Asociaciones civiles y colectivos en defensa de mujeres víctimas de violencia vicaria, señalaron omisiones por parte de autoridades estatales respecto a los procesos y a la situación legal de este delito en Baja California.
El lunes 24 de noviembre se presentaron los resultados del análisis de obstáculos y desafíos en el acceso a la justicia para víctimas de violencia vicaria en el estado, realizado por el colectivo Cesodi, Yehuani y la Red de Mujeres Unidas por BC. Como principal hallazgo, expusieron que, a pesar de haber sido tipificada la violencia vicaria en 2023, ningún caso ha llegado a sentencia en Baja California.
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De acuerdo con Elsa Jiménez Larios, presidenta de Yehuani, los resultados evidenciaron omisiones en el registro del delito por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), a pesar de que el artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece la participación y coordinación de autoridades municipales y estatales para implementar un sistema de información relacionado con la violencia vicaria, obligación que no ha sido cumplida.
“No podemos tener cifras, porque las cifras que tiene la fiscalía las clasifican como violencia familiar y no podemos saber específicamente cuántos casos hay, a pesar de que es una de las obligaciones que tienen marcada en ley. Esto es algo muy innovador porque no se dio en ningún otro estado que se obligara a que se tuvieran estas cifras”, resaltó.
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Jiménez agregó que las principales negligencias de la fiscalía son la catalogación de la denuncia negando aplicarla, como delito de violencia vicaria y colocándola en otro tipo penal y los procesos de peritaje, los cuales no cuentan con perspectiva de género.
Señaló también la ausencia y fallas en la aplicación de instrumentos científicos dirigidos a menores de edad por parte del área pericial, lo que ha derivado en afectaciones psicológicas y psiquiátricas en varios de ellos.
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“Las autoridades encargadas de proteger a los menores de edad han tenido una ausencia permanente en las investigaciones y procesos”, indicó.
Otro obstáculo recurrente que presentaron madres de familia fue lidiar con errores en la elaboración de los formatos de los dictámenes periciales, los cuales terminan siendo utilizados como un recurso para desechar dichas pruebas.
“Las madres nos compartieron los dictámenes que les fueron realizados por las áreas periciales de psicología, son dictámenes de formato, de machote. Muchos de ellos con errores, errores de dedo”.
Jiménez destacó además que, de los 135 casos analizados, ninguno ha sido atendido por los juzgados especializados en violencia contra la mujer. Añadió que, en la mayoría de los casos, las madres enfrentan desgaste económico y físico al atender los procesos legales por la vía familiar y penal.
El análisis también indicó que los agresores suelen ser apoyados por familiares cercanos y que, de manera recurrente, las agresiones surgen durante las visitas a los hijos.
Por su parte, Estefanía Plascencia, presidenta del colectivo Cesodi, señaló que otro patrón identificado es que los padres sustraen a sus hijos para llevarlos a Estados Unidos u otros estados del país, lo que complejiza la situación legal en varios casos.
