En Mexicali, la lucha por el agua y el manejo de la misma tiene un concepto diferente que en el resto de la entidad: desde el origen del nombre de los pueblos originarios, como los Cucapah (gente del río o del agua); el auge algodonero; el emporio político creado por agricultores a través del PRI; la lucha por el agua de 2016 por parte del colectivo Mexicali Resiste, primero contra el aumento del precio de los combustibles, y después contra la Ley de Aguas promovida por Francisco Vega de Lamadrid, el último gobernador panista; hasta la salida de la empresa Constellation Brands mediante consulta popular (ilegal, pero avalada políticamente).
En las últimas semanas se vivió una nueva lucha por el agua, pero en un contexto diferente: trabajadores del campo iniciaron protestas y bloqueos en carreteras y la garita comercial, para manifestarse contra la reforma a la Ley de Aguas promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum y avalada por la mayoría morenista del Congreso de la Unión.
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El decreto, que según el discurso oficial pretende otorgar certeza en las concesiones de agua y reorganizar la distribución del recurso hídrico para evitar su comercialización y convertirlo en un derecho humano, causó preocupación en representantes del sector primario, y aunque terminaron aprobando una propuesta “descafeinada”, las protestas continuaron en varias partes del país.
En Mexicali, un importante grupo de agricultores encabezados por Juan Carlos Fierro Yáñez y Horacio Gómez, salieron a las calles para tomar caminos, casetas de cobro como la de San Luis Río Colorado, y bloquear el acceso a la garita comercial de la Zona Este de Mexicali.
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Según el presidente de INDEX, Salvador Maese, la interrupción del flujo comercial durante tres días de protestas, generó pérdidas para el sector, que calculan en los 300 millones de dólares, al no haber comercio entre la industria mexicana con la de Estados Unidos por esta frontera.
El reclamo de los agricultores era simple: echar atrás la reforma de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tras varios intentos del Poder Ejecutivo local y el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Manuel Guerrero Luna, por persuadir a los usuarios de riego del Distrito 14, no fue hasta que el titular de Conagua, Efraín Morales, sostuvo reuniones con los agricultores, que se pudo tersar el conflicto; y después de una reunión de casi nueve horas, todo se resumió a un sólo problema: el Gobierno de México prohibirá la venta de agua agrícola a particulares y un número de ejidatarios desea continuar con la práctica.
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ESTADO INVIERTE 500 MDP EN SEIS AÑOS
Más allá de los detalles finos de la reforma a la Ley de Aguas, el centro de la problemática externada, tanto por agricultores como por el Ejecutivo, es la venta de agua. Y es que desde los años noventa, cuatro municipios de la Zona Costa de Baja California, principalmente Tijuana, requieren recurso hídrico proveniente del Río Colorado, que, desde la creación de las actas para la cesión de agua proveniente del Lago Mead, en Estados Unidos, México recibe mil 850 millones de metros cúbicos de recurso hídrico, de los cuales la mayoría se destina a la agricultura.
En total, la Capital bajacaliforniana requiere un estimado de 100 millones de metros cúbicos de agua anuales proveniente de dicho acuerdo, mientras que el municipio de Tijuana subsiste con al menos 160 millones de metros cúbicos. Sin embargo, este último municipio sólo obtiene la mitad, por lo que el Poder Ejecutivo estatal, a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), signa un convenio con los módulos de riego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 y 21, que conforman el Distrito de Riego 014, para ejercer una transferencia temporal de agua.
Cada año, el Gobierno del Estado acuerda con los líderes de dichos módulos un pago anticipado del 50 por ciento del monto, que se debe pagar antes del mes de febrero y el resto se eroga conforme a las necesidades de la Zona Costa del Estado.
De 2020 a la fecha, la demanda de agua ha crecido exponencialmente, pues en esa fecha se erogaron 59 millones 745 mil 563 pesos, dado que el metro cúbico de agua se pagaba en 1.13 pesos.
