Órgano de Administración justifica camionetas “machuchonas” de ministros por ‘seguridad’

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) justificó, el 23 de enero de 2026, la compra de las camionetas de lujo blindadas, de más de tres millones de pesos, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que hubo varios incidentes de seguridad y tenía una obligación institucional de garantizarles su protección.

En un comunicado difundido cerca de la media noche, el OAJ señaló que las unidades del parque vehicular heredado por la anterior administración del Poder Judicial de la Federación (PJF) ya no les garantizaban la seguridad a los integrantes del máximo tribunal del país. “En el caso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el OAJ tuvo conocimiento de diversos incidentes de seguridad, derivados del uso de unidades que ya no ofrecían condiciones adecuadas de protección para sus usuarios”, indicó.

Publicidad

“Esto hizo evidente la necesidad inmediata de contar con vehículos confiables, en condiciones óptimas y técnicamente adecuados. La decisión responde, por tanto, a la obligación institucional de no operar con riesgos previsibles y de garantizar condiciones de protección para dichos usuarios en el ejercicio de funciones constitucionales de la más alta relevancia, particularmente en los niveles de jerarquía que así lo requieren en la SCJN”, agregó.

El OAJ aseguró que el PJF en su conjunto se ahorró mil 98 millones de pesos en la adquisición de un nuevo parque vehicular de 571 unidades, dinero que equivale al 68.8 por ciento gastado en un solo año de arrendamiento en la administración pasada. El órgano judicial reiteró lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en respuesta a los cuestionamientos por los vehículos de los ministros, señaló en su conferencia matutina que el PJF se había ahorrado más de mil millones de pesos en la compra de los automotores.

Publicidad

“Entre 2022 y 2025, el entonces Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del PJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 automóviles. Mantener el modelo de arrendamiento anterior en esta nueva etapa del PJF habría implicado un gasto de 366.2 millones de pesos por año, con contratos de al menos tres años de vigencia”, informó el órgano judicial. “Ante este escenario, se optó por una inversión de 252 millones de pesos en el último trimestre de 2025 para la adquisición de 571 vehículos de distintos tipos, que cubrirán a partir de 2026 las necesidades de movilidad del OAJ, la SCJN y el TEPJF. Esta inversión equivale al 68.8 por ciento del costo de un solo año de arrendamiento, e implica un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos en los años 2026 al 2028”, añadió.

Agregó que 124 de las unidades adquiridas son híbridas o eléctricas, lo que permitirá reducir aproximadamente en un 30 por ciento el gasto en combustible, además de disminuir el impacto ambiental. Respecto al mantenimiento, indicó que los costos se reducirán en al menos un 70 por ciento en comparación con los modelos anteriores que presentaba fallas recurrentes, altos consumos de combustible y largos tiempos de espera en talleres, lo que afectaba la operación cotidiana.

Agregó que otra de las ventajas es que la adquisición permite que los vehículos puedan venderse a valor de mercado al concluir su vida útil y no como chatarra, como ocurría bajo el modelo de arrendamiento anterior, donde las unidades regresaban al arrendador sin generar ningún beneficio adicional.

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la reforma al Poder Judicial con los supuestos excesos que cometían los ministros de la anterior integración de la SCJN, entre ellos, el uso de camionetas “machuchonas”, término con el que se refería a los vehículos de alta gama y lujo que adquirían, con dinero del máximo tribunal constitucional, para ser trasladados. Durante su gobierno, López Obrador enlistó el 10 de mayo de 2023, durante una conferencia de prensa matutina, los “40 privilegios” de los ministros de la Corte, entre ellos el uso de dos vehículos blindados, tipo Suburban, con valor acumulado de seis millones de pesos que se renovaban cada dos años, así como apoyos para gasolina por 22 mil pesos al mes.

El entonces mandatario federal argumentó que dichos gastos contradecían la Ley Federal de Austeridad Republicana y el artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. “No hay camionetas blindadas, no hay viajes al extranjero sin ton, ni son y hemos logrado ahorrar bastante”, declaró López Obrador en mayo de 2023, al contrastar su administración con los privilegios del Poder Judicial. El exmandatario federal utilizó en reiteradas ocasiones el término “camionetas machuchonas” para simbolizar el dispendio que buscaba erradicar con la reforma al Poder Judicial, la cual fue aprobada en septiembre de 2024 e incluyó la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

Sheinbaum Pardo declaró, el 23 de enero de 2026, que la adquisición de nueve camionetas blindadas para ministros de la SCJN representó un ahorro superior a mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, tras sustituir un contrato de arrendamiento de vehículos por la compra directa de las unidades. Durante la conferencia matutina realizada en Veracruz, la mandataria nacional explicó que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) solicitó información al OAJ respecto a la adquisición de los vehículos blindados tipo Jeep Grand Cherokee, cuya compra se reveló públicamente el 22 de enero del mismo mes y año.

“Había un contrato de renta de vehículos, decidieron modificarlo por la compra y con ello se ahorraron más de mil millones de pesos”, declaró Sheinbaum Pardo desde la entidad veracruzana. La titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que el máximo tribunal deberá transparentar los detalles de la adquisición, incluyendo las razones de seguridad que motivaron la renovación del parque vehicular. Cuando se le cuestionó respecto a si la compra respondió a alguna amenaza específica contra los ministros, la presidenta de la República respondió que “todo ello tiene que informarlo la Corte”, reiterando que su administración únicamente proporcionó la información recibida a través de canales institucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó mediante un comunicado emitido el 22 de enero de 2026 la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee para cada uno de los ministros que integran el pleno del máximo tribunal. Según la tarjeta informativa difundida por la institución, la decisión de renovar la flotilla vehicular se sustentó en opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, las cuales concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad.

