Ahora muchas personas se preguntan si la gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda, no se enteraba de los malos pasos en los que andaba su marido, el ex primer caballero del Estado, cuando estaban casados y que hace unos meses era enlace junto con su hermano, el ex director de Seguridad de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, y la célula de los Rusos del Cártel de Sinaloa para la comisión de delitos de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
Esta semana trascendió en un reportaje de NMás que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga y tiene en calidad de imputados por tales delitos a Carlos Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Mendivil, entre otros, que habrían participado de los actos delictivos que, se señaló en el reportaje y en la indagatoria de la FGR, les dejaban unos 150 mil dólares al mes.
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Carlos Torres Torres se ha convertido en el ex incómodo -o tóxico- para la gobernadora de Baja California, y por el cual ella ha debido de salir a hacer frente a sus problemas y acusaciones. Primero fue cuando le revocaron la visa a Torres. De esto, el ex encargado de proyectos especiales del Gobierno del Estado, y del Ayuntamiento de Tijuana, informó el 10 de mayo de 2025.
En sus redes sociales hizo una publicación en la que informaba de la revocación de su visa de turista para entrar a los Estados Unidos, acción que, dijo, le había sido notificada por autoridades consulares; algo que no era precisamente verdad, pues fuentes del gobierno estadounidense revelaron que, efectivamente, le quitaron la visa, y que esto sucedió un día de los últimos de abril, cuando intentó cruzar por la Garita de San Ysidro-Tijuana, y un oficial le retiró físicamente el documento de cruce fronterizo.
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Por supuesto, Torres Torres intentó hacerse el inocente y describir que la revocación de su visa se debía a “procedimientos administrativos”. Y pues no, tampoco fue ese el sustento; tan es así que ya le han negado la entrega de una nueva visa en meses recientes.
El caso es que la gobernadora fue la afectada principal de Torres. No sólo informó que a ella también le habían revocado la visa, sino que fue ella la que durante meses dio la cara frente a los gobernados y ciudadanos, tanto por su entonces esposo como por ella. Hoy día, Torres es su ex, pero sus acciones, problemas y acusaciones siguen haciendo mella en la mandataria estatal.
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Cuando se da a conocer por NMás que hay una investigación en la FGR contra Torres, el otro Torres y Mendivil, entre otros por narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas, el ex de Marina Ávila no da la cara de nueva cuenta. Decide, desde algún lugar de Baja California, de México o de alguna otra parte, emitir un escueto comunicado, en el cual -otra vez- se hace el inocente, diciendo que efectivamente hay una investigación en su contra, pero que se trata de dichos anónimos “y no de una investigación basada en hechos”, y que por tanto la FGR investiga por “procedimiento protocolario”. Dice, se trata de “calumnias anónimas”.
Como siempre, cierra sus comunicados con aquello de que no tiene nada que ocultar, y que espera que se esclarezca, sin él aportar un ápice de certeza o sustento a sus palabras. Y una vez más, quien tuvo que dar la cara en una conferencia de prensa y responder ahora por el ex incómodo, que no sale públicamente, fue la gobernadora Marina Ávila, quien confirmó la investigación de la FGR sobre su exmarido, y también que esperaba que todo se aclarara con la indagación oficial.
La realidad es que la clase morenista de Baja California está prácticamente toda denunciada, investigada, imputada o con visa revocada. Al ex primer caballero del Estado se le suman otros políticos del partido oficial, cuya toxicidad ya alcanza al movimiento que prometió no robar, no mentir y no traicionar, pero que, al menos en el Estado 29, es el más señalado y el más investigado.
También por delitos de crimen organizado la FGR investiga al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz (quien por cierto tampoco da la cara) y a varios de sus colaboradores e integrantes de su gabinete principal. Lo mismo al senador Armando Ayala, y al empresario Fernando Salgado, muy ligado a los políticos morenistas hoy indagados en México o en Estados Unidos, como la exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, insertada en una red de contrabando del Cártel de Sinaloa por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto a los empresarios Jesús García Lomelí y el siempre sospechoso -y una vez detenido- Candelario Arcega.
Además, a la gobernadora con visa revocada, se suma la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, y su esposo, a quienes les fue cancelada la visa para entrar a los Estados Unidos; a él de manera física, a ella en el sistema, pues su documento aun lo conserva. El alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, es otro con visa revocada; así como el diputado local Jaime Cantón, a quien le fue retirado el documento de cruce fronterizo en el Aeropuerto de Los Ángeles, el 8 de diciembre de 2025, cuando, dijo, llegaba ahí para acudir al partido de la NFL Chargers contra Eagles, que ciertamente se celebró ese día.
Luego, para abonarle a la toxicidad morenista en la entidad, elementos del CBP retuvieron hace unos días a la también diputada local, Alejandra Ang Hernández, y le encontraron 848 mil 250 pesos ocultos en una bolsa de papel café, que a su vez iba oculta bajo una chamarra. El dinero, por supuesto, dado que no lo declaró oficialmente, le fue confiscado y ahora tendrá que demostrar el origen lícito de los billetes que llevaba para que le sean devueltos.
Definitivamente, en la era morenista, Baja California se ha convertido en una zona de toxicidad política, escándalos relacionados con el crimen organizado, y un ex primer caballero investigado por narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas; algo realmente nunca antes visto en este lado del país.
