La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre el fondo penal de la investigación contra María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por la presunta obtención irregular de una pensión vitalicia de PEMEX, y remitió el tema a la Fiscalía General de la República (FGR).
El 15 de diciembre de 2025, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria nacional recordó que el caso fue expuesto públicamente durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que la atención del asunto corresponde a la autoridad ministerial.
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“Fue un caso que se hizo público con el Presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo obtiene la pensión, pero ya la parte de la Fiscalía, pues yo se la dejaría a la Fiscalía para que en todo caso ellos o la propia Fiscal, o quien correspondiera, explicara por qué es la denuncia penal cuando se presentó y el citatorio que creo que hicieron”, declaró Sheinbaum Pardo.
La titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que el caso puede recordarse por la forma en que se otorgó la pensión tras la muerte del esposo de Casar Pérez, pero insistió en que no le corresponde opinar sobre la investigación en curso ni sobre posibles responsabilidades penales. “La parte penal sí se la dejaría a la Fiscalía”, reiteró.
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El pronunciamiento se produjo luego de que Diana Selene Medina Hernández, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, cancelara la audiencia en la que la presidenta de MCCI sería imputada el 16 de diciembre de 2025.
La juzgadora determinó que el caso debe ser atendido por un juzgador del Reclusorio Norte, debido a que la FGR solicitó previamente en ese centro la autorización para realizar actos de investigación. Por esa razón, ordenó devolver la solicitud de audiencia a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja, para que eventualmente solicite una nueva fecha para la diligencia de imputación.
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“Se ordena devolver la solicitud de audiencia inicial a la Fiscalía; en la inteligencia que se dejan a salvo sus derechos para que la presente ante la autoridad que conoció los hechos por los que se instruye la investigación”, acordó Medina Hernández.
Según el expediente, las dos técnicas previas de investigación fueron resueltas en 2024 por el entonces juez Gerardo Alarcón López. Una consistió en una audiencia celebrada el 28 de junio del mismo año para ratificar el ingreso a un lugar sin autorización judicial, mientras que la otra fue una orden librada el 13 de septiembre del mismo año para intervenir comunicaciones privadas y extraer información de un dispositivo electrónico.
