La solicitud de una ampliación presupuestal que recibió el Congreso de Baja California, promovida por el Poder Judicial, destapó la cloaca construida entre los tres Poderes del Estado -afines todos a Morena- para burlar la reforma judicial que a nivel nacional promovió la Presidencia de la República para que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular y no por acuerdos cupulares o político-partidistas, justo lo que quieren hacer.
En la adecuación local de la reforma judicial promovida por el Gobierno Federal, se abrió la posibilidad que tanto el titular del Poder Ejecutivo, en este caso la gobernadora Marina Avila Olmeda como el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), tengan facultades de imposición libre de jueces y magistrados, ignorando por completo el espíritu de la norma promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Congreso de la Unión, cuyo objetivo era priorizar el voto popular para eliminar los acuerdos en lo “oscurito” en la designación de integrantes del Poder Judicial.
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Este septiembre el Poder Judicial envió una solicitud de ampliación presupuestal por 11 millones 142 mil 202 pesos para cubrir los gastos del funcionamiento de 11 nuevos juzgados que arrancarían operaciones antes de iniciar el 2026, de los cuales la mayoría recaería en Tijuana.
La propuesta permaneció poco más de un mes en la cancha del Poder Legislativo hasta que la diputada morenista Julia Andrea González llevó el tema a la Comisión de Hacienda, y sin mayores miramientos la aprobaron y turnaron al Pleno del Congreso, donde fue aprobada por 23 votos a favor, sin abstenciones ni rechazo. Todos los diputados de Morena avalaron la ampliación presupuestal, pero no cuestionaron respecto al método de selección.
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En la sesión del 6 de noviembre, el diputado panista Diego Echevarría, fue el único que cuestionó que el Poder Legislativo aprobara una ampliación presupuestal para imposición de jueces.
“El Poder Judicial va a contratar a 11 jueces que van a ser electos incongruentemente a lo que decían los de Morena, como se hacía antes; en una terna van a elegir a los 11 jueces de diferentes materias, laboral, penal y administrativa. Estamos de acuerdo que fortalezcamos el sistema de impartición de justicia, pero es incongruente la forma en que elegirán a los jueces; dicen las reformas aprobadas por ustedes que sí un juez electo deja su cargo se va a tener que suplir por otro juez en la competencia de la elección, pero también que los nuevos jueces estos sí los van a designar como se hacía antes”, recriminó el legislador, quien recibió una respuesta carente de fundamentos jurídicos por parte del diputado Juan Manuel Molina.
“En la elección judicial que vivimos se postularon el número de espacios juzgadoras que había en ese momento, el Poder Judicial a fechas recientes ha crecido conforme a las necesidades a quienes buscan justicia, que se dirima en su caso concreto y esta situación va a seguir, la necesidad creciente de personas juzgadoras”, sentenció este último, quien ha sido cinco veces diputado por diversos partidos políticos.
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SERVIRSE CON LA “CUCHARA GRANDE”
Para los tres abogados consultados por ZETA, Emiliano Reyna, Joel Abraham Blas Ramos y Héctor Ibarra Calvo, es complicado pensar que estos planteamientos emitidos por el Congreso de Baja California fueron un accidente. Para ellos, varios puntos de la reforma tienen intenciones muy claras, como el hecho que -a diferencia de la reforma judicial federal- en Baja California se le dotó de facultades a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda de enviar ternas al Congreso del Estado para designar plazas de magistrado de “nueva creación”, según el artículo 65 de la Constitución de Baja California; un elemento que no estaba contemplado anteriormente.
“Para ocupar los cargos de nueva creación de Magistraturas a que hace referencia el párrafo anterior, la gobernadora o gobernador del Estado someterá una terna a consideración del Congreso del Estado, el cual elegirá por el voto de la mayoría calificada de sus integrantes presentes a una persona para ejercer la vacante de nueva creación. Por lo que hace a los cargos de Juezas y Jueces, el Pleno del Tribunal de Justicia del Estado elegirá por el voto de la mayoría calificada de sus integrantes presentes a una persona para ejercer la vacante de nueva creación. Las personas propuestas en la terna deberán cumplir los requisitos de elegibilidad aplicables para Magistraturas, Juezas o Jueces, según sea el caso”.
