Las empresas de Grupo Salinas concluyeron el 29 de enero de 2026 la totalidad de sus litigios fiscales con el Gobierno de México, mediante el pago de 32 mil millones de pesos en parcialidades, según informó el conglomerado empresarial encabezado por Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
El acuerdo puso fin a más de 20 años de controversias legales que mantuvieron enfrentadas a las empresas del magnate regiomontano con las autoridades fiscales mexicanas, en un proceso que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que derivó en múltiples resoluciones adversas para el grupo empresarial durante 2025.
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Según un comunicado difundido por Luciano Pascoe Rippey, titular de la Dirección General de Noticias y Comunicación de Grupo Salinas, las empresas acordaron liquidar sus adeudos fiscales “a pesar de estar en profundo desacuerdo” con los montos determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). “No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”, señaló el documento.
El pago total acordado ascendió a 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, de los cuales 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el 28 de enero de 2026, mientras que el monto restante —aproximadamente 21 mil 732 millones de pesos— se cubrirá mediante 18 pagos, informó el SAT.
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“Con este pago —que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024— habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”, afirmó Grupo Salinas en su comunicado del 29 de enero.
Reducción del adeudo original gracias a beneficios fiscales
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El monto final de 32 mil millones de pesos representa una reducción significativa respecto al adeudo original de 51 mil millones que el SAT había notificado formalmente el 15 de enero de 2026. La disminución se logró mediante la aplicación de beneficios contemplados en el Código Fiscal de la Federación, que permiten ajustes de hasta 39 por ciento dependiendo del orden y esquema de pago, cuando el contribuyente manifiesta voluntad de liquidar su adeudo.
Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, explicó el 19 de diciembre de 2025 que estos descuentos eran aplicables conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales, siempre que el contribuyente expresara su intención de pagar dentro del plazo legal de cinco días hábiles tras la notificación.
El plazo para que Grupo Salinas manifestara su deseo de cubrir el adeudo venció el 23 de enero de 2026. Sin embargo, representantes del conglomerado empresarial acudieron el 22 de enero —un día antes del vencimiento— ante el SAT para plantear su disposición a liquidar los impuestos adeudados, lo que permitió abrir un espacio legal para negociar los términos del pago y los beneficios fiscales aplicables.
“Sí, ellos se presentaron el jueves al Sistema de Administración Tributaria, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley”, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 26 de enero durante su conferencia de prensa matutina.
Dos décadas de litigios y resoluciones judiciales adversas
El origen del litigio se remonta a resoluciones administrativas emitidas por el SAT entre 2013 y 2018, mediante las cuales la autoridad fiscal determinó adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. El SAT argumentó que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas de Grupo Salinas para reducir su carga tributaria eran improcedentes.
Entre 2019 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que los adeudos determinados y confirmados por el SAT eran procedentes. Posteriormente, entre 2024 y 2025, los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación ratificaron las sentencias del TFJA, negando los amparos promovidos por las empresas.
El proceso judicial culminó en noviembre de 2025, cuando la SCJN desechó por unanimidad siete de los nueve amparos interpuestos por el equipo legal de Salinas Pliego contra el adeudo de créditos fiscales de sus empresas Elektra y TV Azteca, ordenando el pago de más de 50 mil millones de pesos. El 19 de noviembre de 2025, la Corte asestó un nuevo revés al empresario al determinar que Nueva Elektra del Milenio debería pagar otros 67 millones 165 mil 827 pesos por una deuda que data de 2012.
En su proyecto de resolución, la ministra Lenia Batres Guadarrama argumentó que el SAT sí cuenta con facultades para auditar directamente a sociedades controladoras bajo el esquema de consolidación fiscal, criterio que la mayoría de los ministros respaldó.
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, destacó durante la sesión del 13 de noviembre que “como es del dominio público este asunto fue ampliamente litigado, en particular se promovieron 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 solicitudes de facultad de atracción, dos conflictos competenciales”.
