Para finales de febrero de 2026 será presentado el protocolo de seguridad para abogados en Baja California de acuerdo a lo que prometió el Gobierno del Estado en una reunión con los representantes de Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados (Fedabo) que se manifestaron el jueves 15 de enero tras el asesinato de 15 homicidios contra abogados en la administración de Marina del Pilar Ávila.
Durante dos horas, David Jesús Rincón Reyes, presidente estatal de la Fedabo en Baja California se reunió con otros líderes de barras y organizaciones de abogados con el Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas; la fiscal general María Elena Andrade Ramírez y el secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez. En la mesa se llegó a tres acuerdos, sólo dos de ellos relacionados con la seguridad.
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“Parte de las preocupaciones es cómo la autoridad podría responder con ellos y con la ciudadanía y para el caso específico, para eso establecimos canales de comunicación con los titulares para implementar situaciones preventivas o reactivas según sea el caso”, respondió el secretario Álvarez a ZETA.
El secretario general de Gobierno explicó que la última semana de enero tendrán otra reunión y en febrero se presentará la primera propuesta de protocolo. “Y el tercer acuerdo que establecemos individualmente es facilitar los mecanismos de comunicación tanto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana como con la Fiscalía y la Secretaría General de Gobierno, para que pudiéramos conocer cualquier situación de riesgo”, dijo.
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David Jesús RIncón Reyes, presidente de la Fedabo dijo “esperemos que una vez que entre en funciones el protocolo se desenvuelva de manera correcta y que de la protección que estamos esperando”.
El prestigio de sus clientes es una de las causas que pone en riesgo la vida de los abogados, tal como lo reconoció Jorge Cristian Ramírez, presidente del colegio de abogados “Ignacio Burgoa Orihuela”, que dijo “el compromiso con nuestros clientes pero no sabemos a quién vamos defender, a quién vamos a demandar ni que intereses vamos a afectar. En ese orden de ideas… que les quede muy claro, no estamos viniendo aquí por la sociedad en general; estamos viniendo aquí por un protocolo por la seguridad personal de los abogados”.
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“Al final del día, no nada más, el protocolo es a favor de los que litigamos, de los justiciables y demás. Si no que al final del día también es a favor de la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que más saldría perjudicada al reprimirnos y desarrollar nuestro trabajo”, agregó Martín Javier González Cruz, presidente de Asociación de Abogados “Ignacio Luis Vallarta” en Tecate.
“Y dejando a un lado las diferencias de logos y principios, de los mismos protocolos o estatutos internos de los colegios; lo que nos rige aquí es la Constitución, para acabar pronto”, puntualizó Rafael Maurizio Cruzmanjarrez, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.
Pleito entre abogados que exigen protección ante violencia
Los representantes de dos asociaciones de abogados se enfrentaron previo a la reunión con el Gobierno del Estado para exigir protección luego del homicidio contra 15 litigantes en Baja California.
A palabras hubo roce e incomodidad entre Jorge Cristian Ramírez, presidente del colegio de abogados “Ignacio Burgoa Orihuela” que encaró al abogado Rafael Maurizio Cruzmanjarrez, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.
Lo que priorizaba Ramírez fue dejar en claro que el protocolo para abogados, solo es para litigantes y no para la ciudadanía en general.
Una precisión que dejó en claro la división entre las organizaciones de abogados en Tijuana, en la que ambos se acusaron de protagonismo y que dejó vulnerables a los abogados antes de ingresar a la reunión en el Centro de Gobierno del Zócalo 11 de Julio.