Según el magistrado integrante de la comisión de Carrera Judicial del Consejo de Administración del Poder Judicial, Nelson Kim Salas, el esquema mediante el cual se llevará a cabo la selección de jueces es a través de la reglamentación existente desde antes de la reforma judicial y mediante una revisión de perfiles de las reservas del Poder Judicial.
Esto quiere decir que el magistrado Kim Salas, y su equipo de trabajo revisarán entre las reservas del Poder Judicial -y no de la lista de prelación de los candidatos que compitieron en el pasado proceso electoral- a los candidatos a jueces.
A mediados del mes de noviembre, el magistrado envió oficios a todos los que forman parte de la reserva del Poder Judicial para conocer los grados académicos y calificaciones de todos los que están en lista de espera, con la intención de revisar sus perfiles y presentarlos al TSJE, quienes definirán ternas para cada uno de los cargos a competir y elegirán mediante mayoría calificada.
Son un estimado de 100 abogados que forman parte de la reserva, entre funcionarios de carrera judicial y litigantes; serán separados por especialidades y ocuparán el cargo con todas las funciones y requisitos en tanto se lleva a cabo la próxima elección judicial.
“Si el día de hoy se elige a un juez laboral bajo ese esquema, ese juez va a estar en con el carácter, vamos a llamarlo así, provisional hasta el año 2033. Si ese juez es su interés el continuar, está obligado a participar en la elección y obviamente salir adelante”, refiere el togado, quien aseguró que ese fue el esquema que definió el Poder Legislativo y que al Judicial le corresponde cumplir con la Ley.
Según la Constitución local, el Consejo de Administración tendrá la facultad de, mediante estudios, solicitar la ampliación de cargos jurisdiccionales sin necesidad de llevar a cabo un proceso de votación, por lo que serían jueces y magistrados, con las mismas facultades y responsabilidades, al grado que tendrían pase directo a la boleta en 2033 y con la posibilidad de nuevamente ser reelectos para el cargo.
Y es que tenían varias opciones para designar jueces y magistrados que respetaran el voto popular, mediante el ascenso directo del candidato perdedor con mayor votación, pero decidieron elegirlo ellos.
REFORMA DE BC VIOLA EL ESPÍRITU DE LA NORMA
El diputado Juan Manuel Molina aseguró que, cuando se llevó a cabo la elección judicial, el Consejo de Administración no había informado de la necesidad de crear los nuevos 11 juzgados y señaló que tendrían que “resolver por mientras” las necesidades que se tienen en la impartición de justicia.
“No podemos decir que no a la justicia porque ahora cambias de opinión, porque ahora lo que está bien está mal; yo juzgué que van a favor por el tema de la justicia, pero colocar el tema de justicia del debate. Soy el primero que le pediría al Poder Judicial que para la designación hagan prevalecer la carrera judicial y la capacidad de las personas hay gente que son brillantes”, presumió el legislador, que aprovechó para sugerir que no irán a elecciones en cada necesidad de juzgadores por el costo que representa.
El abogado Emiliano Reyna, integrante del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados, refirió que “el artículo 94 de la Constitución Federal ordena que todos los jueces lleguen a su cargo mediante concursos abiertos que terminen en elección popular, siguiendo las reglas del artículo 96 del mismo ordenamiento jurídico, artículo que no deja lugar a dudas al utilizar un lenguaje imperativo al establecer que los jueces ‘serán elegidos’ mediante voto directo de los ciudadanos. No dice ‘podrán ser elegidos’ o ‘preferentemente serán elegidos’. Dice ‘serán elegidos’. Es una orden constitucional, no una opción”, refiere el letrado, quien agregó que la Constitución local fue adecuada para crear un nuevo método de selección que contraviene por completo con el espíritu de la norma, que es el voto de la ciudadanía.
