García Harfuch confirma traslado de 37 operadores criminales a Estados Unidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Omar Hamid García Harfuch, confirmó el 20 de enero de 2026 el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país. La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional.

A solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), el Gobierno Federal estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte para ninguno de los trasladados. Las 37 personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

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García Harfuch informó a través de su cuenta en la red social X que con este traslado ya suman 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes ya no podrán generar violencia en territorio mexicano.

El operativo se desarrolló durante la madrugada del 20 de enero de 2026, cuando elementos del Ejército, Guardia Nacional, SSPC Federal y la Secretaría de Marina (Semar) concentraron a un grupo de capos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, para después trasladarlos al Aeropuerto Internacional de Toluca.

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Aeronaves del Ejército, Guardia Nacional y de la Marina trasladaron a los criminales desde distintos penales del país. Habitantes del Valle de Toluca reportaron movimientos inusuales de helicópteros pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la madrugada. Un helicóptero ingresó al centro penitenciario de máxima seguridad en cuatro horarios específicos: 01:00, 06:30, 07:20 y 09:10 horas.

Fuentes federales reportaron el despliegue de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana en la zona centro del país desde las primeras horas de la madrugada. Numerosos reclusos del penal del Altiplano fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Toluca, donde alrededor del mediodía fueron entregados al Gobierno de Estados Unidos.

Usuarios en redes sociales compartieron videos de los sobrevuelos, captados con teléfonos celulares, en los que se observó el constante movimiento aéreo. Vecinos describieron estas actividades como operaciones anómalas que rompieron con la tranquilidad de la zona norte de Toluca. Videos difundidos por vecinos mostraron una aeronave militar realizando recorridos repetidos sobre la zona norte del Valle de Toluca, particularmente en las inmediaciones del penal federal del Altiplano, uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad del país.

Los abogados defensores no pudieron ingresar al penal del Altiplano durante el operativo, debido a que se encontraba sitiado por las autoridades federales.

Un avión Hércules C130 con matrícula FAM3611 despegó del aeropuerto Adolfo López Mateos, en Toluca, capital del Estado de México, alrededor del mediodía. Según información de medios locales, la cifra de reos trasladados se estimó en 40 personas, aunque el titular de la SSPC Federal confirmó oficialmente que fueron 37 operadores criminales.

Información preliminar sobre identidades pendiente

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades mexicanas no revelaron oficialmente la lista completa de las identidades de los 37 operadores criminales trasladados. Fuentes federales señalaron que la información sobre los nombres y alias de los criminales sería dada a conocer en las próximas horas, una vez que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirme la recepción y ubicación de todos los trasladados en territorio estadounidense.

La información preliminar sobre las identidades de los 37 criminales permanece bajo reserva por razones de seguridad operativa, según confirmaron fuentes cercanas al operativo consultadas por diversos medios de comunicación. Se sabe que desde el año pasado autoridades estadounidenses integraron una lista de criminales y sospechosos recluidos en México con cargos pendientes en Estados Unidos.

El operativo representa la tercera entrega masiva de criminales de alto perfil que el Gobierno de México realiza a Estados Unidos durante la administración de Sheinbaum Pardo, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Antecedentes de entregas masivas

La primera entrega masiva ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando el Gobierno Federal trasladó a 29 narcotraficantes requeridos por autoridades estadounidenses. Entre los nombres más conocidos se encontraban Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, exlíderes de Los Zetas; Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez; y Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La segunda entrega se registró el 12 de agosto de 2025, cuando México trasladó a 26 criminales a Estados Unidos. En esa ocasión, las autoridades estadounidenses confirmaron los nombres de los extraditados, entre quienes destacaron Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, líder de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes; Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios; Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, yerno de Ismael Zambada García, “El Mayo”; y Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”, operador del Cártel de Tijuana.

También fueron trasladados Kevin Gil Acosta, alias “El 200”, y Martín Zazueta Pérez, alias “El Piyi”, jefes de seguridad de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, vinculados con la protección de laboratorios y rutas de distribución de fentanilo.

Justificación del Gobierno Federal

García Harfuch explicó en febrero de 2025 que el traslado de los 29 delincuentes se realizó porque existía un riesgo de que algunos de esos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años.

El funcionario federal señaló en agosto de 2025 que los traslados se realizaron porque los criminales, aun privados de su libertad, continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas en los centros de detención. Estas personas mantenían operaciones criminales, amenazaban a funcionarios y extendían redes de corrupción e intimidación desde prisión, ordenando secuestros, extorsiones y homicidios.

