La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el 23 de enero de 2026 que la adquisición de nueve camionetas blindadas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representó un ahorro superior a mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación (PJF), tras sustituir un contrato de arrendamiento de vehículos por la compra directa de las unidades.
Durante la conferencia matutina realizada en Veracruz, la mandataria nacional explicó que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) solicitó información al órgano administrativo de la SCJN respecto a la adquisición de los vehículos blindados tipo Jeep Grand Cherokee, cuya compra se reveló públicamente el 22 de enero del mismo mes y año.
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“Había un contrato de renta de vehículos, decidieron modificarlo por la compra y con ello se ahorraron más de mil millones de pesos”, declaró Sheinbaum Pardo desde la entidad veracruzana. La titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que el máximo tribunal deberá transparentar los detalles de la adquisición, incluyendo las razones de seguridad que motivaron la renovación del parque vehicular.
Cuando se le cuestionó respecto a si la compra respondió a alguna amenaza específica contra los ministros, la presidenta de la República respondió que “todo ello tiene que informarlo la Corte”, reiterando que su administración únicamente proporcionó la información recibida a través de canales institucionales.
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SCJN justifica renovación por criterios de seguridad institucional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó mediante un comunicado emitido el 22 de enero de 2026 la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee para cada uno de los ministros que integran el pleno del máximo tribunal. Según la tarjeta informativa difundida por la institución, la decisión de renovar la flotilla vehicular se sustentó en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad.
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“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”, señaló el órgano jurisdiccional en su comunicado.
La Corte enfatizó que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a consideraciones discrecionales. El máximo tribunal explicó que la renovación se realizó en apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, que establece que este tipo de vehículos deben renovarse periódicamente cada cuatro años o antes cuando las condiciones del automotor no sean seguras.
Los vehículos anteriores correspondían a modelos 2019 y 2020, cuyas condiciones, según evaluaciones técnicas, comprometían la operación y la seguridad institucional. La SCJN aseguró que la adquisición de las nuevas camionetas se llevó a cabo de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el propósito de no generar un gasto adicional para la institución.
“La SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función”, sostuvo el comunicado oficial.
Especificaciones y costo de las unidades adquiridas
Según información difundida en diversos espacios informativos, las camionetas adquiridas corresponden al modelo Jeep Grand Cherokee 4xe Summit 2026, vehículo híbrido enchufable cuyo valor comercial sin blindaje se ubica en un rango aproximado que va de poco más de un millón de pesos a casi dos millones de pesos, de acuerdo con precios de referencia del mercado automotriz en México.
Versiones periodísticas reportaron que las camionetas estarían blindadas con nivel 5, especificación que incrementa de forma considerable el precio final de cada unidad hasta superar los tres millones de pesos. Empresas especializadas en blindaje en México señalan que el costo de blindar una camioneta con nivel 5 puede agregar alrededor de entre un millón 500 mil y dos millones de pesos adicionales al valor base del vehículo, dependiendo del proveedor y las especificaciones técnicas.
El modelo Jeep Grand Cherokee 4xe Summit 2026 es un vehículo híbrido enchufable que combina propulsión eléctrica y de combustión interna, con autonomía eléctrica cercana a 40 kilómetros y transmisión automática de ocho velocidades. La camioneta incluye sistema de tracción 4×4, múltiples bolsas de aire, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y cámara de 360 grados.
El comunicado de la SCJN no detalló el modelo específico de las camionetas ni el monto total de la inversión realizada. La institución tampoco especificó el nivel de blindaje instalado en las unidades ni el proveedor seleccionado para la adquisición.
Contexto del contrato de arrendamiento anterior
Documentos oficiales del Poder Judicial de la Federación muestran que la SCJN mantenía un contrato abierto de arrendamiento de vehículos terrestres con vigencia de 48 meses, identificado con el número SCJN/DGRM/DPC-002/02/2022. El contrato incluía el arrendamiento de diversas categorías de vehículos, entre ellos sedanes básicos, camionetas tipo Van de 15 pasajeros, camionetas de carga y camionetas tipo SUV.
