El diputado de Morena, Venustiano Pérez Sánchez, presentó una iniciativa ante la XVII Legislatura del Congreso del Estado, con la que busca que se establezca un procedimiento de suspensión en contra de trabajadores de la educación que estén siendo investigados formalmente por delitos cometidos en contra de menores de edad.
El legislador propone adicionar y reformar diversas disposiciones a la Ley de Educación de Baja California Sur, para que ante la sospecha o conocimiento de hechos o indicios de violencia sexual, maltrato o cualquier otra forma de violencia de los que tengan conocimiento en agravio de niños, niñas o adolescentes, el personal de los planteles tendrá la obligación de presentar una denuncia de forma inmediata y directa ante el Ministerio Público.
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La reforma de Venustiano Pérez, establecería que las denuncias ahora deberán realizar se de forma directa, sin sujetarse a procedimientos de mediación, investigación administrativa interna, actas de hechos o cualquier mecanismo que demore la activación de la acción penal.
Además agrega el siguiente párrafo al artículo 79 de la Ley de Educación de Baja California Sur:
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“Cuando las conductas de violencia y delitos sexuales, maltrato o cualquier otra forma de violencia en agravio de niños, niñas y adolescentes sean cometidas por personal directivo, docente y administrativo de los centros educativos de cualquier nivel que integran el sistema educativo estatal, así como quienes presten servicios en planteles con autorización o reconocimiento de validez oficial, serán suspendidos y separados de manera inmediata de la institución; hasta en tanto las autoridades de procuración e impartición de justicia realicen las diligencias para determinar la culpabilidad o inocencia del perpetrador de la conducta denunciada”.
De acuerdo con la titular de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEPBCS), Alicia Meza Osuna, cuentan con un protocolo en caso de que algún trabajador sea denunciado por delitos sexuales.
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Según ha informado previamente, más de 20 trabajadores han sido señalados. Cuando se registra una denuncia, son separados de sus cargos y enviados a áreas administrativas donde no tienen contacto con menores, mientras las autoridades resuelven los casos.
No obstante, el diputado de Morena advirtió con esta reforma la necesidad de que los protocolos de protección del alumnado queden establecidos en las leyes y no sólo en procedimientos administrativos de la SEPBCS.
La iniciativa fue enviada a comisiones, en donde se espera que sea dictaminada y presentada ante el pleno para su respectiva votación.