“Considero que la Constitución Federal es clara: o hay elección popular, o no hay designación válida. No existen jueces ‘provisionales’ ni ‘interinos que puedan saltarse este mandato democrático”, sentenció.
Por su parte, el jurista Héctor Ibarra Calvo, recriminó que el Poder Legislativo y judicial no consideraran estos nuevos 11 espacios para la elección judicial, dado que los “estudios” que justifican la ampliación de juzgados toman meses o hasta más de un año.
Agregó que intentan crear una laguna legal para poder designar de manera directa a los jueces, cuando había mecanismos establecidos en la Constitución Federal para suplir las vacantes.
“La gran pregunta es por qué la fórmula del (artículo) 98 de la Constitución Federal que fue objeto de debate público, discusión y que supuestamente va acorde con el espíritu de la 4T; por qué en la reforma local no siguieron esa ruta o fórmula y por qué en lugar el legislador; y por qué el legislador, en lugar de seguir, por qué plasmaron un proceso de designación de nuevo, que supuestamente deberían combatir”, recriminó el ex regidor.
Y es que, comentó, los diputados de Morena justificaron la necesidad de una reforma judicial para otorgarle el poder a la ciudadanía para elegir a quienes imparten justicia, pero ahora que pasó la elección pretenden usar el método que tanto criticaron para imponer a los nuevos togados.
Efectivamente, Molina lo justificó así: “Por la necesidad del servicio para atender las necesidades de la ciudadanía, no estaríamos acudiendo a elecciones por costo que lleva esto, sino que se iba a dotar este sistema; (si) no lo hacemos y no le damos personas juzgadoras, ¿que sigan los familiares con dos mil asuntos? Entonces nos vamos a quejar de que hay rezago”.
“Lo que se planteó, en tanto se dé el siguiente espacio de elección judicial, pues ya se irán a le elección judicial, elección ordinaria, pero tenemos que resolver por mientras… Yo espero y exijo en lo correcto, y que se le considere primariamente a la gente con carrera judicial en estos espacios que nos están pidiendo para que ellos lo ejecuten. Que busquen que sean capaces y que tengan una justicia humana”.
El abogado electoral, Joel Abraham Blas, criticó que los diputados de Morena de Baja California dijeron que el proceso sería por elección, pero ahora también “los puedes crear”, por lo que -consideró- la ley vigente deja en vulnerabilidad a los jueces que no estuvieron en las candidaturas comunes, pues quedaron fuera por falta de espacios, pero ahora ya existen esos lugares.
Y es que el artículo 98, referido por el propio Ibarra Calvo, establece que las faltas de los jueces, magistrados y ministros -a nivel federal- serán cubiertas por “la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo; en caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación. El Senado de la República tomará protesta a la persona sustituta para desempeñarse por el periodo que reste al encargo”.
Bajo el argumento de que no se trata de una “ausencia” sino de nueva creación, el Poder Legislativo y Judicial pretenden burlar la ley para designar por su cuenta a los jueces y magistrados.
A esto se le suma que el artículo 116 de la Constitución Federal dice lo siguiente:
“Las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales se realizarán conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación en lo que resulte aplicable, estableciendo mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios de evaluación y selección que garanticen la participación de personas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes profesionales y académicos en el ejercicio de la actividad jurídica”, lo cual parece discrepar con la reforma realizada por el Legislativo.
Como si no fuera suficiente, la solicitud de ampliación presupuestal que recibió el Poder Legislativo confirma que los privilegios no se acabaron, dado que los jueces recibirán, además de su salario, derechos como gastos médicos mayores y menores (en lugar de Issstecali) y seguro de vida, pagados por el erario bajacaliforniano.
Por su parte, el Instituto Estatal Electoral (IEE), a través de su presidente Luis Alberto Hernández Morales, consideró legal el mecanismo, dado que está plasmado en la Constitución local, y reiteró que la idea es que la próxima elección judicial sea hasta el 2033, por lo que los nuevos jueces durarían este periodo y entrarían directamente a la boleta.
Confirmó que ni el Poder Judicial ni Legislativo lo han convocado para conocer opinión o una elección extraordinaria.