En la documentación del procedimiento de contratación se establecieron montos mínimo y máximo superiores a 79 millones y 95 millones de pesos, respectivamente, con impuesto al valor agregado incluido. El contrato contemplaba el arrendamiento de hasta 149 unidades en su modalidad máxima, con precios unitarios mensuales que iban desde poco más de seis mil pesos para sedanes básicos, hasta alrededor de 23 mil pesos para camionetas SUV.
La decisión de la SCJN de sustituir el esquema de arrendamiento por la compra directa de vehículos dio origen al ahorro reportado por la presidenta Sheinbaum Pardo, según la información proporcionada por el órgano administrativo del Poder Judicial a la Secretaría de Gobernación.
Los nueve ministros electos por voto popular
Las camionetas fueron asignadas a los nueve ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la primera elección judicial realizada el 1 de junio de 2025, proceso en el que la ciudadanía mexicana eligió por voto popular a los integrantes del máximo tribunal constitucional.
El pleno se conforma por cinco ministras y cuatro ministros, quienes tomaron protesta el 1 de septiembre de 2025. Las ministras electas son Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra. Los ministros electos son Hugo Aguilar Ortiz —quien obtuvo la mayor cantidad de votos y asumió la presidencia de la SCJN—, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.
Hugo Aguilar Ortiz, originario de Oaxaca y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, resultó electo presidente del máximo tribunal para el periodo 2025-2027. Lenia Batres Guadarrama, quien ya se desempeñaba como ministra desde diciembre de 2023 por designación directa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue ratificada en el cargo mediante sufragio.
Yasmín Esquivel Mossa, ministra desde marzo de 2019 tras ser propuesta por López Obrador y ratificada por el Senado de la República, cuenta con trayectoria de varias décadas en el servicio público y se desempeñó como presidenta de la Segunda Sala de la SCJN. Loretta Ortiz Ahlf, designada ministra en diciembre de 2021 por el Senado a propuesta del exmandatario federal, es doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
María Estela Ríos González fungió como consejera jurídica del Ejecutivo Federal durante el gobierno de López Obrador entre 2021 y 2024, periodo en el que participó en la elaboración de la reforma judicial que ordenó la renovación de todos los cargos del Poder Judicial mediante elección popular. Sara Irene Herrerías Guerra, abogada especialista en derecho penal, se desempeñó como fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República antes de su elección como ministra.
Giovanni Azael Figueroa Mejía, originario de Tuxpan, Nayarit, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y se desempeñó como académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, donde coordinó programas de posgrado en derechos humanos. Irving Espinosa Betanzo ejerció como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, presidiendo una sección especializada en responsabilidades administrativas.
Arístides Rodrigo Guerrero García, nacido en la Ciudad de México, es el ministro más joven del actual pleno. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se desempeñó como comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Polémica por discurso de austeridad
La adquisición de las camionetas blindadas para los ministros generó cuestionamientos en distintos sectores respecto a una posible contradicción con el discurso de austeridad impulsado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. Diversos análisis públicos destacaron la asignación de vehículos de alta gama a funcionarios del Poder Judicial que fueron electos mediante voto popular bajo la promesa de transformar el sistema de justicia y acercarlo a la ciudadanía.
Durante su primer discurso como presidente de la SCJN, el 1 de septiembre de 2025, Hugo Aguilar Ortiz afirmó que la nueva Corte impulsaría la eliminación de excesos administrativos y gastos superfluos, y que se reducirían los apoyos adicionales que recibían las ministras y ministros, manteniendo únicamente lo indispensable para el funcionamiento de la institución.
La SCJN insistió en su comunicado que la decisión de renovar la flotilla vehicular no obedeció a consideraciones discrecionales, sino a criterios técnicos de seguridad institucional. El máximo tribunal sostuvo que la medida busca proteger la integridad de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad, sin abandonar los principios de austeridad y gestión responsable de los recursos públicos.
La presidenta Sheinbaum Pardo evitó emitir juicios respecto a la pertinencia de la compra y reiteró que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación transparentar la información y aclarar los detalles de la adquisición ante la opinión pública.