En 2021 la cifra incrementó a 73 millones 523 mil 433 pesos, con el mismo precio por metro cúbico; en 2022 la demanda de agua disminuyó ligeramente a un monto de 60 millones 727 mil 337 pesos.
A partir del 2023, los agricultores definieron un incremento del costo del recurso hídrico de 1.13 a 1.30 pesos por metro cúbico, con lo que, aunado al incremento de la demanda en Zona Costa, terminaron pagando 104 millones 676 mil 703 pesos por 80 millones 520 mil 541 metros cúbicos de agua adicionales. La demanda creció al año siguiente y el Poder Ejecutivo erogó 121 millones 015 mil 411 pesos para comprar 93 millones 068 mil 778 metros cúbicos del vital líquido.
Contando el 2025 (que hasta el mes de octubre se han erogado 107 millones 469 mil 643 pesos), Baja California ha destinado 527 millones 558 mil 089 pesos a 427 millones 958 mil 444 metros cúbicos de agua, hasta el último corte, derivado de los excedentes de agua.
Una petición de transparencia realizada por ZETA confirma los pagos millonarios que lleva a cabo la CESPT para cubrir con las necesidades de dicho organismo, donde se puede observar que algunas facturas superan los cuatro millones de pesos por módulo, mientras que otros rondan en los 600 mil pesos; no existe un patrón definido ni motivos específicos por los que se define específicamente determinado módulo, pero el pago por los mismos se puede cotejar en un total de 52 facturas.
Efraín Morales, director de la Conagua, encabezó una conferencia de prensa junto con la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, donde además hicieron frente otros funcionarios, como Víctor Amador Barragán, titular de la Secretaría del Agua (Seproa), y Alfredo Álvarez, de la Secretaría General de Gobierno; explicaron que a nivel nacional no existe una tasa para definir el monto del agua, sobre todo porque la que se destina para uso agrícola no cuenta con impuestos de ningún tipo. Es decir, los agricultores no pagan propiamente por cada metro cúbico de agua, bajo la justificación de que se utiliza como producción alimentaria.
Según estimaciones de los mismos funcionarios, de las 200 mil hectáreas con derechos de agua en la región, poco más de 30 mil no están produciendo alimentos, por lo que venden el recurso hídrico.
Según el padrón del Distrito 014, al que ZETA tuvo acceso, existe evidencia que hay entes que no utilizan el agua con fin de producción, como bancos, el Ayuntamiento de Mexicali y empresas desarrolladoras. Dicha agua no cubre impuestos.
La mandataria estatal aseveró que su gobierno hace acuerdo con los módulos de riego, pero no con los agricultores que específicamente ceden sus derechos de agua, por lo que desconocen cómo se reparte del recurso. Ante esta realidad, propusieron a los trabajadores del campo que ofrecieran un padrón específico de quienes ceden su agua, con el objetivo de determinar si tienen la capacidad de sembrar.
En caso de hacerlo, la indicación sería brindarles asistencia para que puedan reiniciar con la producción de alimentos; quienes no puedan por edad o cuestiones físicas, se les beneficiará con algún tipo de apoyo para que no queden desamparados.
AGRICULTORES BUSCAN COMPENSACIÓN
Luego de la reunión de ocho horas en la que estuvieron agricultores del Valle de Mexicali, San Quintín y Maneadero, junto con autoridades locales y federales, Juan Carlos Fierro Yáñez y Horacio Gómez, líderes del movimiento, coincidieron con el Poder Ejecutivo en que prácticamente todas las dudas sobre la Ley de Aguas fueron disipadas.
Agricultores podrán hacer transferencias agrícolas de recurso hídrico entre sí, se permitirá la herencia de concesiones y no habrá criminalización hacia los trabajadores del campo, Sin embargo, el único conflicto que sigue sin poder aclararse es la venta de agua.
Y es que la Ley es explícita al referir que es ilegal la venta de recurso hídrico, dado que es propiedad de la nación, y si un agricultor no la usa para sembrar, tendrá que ser retirada y entregada a Conagua para su reasignación.