El titular de la SSPC Federal justificó la urgencia de las operaciones argumentando que algunos de estos objetivos tenían acuerdos con jueces para ser liberados o retrasar indefinidamente sus procesos de extradición, lo que representaba un riesgo real de que obtuvieran su libertad mediante recursos legales y corrupción.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró en febrero de 2025 que el envío de criminales a Estados Unidos era un mensaje fundamental dirigido a toda la delincuencia que opera en contra de los dos países, señalando que no habría obstáculo legal para defender al pueblo. Indicó que el Gobierno Federal aplicó facultades de la Ley de Seguridad Nacional, y con base en la solicitud del Gobierno de Estados Unidos se realizó el traslado de 29 de los más relevantes narcotraficantes que estaban presos en el país y porque representaban un riesgo.

Gertz Manero señaló que el traslado de febrero de 2025 no representaría problemas jurídicos para el Gobierno de México, aunque no se respetaron las suspensiones que tenían algunos de los capos entregados porque esta operación se llevó a cabo con base en una solicitud de seguridad nacional que justificaron Estados Unidos. Agregó que en la Ley de Seguridad Nacional se establecen los parámetros por razones de estabilidad política tanto en México como en Estados Unidos.

Resultados de la estrategia de seguridad

En octubre de 2025, García Harfuch reportó que en el primer año de la administración de Sheinbaum Pardo se habían detenido a más de 34 mil personas vinculadas con delitos de alto impacto, entre las que se encontraban operadores importantes de organizaciones criminales y objetivos prioritarios que generaban altos niveles de violencia en distintas entidades del país relacionados con extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de drogas y armas.

El funcionario destacó que se aseguraron 17 mil 200 armas de fuego, lo que se tradujo en menos capacidad de fuerza para los grupos criminales. También se aseguraron 283 toneladas de droga, incluyendo más de tres millones de pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina destruyeron mil 564 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

En noviembre de 2025, el secretario de Seguridad actualizó las cifras a más de 37 mil personas detenidas por delitos de alto impacto y casi 300 toneladas de droga confiscadas en los primeros 13 meses de la actual administración. En ese periodo también se incautaron 18 mil 981 armas de fuego y más de cuatro millones de pastillas de fentanilo. El Ejército y la Marina desmantelaron mil 614 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representó una afectación económica de cientos de millones de pesos para la delincuencia organizada.

Para diciembre de 2025, García Harfuch señaló que las detenciones por delitos de alto impacto superaban las 38 mil 700 personas, con más de 20 mil armas aseguradas, más de 311 toneladas de drogas retiradas de las calles y mil 700 laboratorios clandestinos de metanfetamina desmantelados.

El titular de la SSPC Federal resaltó que la reducción en homicidios, en otros delitos de alto impacto y el decomiso de armas y drogas se lograron por la estrategia impulsada por la actual administración, de mejorar la inteligencia, fortalecer a la Guardia Nacional y mejorar la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y con los gobiernos estatales. Subrayó que el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 37 por ciento entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, lo que representa 32 asesinatos menos cada día.

Contexto bilateral

El traslado del 20 de enero de 2026 coincidió con el aniversario de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su campaña y administración ha presionado al Gobierno de México para tomar medidas contra el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, para evitar la implementación de aranceles sobre productos mexicanos.

La administración de Trump catalogó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, incluyendo al Cártel del Noreste, el CJNG y facciones del Cártel de Sinaloa.

En febrero de 2025, tras la primera entrega masiva de criminales, el Gabinete de Seguridad mexicano sostuvo una reunión en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés). En esa reunión, la delegación mexicana subrayó que toda colaboración en materia de seguridad se realizaría bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, cooperación sin subordinación y respeto a la soberanía.

Por parte de México, participaron el canciller Juan Ramón de la Fuente; García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Por parte de Estados Unidos, acompañaron a Rubio García el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la fiscal general, Pamela Bondi.

García Harfuch rechazó en febrero de 2025 que la entrega de los 29 delincuentes se realizara como negociación para que no se aplicaran aranceles a México, y añadió que el traslado se realizó sustentado en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución mexicana. También señaló que el Gobierno Federal cumplió lo que establece la Convención de Palermo, que hubo una solicitud fundada por parte del Gobierno de Estados Unidos y ese fue el motivo por el cual se detonó todo este procedimiento.

Con las tres entregas masivas realizadas durante la administración de Sheinbaum Pardo -29 criminales en febrero de 2025, 26 en agosto de 2025 y 37 en enero de 2026-, el Gobierno Federal ha trasladado a 92 operadores de organizaciones criminales de alto impacto a territorio estadounidense para que enfrenten procesos judiciales por delitos relacionados con la delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, homicidio y secuestro.