superar las deficiencias del pasado, enfocándose en redes de extorsión y corrupción municipal. En noviembre de 2024, este operativo llevó a la captura de las alcaldesas de Amanalco y Santo Tomás en el Estado de México, acusadas de nexos criminales.
Para el doctor Ismael Torres Maestro, estas detenciones, aunque necesarias, corren el riesgo de ser “sensacionalistas” si no van acompañadas de un desmantelamiento integral de las estructuras. El investigador advierte que, en muchas ocasiones, los gobiernos presumen números de capturas para dar una impresión de eficacia, pero estadísticamente esto no siempre se traduce en un descenso de la violencia. “Hace falta, por ejemplo, fortalecer lo que son incluso hasta las policías municipales la cuestión de poner sobre la mesa de los salarios, controles, la misma carrera policial”.
“Faltan mecanismos federales de supervisión real, protección efectiva, alcaldes, funcionarios que resisten o que todavía no están coludidos, fiscalías autónomas que investiguen redes políticos o criminales, transparencia en el financiamiento de campañas y una fiscalización, por ejemplo, de aquellos lugares e indicios donde efectivamente se tiene como el antecedente o por lo menos la sospecha de que hay un desvío de cuestiones económicas”, señala el entrevistado.
La transición del “Michoacanazo” a “Enjambre” muestra que el problema ha evolucionado de la simple protección al narco hacia una integración orgánica de los funcionarios en la estructura operativa de los cárteles.
“LA PLAZA” Y SUS EFECTOS
La Plaza, señala el experto Torres Maestro, hoy es una estructura de gobernanza criminal que regula la vida cotidiana de las comunidades donde el Estado es débil o está ausente. Entre sus funciones se encuentran el control de actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión y el huachicol, pero también la regulación de la economía formal e informal. Uno de los efectos más perniciosos de este fenómeno es la sustitución de la autoridad legal por la criminal para la resolución de conflictos.
Citando investigaciones académicas realizadas en zonas con graves problemas demográficos y altos indicadores delictivos, el doctor en derecho señala que la ciudadanía a veces prefiere acudir a la estructura de “La Plaza” para resolver agravios, como un robo de autopartes, porque las autoridades formales “ni llegan ni solucionan”. Esta delincuencia “humanizada” crea un vínculo de dependencia social donde el criminal se convierte en el proveedor de seguridad o justicia, aunque sea bajo una lógica de terror y coerción.
En el caso de Tequila, los efectos de La Plaza a través de la conducta de servidores públicos se tradujeron en una atmósfera de ingobernabilidad y asfixia económica. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, alertó sobre abusos contra comerciantes, acoso a regidoras y una balacera en la plaza pública que ahuyentaba al turismo. Además, investigadores académicos como Jorge Ramírez han vinculado este control territorial con la altísima incidencia de desapariciones en la región Valles, donde Tequila ocupa el tercer lugar con 167 casos reportados.
Según Ramírez, las desapariciones son parte de los engranajes que sostienen la economía ilegal de la zona, la cual incluye campamentos de adiestramiento criminal. La Plaza, por tanto, no es sólo un grupo de delincuentes; es un ecosistema que corroe el tejido social, manipula la economía y utiliza la desaparición forzada como herramienta de control y silencio.
INJERENCIA ELECTORAL
El punto de mayor vulnerabilidad para la democracia mexicana es, sin duda, el proceso electoral, donde La Plaza ejerce su influencia más agresiva. El doctor Ismael Torres explica que esta injerencia se manifiesta de tres formas principales: apoyo económico a campañas, silenciamiento de actores incómodos y la imposición o veto de candidatos. En el nivel municipal, esta capacidad de control es más notable, permitiendo a los grupos criminales asegurar que quien llegue al poder sea un aliado o alguien que, por lo menos, no obstruya sus actividades ilícitas. “Recordemos que en los periodos electorales es frecuente el asesinato, el levantamiento, la desaparición de candidatos que se postulen a cargos públicos desde municipales incluso hasta algunos estatales también tenemos el caso”.
El caso de Diego Rivera Navarro en Tequila es un ejemplo de manual de esta dinámica. La fiscalía documentó que utilizó el secuestro y la tortura para eliminar a sus propios compañeros de partido que representaban una amenaza a su aspiración en 2021. Esta estrategia de neutralización es frecuente; durante los periodos electorales, el asesinato o la desaparición de candidatos se ha vuelto una constante trágica que busca garantizar que las instituciones municipales queden bajo el mando de la gobernanza criminal.
La injerencia no termina en las urnas. Una vez en el poder, el compromiso financiero adquirido durante la campaña se traduce en la entrega de direcciones clave -como Seguridad Pública o Catastro- a la organización criminal, como se vio en la estructura de Rivera Navarro.
Torres Maestro concluye que, para erradicar este problema, no basta con encarcelar a los políticos; se requiere una reforma profunda que incluya el fortalecimiento de las policías locales, salarios dignos, fiscalías autónomas y una transparencia real en el financiamiento de las campañas. Mientras persista la fragilidad institucional que permite que el dinero del crimen sea el motor de la política local, La Plaza seguirá siendo el gran elector y el verdadero soberano de los municipios en México.