“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”, señaló el órgano jurisdiccional en su comunicado. La Corte enfatizó que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a consideraciones discrecionales. El máximo tribunal explicó que la renovación se realizó en apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, que establece que este tipo de vehículos deben renovarse periódicamente cada cuatro años o antes cuando las condiciones del automotor no sean seguras.

Los vehículos anteriores correspondían a modelos 2019 y 2020, cuyas condiciones, según evaluaciones técnicas, comprometían la operación y la seguridad institucional. La SCJN aseguró que la adquisición de las nuevas camionetas se llevó a cabo de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el propósito de no generar un gasto adicional para la institución. “La SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función”, sostuvo el comunicado oficial.

Según información difundida en diversos espacios informativos, las camionetas adquiridas corresponden al modelo Jeep Grand Cherokee 4xe Summit 2026, vehículo híbrido enchufable cuyo valor comercial sin blindaje se ubica en un rango aproximado que va de un millón 69 mil 900 pesos a un millón 777 mil 900 pesos, según precios de referencia del mercado automotriz en México. Versiones periodísticas reportaron que las camionetas estarían blindadas con nivel 5, especificación que incrementa de forma considerable el precio final de cada unidad hasta superar los tres millones de pesos. Empresas especializadas en blindaje en México señalan que el costo de blindar una camioneta con nivel 5 puede agregar alrededor de entre un millón 500 mil y dos millones de pesos adicionales al valor base del vehículo, dependiendo del proveedor y las especificaciones técnicas.

El modelo Jeep Grand Cherokee 4xe Summit 2026 es un vehículo híbrido enchufable que combina propulsión eléctrica y de combustión interna, con autonomía eléctrica cercana a 40 kilómetros y transmisión automática de ocho velocidades. La camioneta incluye sistema de tracción 4×4, múltiples bolsas de aire, sistemas avanzados de asistencia a la conducción y cámara de 360 grados. El comunicado de la SCJN no detalló el modelo específico de las camionetas ni el monto total de la inversión realizada. La institución tampoco especificó el nivel de blindaje instalado en las unidades ni el proveedor seleccionado para la adquisición.

Las camionetas fueron asignadas a los nueve ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la primera elección judicial realizada el 1 de junio de 2025, proceso en el que la ciudadanía mexicana eligió por voto popular a los integrantes del máximo tribunal constitucional. El pleno se conforma por cinco ministras y cuatro ministros, quienes tomaron protesta el 1 de septiembre de 2025. Las ministras electas son Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra. Los ministros electos son Hugo Aguilar Ortiz, quien obtuvo la mayor cantidad de votos y asumió la presidencia de la SCJN, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.

Hugo Aguilar Ortiz, originario de Oaxaca y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, resultó electo presidente del máximo tribunal para el periodo 2025-2027. Batres Guadarrama, quien ya se desempeñaba como ministra desde diciembre de 2023 por designación directa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue ratificada en el cargo mediante sufragio. Esquivel Mossa, ministra desde marzo de 2019 tras ser propuesta por López Obrador y ratificada por el Senado de la República, cuenta con trayectoria de varias décadas en el servicio público y se desempeñó como presidenta de la Segunda Sala de la SCJN. Ortiz Ahlf, designada ministra en diciembre de 2021 por el Senado a propuesta del exmandatario federal, es doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

Ríos González fungió como consejera jurídica del Ejecutivo Federal durante el gobierno de López Obrador entre 2021 y 2024, periodo en el que participó en la elaboración de la reforma judicial que ordenó la renovación de todos los cargos del Poder Judicial mediante elección popular. Herrerías Guerra, abogada especialista en derecho penal, se desempeñó como fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) antes de su elección como ministra. Figueroa Mejía, originario de Tuxpan, Nayarit, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y se desempeñó como académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana, donde coordinó programas de posgrado en derechos humanos. Espinosa Betanzo ejerció como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, presidiendo una sección especializada en responsabilidades administrativas. Guerrero García, nacido en la Ciudad de México, es el ministro más joven del actual pleno. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se desempeñó como comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

La adquisición de las camionetas blindadas para los ministros generó cuestionamientos en distintos sectores respecto a una posible contradicción con el discurso de austeridad impulsado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la administración de Sheinbaum Pardo. Diversos análisis públicos destacaron la asignación de vehículos de alta gama a funcionarios del Poder Judicial que fueron electos mediante voto popular bajo la promesa de transformar el sistema de justicia y acercarlo a la ciudadanía.

Durante su primer discurso como presidente de la SCJN, el 1 de septiembre de 2025, Aguilar Ortiz afirmó que la nueva Corte impulsaría la eliminación de excesos administrativos y gastos superfluos, y que se reducirían los apoyos adicionales que recibían las ministras y ministros, manteniendo únicamente lo indispensable para el funcionamiento de la institución. La SCJN insistió en su comunicado que la decisión de renovar la flotilla vehicular no obedeció a consideraciones discrecionales, sino a criterios técnicos de seguridad institucional. El máximo tribunal sostuvo que la medida busca proteger la integridad de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad, sin abandonar los principios de austeridad y gestión responsable de los recursos públicos.

Sheinbaum Pardo evitó emitir juicios respecto a la pertinencia de la compra y reiteró que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación transparentar la información y aclarar los detalles de la adquisición ante la opinión pública.