Una semana complicada vivieron los afines al debilitado proyecto político del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, en los tribunales de Baja California, donde la justicia administrativa y penal emitió dos determinaciones que sacudieron al grupo enquistado en el Partido del Trabajo, aliado del oficialismo morenista a nivel nacional, pero que en esta entidad enfrenta un encono.
El mismo lunes 8 de diciembre, el exmandatario estatal fue inhabilitado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), por su participación en la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica. Ese mismo día, al otro lado de la ciudad, en el Centro de Justicia de Río Nuevo en Mexicali, el médico Alonso Pérez Rico, enfrentaba el proceso penal en el que se determinó su vinculación a proceso por el presunto quebranto al erario por 39 millones de pesos, mediante diversas licitaciones ejecutadas durante la pandemia.
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Pérez Rico, quien inicialmente aseguró que el caso no es más que una persecución política, se presentó junto a sus abogados para enfrentar el proceso penal iniciado por la actual administración de Marina del Pilar Avila Olmeda, apenas comenzada su gestión.
El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, notificó la irregularidad a la Secretaría de Honestidad, que presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Ahí se observaron presuntas anomalías en los procesos de licitación de nueve paquetes de compra, que en total representaban 39 millones de pesos en favor de la empresa Arsa Lab, radicada en Tijuana.
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Los contratos pueden ser localizados fácilmente en internet, donde diversas áreas de la Secretaría de Salud beneficiaron a la empresa con compras de distinta naturaleza.
Pérez Rico, por ser titular de la dependencia durante el periodo de pandemia, fue vinculado a las compras de medicamento junto con otros funcionarios de aquel entonces, como Gerardo Contreras Hernández, entonces director de Administración; el exdirector de la dependencia Roberto Alcántara Hernández; y el jefe de Recursos Materiales, Miguel Ángel Marín, quienes integraron el comité que llevó a cabo los procesos de adjudicación durante la emergencia provocada por la COVID-19.
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Cabe señalar que el médico y sus exfuncionarios se enteraron a través de los medios de comunicación de los procesos en su contra y semanas atrás acudieron a rendir declaración sobre el caso.
El próximo lunes 15 de diciembre se llevará a cabo otra audiencia sobre el mismo caso en el Centro de Justicia de Río Nuevo.
