Este jueves 22 de enero, la diputada Michelle Sánchez Allende presentó la Ley Antigolondrinas, a fin de que existan castigos con sanciones severas e incluso penas de cárcel para aquellas empresas que desaparezcan sin previo aviso en Baja California.
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Sánchez Allende, quien es la inicialista de dicha modificación a la normatividad estatal, mencionó que el objetivo principal de la reforma es proteger a los trabajadores que quedan vulnerables cuando las empresas deciden cerrar operaciones sin previo aviso e irse del estado. Específicamente, señaló que, a pesar de que las empresas realicen cualquier alternativa para evitar el pago u otorgamiento de prestaciones a los empleados, estas siguen siendo responsables y, de no acatar lo establecido en la ley, podrán ser sancionadas.
“A lo que pudimos llegar es que toda persona patrona que dolosamente realice conductas consistentes en cerrar operaciones, en cambiar de domicilio, en impedir el acceso al lugar a los trabajadores y que esta no les haya notificado, que no les haya cubierto su salario, sus primas, aguinaldos y demás; mientras se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores o a sus empleados, su giro a lo que se dedican, aunque cambien de persona física sigue siendo responsable”.
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Asimismo, la iniciativa también busca intensificar las sanciones para aquellas personas que ejerzan acoso laboral, siendo acreedoras a una pena de seis meses a tres años de prisión o una sanción de hasta 500 UMAS. De acuerdo con la legisladora, estos criterios aplican para todos los miembros de la empresa, ya sean trabajadores, supervisores o dueños de la misma.
Reconoció que, debido a que se trata de un nuevo delito, no se pueden implementar penas más altas; sin embargo, espera que, conforme pase el tiempo, se puedan impulsar reformas para reforzar la ley en contra de las empresas golondrinas.
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Cabe destacar que, de 2023 a la fecha, se han detectado 25 empresas golondrinas en Baja California.