Poco más de 30 mil hectáreas con derecho de agua se encuentran en esta situación y muchos de los concesionarios tiene varios años cediendo los derechos a industrias y gobierno.
“Lo único por lo cual nosotros no aceptamos es porque no queremos que se les ocasione un problema. Eso ya viene en la Ley; les quieren quitarles el volumen que no están utilizando, que por décadas se ha luchado para mantener esos derechos que en su momento se les dio con tierra y agua”, refirió Horacio Gómez, sobre las intenciones del Poder Ejecutivo Federal, a quien acusó de querer “chingar” a los agricultores. Sin embargo, comentó que se debe tener una garantía o consideración para aquellas personas que no pueden sembrar, por diversos factores, dado que la venta del vital líquido es su único ingreso.
“Lo que le planteamos a la gobernadora y Efraín Morales, es que se hiciera un arreglo estatal por parte de esta región, por el distrito, para poder proteger esos derechos que está cediendo los volúmenes, porque le comentamos que esa gente no tiene ese sustento, más que ceder ese volumen por aparte de los organismos operadores. No somos delincuentes; ni que estuviéramos haciendo negocio con el agua, porque el negocio lo hacen los organismos operadores”, refirió Juan Carlos Fierro Yáñez, quien reconoció que hubo mucha desinformación y que la mayoría de los planteamientos de la reforma no les van a afectar o podrán hacerse de otra manera.
Agregó que están analizando la situación de aquellos que venden el recurso hídrico a la industria y a residenciales, pues la ciudad ha crecido y muchas partes cuentan con permisos de agua agrícola pese a que son zonas habitacionales.
Iván Martínez Zazueta, activista e integrante de la Contraloría Social del Agua, señaló que había verdades por ambas partes, pues si bien la Ley pretende poner orden en el manejo de agua, el cual sigue siendo muy opaco, la realidad es que la política de los últimos 30 años del agua ha sido perjudicial para los agricultores, muchos de los cuales ven la venta de agua como una alternativa ante las condiciones desfavorables de la producción del sector primario.
Consideró que la protesta sirvió para visibilizar una problemática real sobre el abandono al campo y aseguró que la desconfianza de los agricultores hacia la Conagua es comprensible, dado que se ha manejado con opacidad y no siempre en favor de los agricultores. Como ejemplo, estableció el proceso de petición para el descanso de tierra en el Valle de Mexicali, mediante el cual, los agricultores cuyas tierras se ubican en zonas con tierras estresadas pueden hacerse de un beneficio económico, derivado de los 60 millones de dólares que entregó el Gobierno de Estados Unidos para la protección del Lago Mead, estipulado en el acta 330, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
En un principio la Conagua se negó a apoyar la propuesta que está establecida en el acta, dado que la dependencia federal pretendía usar ese dinero para infraestructura hídrica. Las protestas subsecuentes provocaron que se aceptara la propuesta; pero de poco más de 20 mil pesos que se les prometió inicialmente, el beneficio quedó en 16 mil pesos por hectárea para aquellos que busquen el descanso de tierra.
Ese monto es similar al que perciben los agricultores que venden el recurso hídrico a la Zona Costa, dado que -según el titular de Seproa- el Estado paga 13 mil pesos por hectárea.
Martínez Zazueta aseguró que colectivos nacionales consideraron que la Ley de Aguas no representa un cambio sustancial, principalmente, con los verdaderos acaparadores de agua, y tampoco impactará de manera positiva contra la sobreexplotación de la misma, por lo que la consideró insuficiente.
Sobre si la Zona Costa se verá afectada en tanto se reestructura la distribución de agua, afirmó que el Poder Ejecutivo Federal encontrará mecanismos rápidamente para subsanar esta situación. Sin embargo, aseguró que para el Estado representará un costo menor solicitar los permisos de agua a la Federación que adquirirla mediante los módulos de riego.
El día de hoy, viernes 12 de diciembre, agricultores y autoridades realizarán la que parece será la última reunión en el tema, pues pretenden aclarar el último punto en discordia: la venta de agua.