Posicionamiento político y acusaciones de persecución
A lo largo del proceso judicial, Salinas Pliego mantuvo una postura confrontativa con el Gobierno Federal y acusó reiteradamente a la Administración encabezada por Sheinbaum Pardo de orquestar una “persecución política” en su contra. El 13 de enero de 2026, el empresario acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expuso que era víctima de acoso sistemático por parte del Estado mexicano.
En diversos comunicados, Grupo Salinas sostuvo que la nueva integración de la SCJN —resultado de la reforma judicial aprobada en 2024— estaba “integrada por un grupo de ministros doblegados a la presión política y sumisos a los intereses de sus verdaderos jefes en el Poder Ejecutivo”. El conglomerado empresarial advirtió que iniciaría acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Por su parte, la presidenta Sheinbaum Pardo negó categóricamente que existiera persecución contra el empresario y subrayó que la resolución judicial era clara: la obligación de cumplir con el pago de las contribuciones omitidas. “Nosotros jamás vamos a hacer algo autoritario, algo que tenga que ver con hacer algo que está fuera de la ley, nunca, no haríamos nada de eso”, afirmó la mandataria nacional el 11 de noviembre de 2025.
El 26 de enero de 2026, Sheinbaum Pardo explicó que el caso se desarrollaba “estrictamente dentro del marco legal” y recordó que había sido expuesto públicamente por el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP). “Al plantear su deseo de pagar, entonces ahí se abre el espacio y esperamos que ocurra esta semana y (saber) cómo van a pagar”, indicó la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien adelantó que el asunto “esta misma semana tiene que quedar resuelto”.
Histórico de pagos e impacto del litigio
Grupo Salinas afirmó en su comunicado del 29 de enero que “en los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México”.
El conglomerado empresarial reiteró que tanto Grupo Salinas como su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, “cumplen —y siempre han cumplido— con el pago de impuestos”.
Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, explicó el 19 de diciembre de 2025 que el adeudo fiscal se derivaba principalmente del ISR, así como de actualizaciones, recargos y multas correspondientes a ejercicios fiscales de 2008 a 2015, relacionados con empresas del Grupo Salinas, entre ellas TV Azteca, Elektra y Nueva Elektra del Milenio. El funcionario federal recordó que el pago de impuestos es una obligación constitucional establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La presidenta Sheinbaum Pardo destacó el 19 de diciembre que los recursos recuperados podrían destinarse a ampliar programas sociales, como la Pensión para el Bienestar de las Mujeres o becas educativas, calificándolos como “montos muy significativos”.
Cierre de controversias y compromiso con México
En su mensaje a los mexicanos, Grupo Salinas refrendó su compromiso con el país y aseguró que continuará operando bajo los principios de legalidad y prosperidad incluyente. “Tengan la seguridad de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Grupo Salinas siempre serán aliados de México. Jamás dejaremos de hablar con la verdad, buscando recuperar para nuestra nación y para cada uno de los mexicanos la prosperidad que nos reinstale como un ejemplo de clase mundial”, señaló el comunicado firmado por Pascoe Rippey.
El conglomerado empresarial enfatizó que el pago acordado pone fin de manera definitiva a todas las controversias fiscales con el Gobierno de México, cerrando un capítulo de más de dos décadas de litigios que involucraron múltiples instancias judiciales y administrativas.
Sheinbaum Pardo aseguró el 26 de enero que el Gobierno Federal informaría públicamente una vez que quedaran definidos los términos finales del pago. Dos días después, el SAT confirmó que el primer pago de más de 10 mil millones de pesos ya había sido ingresado a la Tesorería de la Federación, mientras que el saldo restante se cubriría en 18 pagos subsecuentes.
El caso representa uno de los litigios fiscales más prolongados y de mayor cuantía en la historia reciente de México, involucrando a uno de los empresarios más prominentes del país y estableciendo precedentes sobre la aplicación de la consolidación fiscal y las facultades de auditoría del SAT.
