Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que el homicidio de su comandante operativo, Israel Ortiz Castillo, podría estar relacionado con el cateo realizado para aprehender al policía municipal Martín Ibarra Páez, existen indicios de que una célula del Cártel de Sinaloa (CDS) estaría involucrada en el ataque armado.
Con este crimen, Ortiz se suma a la lista de cinco agentes asesinados en los últimos años, como el de Hiram Rivera Lizárraga, Manuel Avendaño Rojas, Edmos Sánchez Lizárraga, Daniel Federico Villalvazo (adscrito a la Unidad Antisecuestros de Tijuana), así como Cristian Urías García, en San Quintín, y Cristian Armando Mouet Quiñonez.
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El asesinato ocurrió alrededor de las 22:55 horas del sábado 16 de enero, en la calle Faisanes, de la colonia La Joyita, en Ensenada. El comandante fue atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de su patrulla, recibiendo múltiples impactos de arma de fuego.
Tras el atentado, autoridades localizaron dos vehículos incendiados que obstruyendo un carril al final de la prolongación Ruiz, eran un automóvil Honda y un Hyundai Elantra.
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Desde el día del homicidio, la Fiscalía, en coordinación con corporaciones estatales y federales, ha ejecutado al menos 11 órdenes de cateo con el objetivo de localizar indicios que permitan dar con los responsables.
En uno de estos operativos fue asegurada una camioneta RAM color rojo, presuntamente utilizada para incendiar los vehículos empleados durante la agresión armada contra el agente.
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La versión oficial, expuesta por la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, señala que se investiga la posible relación del homicidio con el operativo en el que fue detenido el policía municipal Martín Ibarra, implicado en la desaparición de cinco personas en el Valle de Guadalupe, ocurrida en marzo de 2025. Durante este operativo que se llevó a cabo el 13 de enero, falleció el joven Erick Ibarra González, de 21 años de edad, hijo del agente municipal detenido.
En la versión oficial, esa noche el joven habría intentado sacar a su padre de un inmueble, ocultándolo en la cajuela de un vehículo mientras su hermana Karla conducía.
Los agentes participantes en el cateo argumentaron que Erick, quien viajaba como copiloto, los apuntó con un arma (que después resultó que era de juguete) y que por ese motivo dispararon con un arma de grueso calibre hacia la parte trasera del vehículo, impactándolo por la espalda.
En respuesta al crimen de Erick, la familia del joven aseguró que nunca existió un arma de juguete y denunció que ésta habría sido “sembrada” para justificar el homicidio.
De acuerdo con información contenida en el expediente, existen indicios de que Israel Ortiz presuntamente estaba alineado con el Cártel de Sinaloa y que tenía la obligación de informar sobre cualquier operativo realizado por la corporación, “sin excepción”.
Fuentes señalaron que, en su calidad de comandante, Ortiz estaba a cargo de la coordinación del grupo de localizaciones, el mismo que ejecutó el cateo la noche en que murió Erick Ibarra, hecho que habría detonado el asesinato del agente estatal.
Entre las evidencias que analiza el área de investigación se encuentran los últimos mensajes y comunicaciones de Ortiz, con el objetivo de establecer con quién tuvo contacto previo al ataque.
“Ese operativo se les salió de control. A la víctima le colocaron una pistola de plástico. El joven no llevaba nada”, afirmaron agentes de investigación consultados.
LA RELACIÓN CDS CON DESAPARECIDOS EN VALLE DE GUADALUPE
La noche de marzo de 2025, un grupo de policías municipales en el Valle de Guadalupe fue captado en videograbaciones, llegando en patrullas a un rancho ubicado en la intersección de las calles Tierra Santa y Monte Parnaso, camino hacia Los Olivares, en el Ejido El Porvenir.
Ahí, de acuerdo con información de la Dirección de Seguridad, los oficiales detuvieron a seis personas en posesión de armas y droga, presuntamente metanfetamina. Todos ellos fueron identificados como trabajadores provenientes de Sinaloa y Tijuana.
En este grupo, se encontraba el agente Martín Ibarra, quien no había sido detenido porque había tramitado amparos que lo protegían.
La situación se complicó porque cinco hombres que estaban dentro de la propiedad no fueron localizados: Rigoberto Rivera Rangel, de 22 años; Josué Fernando Tiznado Vidaca, de 19; Rubén Efrén Ray Ordaz, de 18; Juan Edgar Mayorga Pérez, de 29; y otro más no identificado.
Un mes después, oficiales de la FGE, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejecutaron más órdenes de aprehensión contra otros cuatro elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) que estaban a las órdenes del Cártel de Sinaloa.
Ellos son Ricardo Dávila, de 30 años, y Brayan Isaac, de 25; así como Misuky Jazmín Saray Wuinkler y su pareja sentimental, José Francisco Vea Terán. Todos fueron acusados por privación ilegal de la libertad.
LA DSPM TENÍA 20 AÑOS DE IMPUNIDAD
Sobre el fallecimiento del ciudadano Erick a manos de un oficial de la FGR, la Fiscal General, Ma. Elena Andrade Ramírez, respondió que en el momento en que uno de sus oficiales observa un arma, es imposible distinguir si es real o de utilería, lo que puede provocar una reacción inmediata.
También añadió que se registró la aceleración del vehículo con la intención de darse a la fuga, lo que motivó la actuación de los agentes.
La noche en que murió el menor, iban por el padre, un policía municipal quien estaba siendo investigado como sospechoso de la desaparición de seis jóvenes, algunos de ellos posiblemente menores de edad, de entre 18 y 20 años aproximadamente.
Ese día, dijo, se iba a realizar un cateo previamente solicitado, “ya que contábamos con información de que el imputado podría encontrarse en su domicilio, ubicado en una pensión”. Esta información data del año pasado (2025).
“De alguna manera, esta persona trató de evadir la acción de la justicia ocultándose en la cajuela de un vehículo particular. Al verse rodeados por los agentes que ya se encontraban listos para ingresar al domicilio, emprendieron la huida en el vehículo”.
“Durante estos hechos, el joven sacó lo que parecía ser un arma de fuego, la cual posteriormente se determinó que era un arma de utilería. Lamentablemente, en el desarrollo de la intervención falleció el joven, lo cual es un hecho profundamente lamentable”, enfatizó.
La titular de la corporación defendió el actuar de sus elementos, declarando que la investigación se está llevando a cabo de manera transparente y está a cargo del propio Órgano Interno de Control, con el objetivo de deslindar cualquier responsabilidad.
Agregó que es muy lamentable que una persona imputada por la desaparición de seis jóvenes haya tomado la decisión de poner por delante a sus hijos. “Como policías sabemos que en un operativo pueden presentarse múltiples situaciones, aun cuando se sigan los protocolos correspondientes”, señaló.
“Definitivamente fue un terrible error haber puesto a los hijos en riesgo”, advirtió. “Hay que considerar que existe evidencia de intervención en un rancho donde desaparecieron los jóvenes, al menos hasta donde lo permiten las investigaciones actuales”.
“Es inadmisible que un agente en funciones de la Policía Municipal o de cualquier corporación, utilizando patrullas oficiales y uniformes, participe en la desaparición de ciudadanos, de jóvenes o de personas de cualquier edad”.
“Actualmente llevamos la detención de ocho policías municipales, de un total de 12 identificados, que estaban en activo y trabajando, con evidencia de que prestaban apoyo a sicarios utilizando unidades oficiales. Tenía más de 20 años que no se intervenía una corporación policial de esta manera”, concluyó.
